El impuesto que distrae

La frase de Marcelo Abdala -"gravar al 1% más rico para combatir la pobreza infantil"- es un ejemplo clásico de simplificación política: una consigna emocional que sustituye un diagnóstico serio. Es un planteo intelectualmente pobre y políticamente cómodo. Un atajo discursivo que evita la pregunta central: ¿por qué un Estado que no recauda poco obtiene resultados tan pobres?

Uruguay ya se ubica entre los países con mayor presión fiscal de América Latina (CEPAL, Panorama Fiscal, 2023), con un sistema progresivo según estándares regionales. Proponer aumentar la recaudación mediante nuevos impuestos, cuando la presión fiscal ya es elevada y el contribuyente percibe lo poco que recibe a cambio, no solo es imprudente: es una forma de eludir el debate que importa. Es más fácil pedir más dinero que revisar la eficacia del gasto. La propuesta, además, es técnicamente insostenible. No hay un solo dato sobre su efecto en los incentivos económicos, en la inversión o en la formalidad del empleo. No se explicita cuánto rendiría, qué elasticidades se asumen, qué impacto tendría sobre la base imponible o qué recaudación neta puede esperarse. Es una política tributaria sin números, sin modelización y sin responsabilidad.

La evidencia es clara: los impuestos solo reducen pobreza si se transforman en transferencias o servicios eficientes, focalizados y bien ejecutados. Nada de eso aparece en la consigna. Peor aún: la discusión ignora aprendizajes internacionales robustos que muestran que, a partir de cierto nivel de presión fiscal, cada punto adicional recaudado exige un esfuerzo creciente, genera menor rendimiento marginal y suele introducir distorsiones que terminan afectando la base imponible. En otras palabras: recaudar más no es gratis y, mucho menos, automático.

Se omite una premisa básica, casi de sentido común: la tarea no empieza por recaudar más, sino por dejar de despilfarrar. Y eso requiere cirugía mayor: recortar lo superfluo, eliminar lo redundante, profesionalizar lo improvisado. Supone revisar el gasto con lupa, cerrar programas que no rinden cuentas y eliminar solapamientos institucionales que solo engordan la burocracia. Lo que falta no es dinero, sino una discusión pública honesta sobre el destino del gasto.

Uruguay es uno de los países con mayor presión fiscal de la región y con un sistema impositivo progresivo. A pesar de ello, la pobreza infantil se mantiene alta. La literatura en políticas públicas coincide en que cuando el aumento del gasto no produce mejoras, las causas suelen estar en el diseño institucional deficiente, la superposición de programas, la mala asignación de recursos, la falta de focalización efectiva y la baja capacidad de gestión. Son problemas estructurales, no contables; de gestión, no de recaudación.

Eso es lo que debería discutirse. Lo demás es ruido.

Y aquí está el nudo del asunto: un país no puede construir soluciones duraderas si prefiere atajos retóricos a debates incómodos. La responsabilidad política empieza por decir la verdad, aunque no rinda aplausos rápidos: Uruguay no necesita más impuestos; necesita mejores políticas, más profesionalismo y un compromiso real con la eficiencia del Estado. Lo otro es populismo tributario. Un espejismo que, cada vez que reaparece, posterga lo urgente: gestionar bien.