Maduró la crisis

Venezuela es una dictadura, y hay que repetirlo sin ambigüedades . La reciente condena de una ciudadana a 30 años de prisión por compartir un mensaje crítico en WhatsApp reveló, una vez más, la esencia del régimen de Nicolás Maduro: un Estado que reprime de forma sistemática a su pueblo. No es un hecho aislado; es parte de un patrón que incluye desapariciones forzadas, persecución política y el cierre de todo espacio democrático. Ese deterioro ha tenido profundas repercusiones en Colombia. Durante 20 años, grupos armados colombianos han encontrado allí refugio para operar. También ha sido evidente su coordinación con gobiernos autoritarios que buscan influir en la política regional. Para Colombia, la frontera se convirtió en un corredor de rutas ilegales y un santuario para organizaciones criminales. Conviene recordar que Venezuela fue nuestro principal socio comercial. El intercambio superó los US$7.000 millones. Hoy, lo que fluye por la frontera son economías ilícitas, armas, migración forzada y estructuras criminales que operan sin control. La caída del vecino no solo destruyó su propio tejido productivo; también dejó a Colombia sin uno de sus mercados más dinámicos y abrió espacio para actividades que no reconocen fronteras. Mientras señalamos a Venezuela, en Colombia hemos permitido que las economías ilegales se expandan como nunca. Se estima que el narcotráfico representa entre el 2% y el 4% del PIB, un peso mucho mayor al observado en los años noventa. Estas rentas infiltradas en comercio, tierras, minería, bienes raíces y política configuran un poder paralelo capaz de capturar instituciones, controlar territorios y someter a poblaciones enteras. Ese es el verdadero cáncer de la región: la combinación de violencia, corrupción y control territorial que sostienen las economías criminales. En este contexto, el giro reciente de Estados Unidos, al designar al Cartel de los Soles como organización terrorista y cerrar el espacio aéreo sobre Venezuela, confirma un aumento de la presión internacional. No es un misterio que esta estrategia busca debilitar al régimen, acelerar su aislamiento y enviar un mensaje claro contra las redes criminales que operan desde ese país. Frente a ello, la región debe dejar atrás la ambigüedad. Venezuela necesita apoyo, necesita presión y necesita que algo ocurra. El pueblo venezolano ha expresado su voluntad democrática repetidamente y ha sido reprimido con brutalidad. No hay espacio para la neutralidad moral. Esa presión debe ejercerse con responsabilidad, respetando las normas internacionales y protegiendo la vida de los venezolanos y la estabilidad regional. Pero sin perder de vista lo esencial: si Colombia quiere recuperar seguridad, crecimiento y confianza, debe reconocer que la dictadura venezolana se ha convertido en uno de los mayores habilitadores del crimen organizado que hoy limita nuestras oportunidades de desarrollo. La estabilidad del vecino es condición para nuestra propia seguridad. Colombia necesita una posición firme y coherente: una Venezuela libre y democrática es indispensable para la región y la presión internacional debe ser legítima, coordinada y orientada a una transición real. Lo que ocurra en las próximas semanas puede redefinir la geopolítica latinoamericana. Y aunque nadie desea una escalada que genere más sufrimiento, es claro que la dictadura venezolana debe llegar a su fin para que la región recupere estabilidad y para ayudar a que Colombia deje de estar subordinada al poder corruptor que ese régimen ha alimentado durante dos décadas.