Una compra con transparencia es posible

Jorge Restrepo
La mejor manera de evitar la corrupción en compras es promoviendo la competencia entre oferentes y la transparencia en la selección. Una fuente de buenas prácticas al hacer compras públicas para la seguridad es la Ocde, que lo primero que recomienda es definir de antemano un buen balance entre transparencia y la reserva de la información por seguridad nacional. Establecer para la convocatoria y en el proceso de selección qué información está protegida y cuál no: proveedores o países convocados, el plan de compra (incluyendo los estudios de factibilidad y viabilidad fiscal), las condiciones exigidas para participar, los responsables de la selección y los indicadores de gestión y avance del proceso. Transparencia es revelar la información, así sea parcial, no ocultarla por completo. Transparencia es, con protocolos obligatorios, la revelación y la publicidad de potenciales conflictos de interés para funcionarios, agentes, comisionistas, cabilderos y ‘asesores’, así como de prestadores de servicios, legales y de evaluación. Es necesario establecer un marco de integridad: códigos de conducta para los encargados de la compra, un registro (privado) de sus roles, colectivos e individuales, y limitaciones a los funcionarios públicamente electos o con posiciones de poder político (miembros del Gobierno) para intervenir en el proceso. Es necesario contar con mecanismos efectivos e independientes de cumplimiento de este marco de integridad, desde el inicio del proceso. Adelantar compras de gobierno a gobierno y no de gobierno a empresa oferente, mejoran el control por los Congresos y aumentan la responsabilidad política de los gobiernos. Es esencial contar con mecanismos para proteger a potenciales delatores. Al menos la ‘Bocca di leone’, la línea anticorrupción 157, sirve para recoger denuncias, aunque es mejor si es independiente, o para un proceso costosísimo. Que haya competencia requiere definir los requerimientos técnicos que permitan suplir la necesidad, sin sesgo que favorezca a oferentes específicos y permitir así la mayor concurrencia de ofertas posible. Esta tarea corresponde a profesionales de compras públicas, del servicio civil, con experiencia y entrenamiento, dedicación exclusiva, aislamiento y protección, no a sus jefes. Los criterios de evaluación y el proceso de selección, y quienes lo aplican, deben establecerse de antemano y ser parcialmente públicos. La Ocde recomienda evitar cualquier distorsión en el precio, como los offsets, o proyectos de compensación, casi siempre innecesarios, y que sirven para restringir la competencia. Los aviones no necesitan paneles solares en La Guajira para ser más efectivos, y recibirlos evita conocer el precio real. Un sistema efectivo de gestión del riesgo de corrupción -o de selección adversa al interés público- es necesario, de forma que se estimen los riesgos financieros, técnicos, de seguridad y reputacionales y bajen el costo de cumplimiento de estas medidas. Los contratos, por ejemplo, deben tener cláusulas de escape, a costo nulo, en caso de que se detecte alguna vulneración grave a la integridad o que se haya materializado un pago corrupto. Así no nos costaría tanto deshacer un negocio, que igual no vamos a poder pagar.
Profesor de economía, Pontificia Universidad Javeriana.