Está en vilo la inversión en energía ante política pública

En las apuestas por obtener mayores fuentes generación de energía eléctrica en Colombia han llegado al país cuantiosas inversiones en varias líneas de las renovables como la solar, la hidráulica y la eólica. Sin embargo, en ese impulso se han presentado varios altos en el camino que han impedido que los proyectos permanezcan a flote y comiencen a operar. Según cifras de XM, operador del mercado eléctrico, en los últimos cinco años se han venido presentando retrasos significativos en la entrada de la operación de los proyectos de generación, dejando un panorama que cada vez es menos alentador y que levanta alertas ante los riesgos de que la brecha entre oferta y demanda siga creciendo. En efecto, en 2020 solo ingresó el 15,7% de la capacidad esperada, en 2021 fue del 7% del nivel previsto; en 2022, el 27,5%; en 2023, el 17,47%; en 2024, el 25,29%, y en lo que va del 2025 solo ha ingresado en operación el 8,5% de lo esperado a comienzos del año. Pero los cuellos de botella no solo se ven en los proyectos de generación de energía, sino que también están en los de transmisión de electricidad, a través de los cuales se mueve la energía desde las centrales a todo el Sistema Interconectado Nacional (SIN). De acuerdo con la información pública del operador del mercado, existen retrasos de hasta 13 años en infraestructura del Sistema de Transmisión Nacional y de 11 años en infraestructura del Sistema de Transmisión Regional. Un mal creciente Existen varias situaciones que han llevado a que los proyectos de generación y las líneas de transmisión presenten varias barreras para lograr llegar a feliz término. Dentro de estos se encuentran principalmente los trámites de licenciamiento ambiental, le sigue la conflictividad social en territorio y los procesos de consulta previa, según se evidencia en los documentos de los proyectos. A esto se suma que las señales de política pública para incentivar nuevas inversiones han sido débiles, e incluso contradictorias. Además, el discurso oficial del actuar gobierno ha desincentivado el desarrollo de más plantas térmicas e hidráulicas, precisamente las que han garantizado que el país no se apague en los últimos 30 años. Se estima que las empresas deben hacer inversiones anuales de alrededor de $13 billones para garantizar la prestación del servicio, además de las de tipo ambiental y social. Cabe recordar que las empresas hacen las inversiones en los proyectos a riesgo propio y con recursos propios, sin acudir a recursos del Presupuesto General de la Nación. Sin duda, uno de los efectos más grandes que tiene para los inversionistas el retraso en la entrada de los proyectos de energía son las pérdidas económicas, con lo que empresas como EDP Renewables y Statkraft han vendido sus proyectos y han decidido salir del país. Esto incluso genera alertas ante la reducción de la inversión extranjera en este sector, que conlleva a que no se logren finalizar los proyectos, generando un impacto visible en que no entra la energía que necesita el país ante el déficit por el que pasa Colombia. En consecuencia, la no materialización de la capacidad de generación esperada incrementa directamente el riesgo de desabastecimiento eléctrico y la vulnerabilidad del sistema, especialmente durante períodos de hidrología crítica o alta demanda. Y, al mismo tiempo, la situación no solo encarece la energía al depender de recursos más costosos, sino que también afecta la confianza de los inversionistas en la planificación sectorial y pone en riesgo la confiabilidad del suministro a nivel nacional. Por lo tanto, expertos consultados señalan que asegurar la velocidad y el ritmo esperado de ejecución de estos proyectos es indispensable para mantener la estabilidad macroeconómica y la continuidad del servicio esencial. Eólicos, con años de graves retrasos Según cifras recientes, actualmente en el país existen 17 iniciativas de energía eólica, pero de esas solo dos han logrado entregar energía al sistema. De este total, siete se encuentran en trámite tanto con licencias ambientales como con consultas previas. No obstante, los otros ocho proyectos restantes se encuentran suspendidos y estos representan 1.500 megavatios de capacidad, entre los que aparecen los proyectos Alpha y Beta, de la empresa EDP Renewables. "En Colombia se están dando señales contradictorias. Impulsamos renovables, pero se retrasan procesos de licenciamiento ambiental. Pedimos acelerar la transición, pero se genera incertidumbre regulatoria. Y cuando se cambian reglas sin sustento técnico, la inversión se detiene", asegura Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén.
En medio de esta situación de inviabilidad de los proyectos, Ecopetrol ha venido asumiendo la propiedad de algunos (principalmente los que tienen licencia ambiental, y en julio pasado comenzó a ejecutar un plan para comprar hasta 2 gigavatios de capacidad renovable y como parte de ello acordó adquirir el proyecto eólico Windpeshi en La Guajira, que era propiedad de la compañía Enel Colombia. En este sentido, la directiva de Acolgen recalcó la necesidad de tener estabilidad regulatoria, un plan de largo plazo que trascienda gobiernos, y una ejecución que libere proyectos. "Necesitamos señales claras para la energía firme, para el almacenamiento, para la transmisión y para las renovables. Que la política pública y la técnica hablen el mismo idioma", añadió.