Desconexión pensional

La discusión sobre el borrador del decreto pensional, que elevaría en hasta un 30% los aportes y reduciría el acceso efectivo a una renta vitalicia, dejó al país frente a una dura realidad: el Gobierno insiste en gobernar por pulsos ideológicos, sin rigor técnico y desconociendo las advertencias de quienes entienden el sistema. Las críticas de Asofondos, de los actuarios, de los gremios empresariales y de centros académicos no son gratuitas. Un ajuste de esta magnitud podría encarecer el acceso a la pensión, empujar a más trabajadores a la informalidad y abrir un hueco que terminará pagando la Nación y no quienes hoy toman la decisión. Es difícil entender cómo, en un país que envejece, con un mercado laboral frágil y una tasa de informalidad persistente, se impulsa un decreto que no solo aumenta costos, sino que debilita la sostenibilidad del seguro de invalidez y sobrevivencia. Eso no es fortalecer el sistema: es tensionarlo al límite. Y hacerlo sin mostrar estudios, sin abrir espacios reales de concertación y sin medir los impactos actuariales refleja una preocupante desconexión entre el Gobierno y la realidad económica. No se trata de un error aislado. Se está volviendo un patrón: cada semana surge una nueva confrontación innecesaria entre el Ejecutivo y los gremios, entre el Gobierno y el sector productivo, entre la ideología y los datos. En vez de construir confianza, se generan choques permanentes. En vez de invitar a cooperar, se acusa de mala fe a quien disiente. Y así, un país que debería sumar capacidades termina atrapado en pugnas artificiales que destruyen el ambiente de inversión, frenan decisiones empresariales y aumentan la sensación de incertidumbre. Pero lo más grave es la ligereza con que se toman decisiones que no pagarán quienes las firman. Serán los trabajadores, las empresas, los pensionados del futuro y las finanzas públicas quienes absorban el costo. Esa desconexión entre poder y responsabilidad es peligrosa: cuando un Gobierno no siente las consecuencias de sus actos, la tentación de improvisar se vuelve norma. La historia, sin embargo, siempre pasa factura. Quienes hoy sostienen que "todo estaba mal" deberán responder mañana por haber desmantelado lo poco que sí funcionaba, y haberlo reemplazado por mecanismos más costosos, más ineficientes y más excluyentes. No se trata de absolver a gobiernos anteriores. También fallaron. Pero esos errores no pueden ser usados como un manto de impunidad para justificar medidas improvisadas o venganzas políticas disfrazadas de reformas estructurales. El país no puede seguir dividido entre supuestos "defensores del cambio" y "enemigos de la transformación", especialmente cuando los llamados enemigos son empresarios, emprendedores, trabajadores formales, inversionistas y productores que sostienen la economía. Este diario quisiera concentrarse en las buenas noticias que sí existen: el esfuerzo de miles de empresas que siguen apostando por Colombia, la resiliencia de los trabajadores, la innovación que surge incluso en tiempos adversos. Pero se hace cada vez más difícil ignorar que muchos funcionarios parecen dedicados a generar crisis, confrontaciones y decretos que aumentan la zozobra y obligan a reaccionar en vez de planear. Aún hay tiempo. Rectificar no es debilidad: es liderazgo. Escuchar no es claudicar: es gobernar bien. El país necesita reformas pensionales, sí; pero reformas con evidencia, con diálogo, con técnica y con visión de futuro, no experimentos hechos a la brava para sostener una narrativa política que ya no resiste la realidad. Colombia no merece más pugnas estériles ni más improvisación. Merece sensatez, responsabilidad y un Gobierno que no confunda cambio con caos.