Las cinco medidas misceláneas que amenazan con tensionar el trámite del reajuste al sector público

El objeto de la Ley de Reajuste del Sector Público es consagrar la variación salarial que anualmente negocia el Gobierno con las distintas agrupaciones de trabajadores estatales.
Pero se ha hecho cada vez más frecuente que el Ejecutivo envíe al Congreso acuerdos en otros ámbitos, ya sea a través de un anexo formal en el protocolo suscrito o mediante lo que se conoce como "leyes misceláneas".
Cena en el Domani
Un caso es el de la controversial norma "de amarre" a funcionarios públicos. Y en paralelo, hubo una cena esta semana en el restaurante Domani, en Providencia, convocada por el director nacional del Fosis, Nicolás Navarrete, según reveló La Segunda. El encuentro, al que asistieron 14 jefaturas de servicio, se denomina por ellos mismos -consigna el vespertino- como "Directores de servicio buscan establecer defensa de legado del Gobierno en ejecución de políticas públicas de cara al arribo de nueva administración". Se realizó el martes 16 de diciembre, justo después de la segunda vuelta que ganó José Antonio Kast.
Las misceláneas
El ingreso de normas "de contrabando", como la llaman algunos parlamentarios, fue controversial el año pasado también. Fue cuando se consagró el límite de 75 años de edad como límite para que los funcionarios públicos -incluyendo universidades- se mantengan en actividad laboral. La disposición sigue generando debate y el propio Presidente Gabriel Boric, que la envió, se comprometió a revisarla.
El año pasado se incorporaron en este ítem bonos para personal de Carabineros y se modificó el calendario de reajuste en el precio base de las isapres.
Ahora hay al menos cinco medidas misceláneas que causan controversia.
1 La ley de "amarre". En el acuerdo alcanzado para el período 2025-2026, la disposición más controversial es el punto 14 del protocolo: la denominada norma de "amarre". En ese contexto ya algunos leen la "Cena en el Domani" de directores de servicio de este gobierno.
La norma señala que tanto la no renovación como el cambio en las condiciones de quienes se desempeñan a contrata deben ser debidamente justificados, "mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables". En la práctica, la norma dificulta las desvinculaciones. En el Gobierno la defienden como una medida de protección enfocada en funcionarios de carrera. "Esto no es un amarre en ningún caso. Simplemente se solicita que el acto del despido de una persona que tiene carrera funcionaria pueda ser debidamente justificado", expresó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
La disposición involucra a unos 380.000 funcionarios que actualmente se desempeñan a contrata en el Gobierno Central y en municipios. "Van a adquirir una inamovilidad de hecho", afirma el economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC. Cree que una disposición de este tipo es "inconveniente". Indica: "Un acuerdo que apunta a zanjar un tema muy relevante de gestión de recursos humanos del sector público, por parte de un gobierno al que le quedan unas semanas, dejando esta restricción para el gobierno entrante, no resulta presentable".
El experto añade que una discusión de este tenor requiere más profundidad, análisis del Gobierno y del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), y es particularmente desaconsejable en el contexto de estrechez de las cuentas públicas. "Imponer apresuradamente una norma que rigidiza el empleo público es inconveniente y apresurado", profundiza.
2 Mutuales y listas de espera. Aunque no es parte del protocolo firmado por el Gobierno con los gremios del sector público, la segunda norma que ha levantado más controversia es un compromiso que asumió el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ante la comisión de Salud del Senado, antes de que el proyecto de ley de reajuste llegue al Congreso.
Se trata de una disposición que, mediante las leyes misceláneas del proyecto, permitiría la entrada de las mutuales de seguridad a ofrecer prestaciones de salud común sin necesidad de contar con la autorización de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
El objeto de esta iniciativa es fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud y reducir las listas de espera, pero en la industria ven con preocupación que se avance sin un debate adecuado. "Si bien el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema es compartido, estimamos indispensable que cualquier modificación a esta materia asegure condiciones equitativas de participación, en resguardo de la sostenibilidad del sistema de salud", reclamaron en Clínicas de Chile. Aludieron también a un pronunciamiento pendiente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
3 Protección en reemplazos. El punto 24 del protocolo firmado esta semana también ha abierto controversias. Esta disposición se relaciona con el empleo público, y busca "asegurar la continuidad del vínculo laboral para las funcionarias que se desempeñan en reemplazo o suplencia y están con fuero maternal cuando se reintegra la persona reemplazada". Es decir, esto significa que para esos casos se tendrán que crear nuevos cargos transitorios, no imputables a la dotación máxima, que se extinguirán al cesar el fuero maternal. Hay un caso relacionado con la exdefensora de la Niñez, Patricia Muñoz, que se enmarcaría en este criterio (ver C 7).
4 Asesores directos.
El protocolo innova con una regulación para modificar las condiciones laborales de los "asesores directos", ya sea para el Presidente de la República, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio designados por el primer mandatario.
Lo que detalla el anexo incorporado en el acuerdo es que estos funcionarios pueden ser contratados a honorarios y, cuando corresponda, a contrata, sin pasar por un proceso de reclutamiento o selección. La autoridad a la que asesora puede nombrarlo y removerlo "con independencia de toda otra autoridad". A partir de la Ley de Presupuestos 2027, se establece que existirá una dotación máxima para cada estamento, además de un límite global de asesores directos que no podrá exceder el 1% de la suma de dotaciones autorizadas.
Ingrid Jones, investigadora de LyD, sostiene que "si bien es un tema relevante donde hay espacios de mejora, debe ser tratado dentro de un marco de reforma al empleo público", que aborde aspectos como ingreso por mérito o un sistema de calificaciones con incentivos adecuados.
5 Actividad sindical. En el punto 16 se mencionan aspectos directamente relacionados con las asociaciones de funcionarios que operan en el sector público. Se especifica, por ejemplo, que los permisos para labores dirigenciales se considerarán como "trabajo efectivo" afecto a las correspondientes asignaciones, que las asambleas serán "preferentemente" fuera del horario laboral, y que los dirigentes tienen el "derecho" de ser recibidos por las autoridades estatales dentro de 10 días hábiles.