Ley de sometimiento, a la caneca

Con lo ocurrido esta semana en materia de orden público, no se necesitan más evidencias para entender los graves daños que la ‘paz total’ le ha causado al país. La indefensión ciudadana, el fortalecimiento de los grupos armados irregulares, el desmantelamiento de la Fuerza Pública y el desbordamiento del narcotráfico son el legado de la paz de Petro. Mientras todo esto ocurre, el Gobierno persevera impúdicamente en seguirle dando beneficios a la delincuencia. Así, al tiempo en que Estados Unidos gradúan como organización terrorista internacional al ‘clan del Golfo’, un delegado gubernamental avanza en Catar en acuerdos con dicho grupo armado, que empiezan por entregarles zonas de ubicación temporal en amplias zonas del territorio a partir del próximo 1.º de marzo en Chocó y Córdoba, inicialmente. Causa perplejidad que estos acuerdos se anuncien haciendo caso omiso de la regulación vigente y que la prensa y las autoridades no se ocupen de ello. Los periodistas, sin excepción, preguntan cómo es posible que se avance en el sometimiento de estos grupos sin que haya salido en el Congreso el respectivo proyecto de ley, hoy moribundo. Álvaro Jiménez, jefe del equipo negociador en Catar, dice olímpicamente que ningún proceso de paz empieza con la solución jurídica resuelta y que, en el entretanto, echarán mano de la ley de la ‘paz total’ (2272 de 2022), para poner en marcha las zonas de ubicación temporal. A su turno, las autoridades judiciales se complacen de que la iniciativa sobre sometimiento no haya sido aprobada en el Congreso, porque era inconveniente y no se había socializado, pero al mismo tiempo afirman que es posible avanzar en estas negociaciones de facto, sin ley previa, ya que en el pasado la normativa para la judicialización en estos procesos se ha expedido luego de la desmovilización de las bandas criminales. Todos deberían reconocer que en Colombia existe una ley (1908 de 2018), que está por estrenarse, para llevar a cabo el sometimiento a la justicia de esta clase de organizaciones delictivas, denominadas de alto impacto. Una ley que se edifica sobre el principio de que no se puede conceder ningún beneficio a los delincuentes, sin obtener nada a cambio, como ocurre en la actualidad. Así, con anterioridad a la creación de las zonas de ubicación temporal, que solo pueden autorizarse en un estado avanzado de estos procesos, la ley vigente impone identificar plenamente la estructura del grupo que persigue el sometimiento, su área de influencia y el número total de sus integrantes; ordena reconocer sus conductas delictivas; tiene que confesar sus actividades de narcotráfico, lo que incluye rutas de narcotráfico, lavado de activos y ubicación de plantaciones; se les exige declarar sus actividades de minería criminal; deben identificar su patrimonio ilícito y a sus testaferros; se deben pormenorizar las estructuras de apoyo, incluidos los servidores públicos y tiene que individualizar los menores de edad que hagan parte de la organización, quienes deben ser entregados para la protección del Estado, antes de la reubicación especial. Nada de ello ha ocurrido. Pasan por encima de la ley, sin que nadie indague por su observancia. Lo que conducirá a que se le entreguen territorios en los que se suspenderán sus órdenes de captura, sin obtener nada a favor de la sociedad. Ni siquiera se les ha exigido identificar a sus víctimas, junto con un plan de reparación para ellas, como lo ordena la normativa vigente. Por su silencio, hay que asumir que hasta las ONG están de acuerdo. Como la Ley 1908/18 no les sirve, porque persigue la justicia efectiva, conduce al desmonte de las bandas y se centra en la reparación de las víctimas, anunciaron la expedición de una nueva, que tenía como fin entregar formal y conscientemente al Estado. Y ahora, como no lo lograron, optan por lo más simple: echar a la caneca la ley vigente. ¡Así vamos, en medio de la indolencia! Más temprano que tarde se identificará la mano que está detrás de todo esto y el interés electorero que promueve esta felonía. Taponazo: Carlos Ramón González ya bailó. ¿Cuándo "canta"?
La Ley 1908/18 no les sirve
Néstor Humberto Martínez Neira
Pasan por encima de la ley, sin que nadie exija su observancia, de manera que entregará beneficios a las bandas sin obtener nada a favor de la sociedad y las víctimas.