¡Anímese, presidente!

Cuando lo reportean, el Presidente Yamandú Orsi se inclina más a inventariar enfoques que a sentar tesis. En la glosa, incluye experiencias patéticas, como el Derecho Penal de Bukele y el pacto narco-gubernativo de Medellín. Perlas como esas le cuestan reproches y chacotas, y en respuesta se nos indica que son menciones sin compromiso, materiales para reflexionar en modo "Buscando" o "Disculpe las molestias. Estamos trabajando para usted".

De esa atmósfera que mezcla preocupación e indefinición, Orsi salió el lunes, al preguntar "¿Cuándo empezó a explotar la cantidad de presos?" y se contestó "Hace unos años. Habría que ver si no se usan de manera exagerada los abreviados". "Lo de los abreviados es un problemón". Y llamó a "echarle mano al Código del Proceso Penal".

Si la llaneza de la definición fue singular en la manera de comunicarse del señor Presidente, mucho más singular fue que en pocas horas su Prosecretario Dr. Jorge Díaz le haya salido al cruce, espetando "Yo no creo que haya un abuso del proceso abreviado". Adujo que "el sistema acusatorio. tiene diferentes salidas. hay un conjunto de formas de resolver un conflicto".

Argumentó que el proceso abreviado "no ha sido identificado como un problema por parte de las diferentes delegaciones". Y adujo: "Todos desearíamos tener más juicios orales, eso está claro. Pero también es verdad que, en un sistema acusatorio, el porcentaje de casos que llega al juicio oral no supera en ningún país del mundo el 5% o el 7%. Quizás un 1%, si es lo que hay ahora, es un número muy bajo. Pero bueno, ahí también no es sólo modificaciones al Código, sino modificaciones a las instrucciones en Fiscalía".

La respuesta merece críticas jurídicas que aquí no caben, pero bástenos observar que el Derecho Penal en juicio no puede reducirse a "un conflicto" a resolver, que "las instrucciones en Fiscalía" son de dudosa constitucionalidad, y que las fallas del actual CPP no se miden por estadísticas ni por la opinión de "diferentes delegaciones".

Se miden por las aberraciones a que se llega. Hace un mes, en Treinta y Tres, la muerte de los diez internados en una casa de salud sin autorización de Bomberos, se cerró en un acuerdo abreviado donde no figuró el número ni la identidad de las víctimas, y tamaño homicidio culposo se soterró en un documento estándar, sin vibración penal ni alma de Derecho.

Por tanto, el motivo para meterle mano al Código no es sólo la cantidad de presos que abarrotan las cárceles. Más aun que eso, debemos derogarlo porque habilita injusticias, rebana garantías, atiborra a las Fiscalías y es ajeno a nuestra institucionalidad.

Porque en mala hora lo importamos, debemos aplaudir que el Presidente haya hablado como lo hizo y debemos darle ánimo para que tome el camino de las afirmaciones conceptuales con manos a la obra. Eso sí: convoque a la inventiva nacional, con soluciones legislativas pensadas, y no se deje vender "modelos" o "paradigmas" calidad Bukele o Medellín.

Aleccionadora desgracia fue haber copiado el diseño estadounidense -donde el Fiscal es agente politizado del Presidente todopoderoso- y haber votado por unanimidad un texto que necesitó 14 grandes remiendos antes de entrar en vigencia.

En siete años su fracaso es de una evidencia compulsiva. Por eso, repetimos: ¡Anímese, Presidente!