La mirada "amplia" del INDH
Justificada controversia generaron las palabras del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, en la entrega de su informe anual
Justificada controversia generaron las palabras del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, en la entrega de su informe anual. Allí anunció el propósito institucional de "ampliar la mirada" del organismo, abordando desde una perspectiva de derechos humanos dimensiones hasta ahora poco visibilizadas. Según Ljubetic, tal decisión respondería al cumplimiento del mandato legal que dio vida al instituto. Sin embargo, tanto lo abierto del concepto como los ejemplos que él ha dado de esa "ampliación" (entre otros, su defensa del actual Sistema de Admisión Escolar, SAE, algunos de cuyos problemas de funcionamiento han sido incluso documentadas por Contraloría) son los que provocan inquietud. Sin duda, los derechos humanos -como expresión de la dignidad del hombre- refieren a todas las dimensiones de la vida, pero se desnaturalizan y empequeñecen cuando se pretende usarlos en el debate público en abono de determinadas posiciones y en desmedro de otras no menos legítimas. O, acaso, yendo al ejemplo puesto por Ljubetic, ¿podría afirmarse que quienes cuestionan el sistema centralizado de postulación a colegios sostienen una postura contraria a los DD.HH.? ¿No es eso transformar una política pública en una suerte de dogma incuestionable?
Tales aprensiones se acrecientan al leer el informe mismo, que busca encarnar esa mirada más amplia. Ya en su introducción llama la atención el reconocimiento que se hace de medidas como la creación del Ministerio de Seguridad o el pago de la "deuda histórica" con el magisterio, porque "contribuyen para una mejora de los derechos humanos y la vida cotidiana de las personas". Pese a la controversia jurídica respecto de la "deuda histórica", el que exista un fallo de la Corte Interamericana de DD.HH. podría justificar su mención, pero ¿qué hay con el Ministerio de Seguridad? Por cierto, si efectivamente mejora la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad, habrá contribuido a proteger derechos de los ciudadanos, pero ¿no resulta a lo menos prematura la afirmación que hace hoy el INDH?
Con todo, es en el capítulo sobre educación donde más se evidencian los problemas de esta "mirada amplia". No solo se profundiza allí en la visión favorable al SAE, sino que hasta se recomienda a los legisladores rechazar parte de los cambios aprobados por la comisión de Educación del Senado. También, el INDH se muestra crítico del mecanismo de subvención escolar por asistencia y recomienda priorizar la culminación de un estudio para modificarlo. Por otra parte, si bien reconoce el valor del Simce, cuestiona el protagonismo de las pruebas estandarizadas y llama a "revisar la forma de evaluar la calidad de la educación". En cambio, celebra iniciativas del Gobierno como el fin de la "doble evaluación docente" y su propuesta de reforma curricular. Y es que -otra característica del informe en este capítulo- resulta evidente la coincidencia entre buena parte de sus planteamientos y las posiciones de las actuales autoridades. Representan estas puntos de vista legítimos, pero no más que los de sus contradictores, y no corresponde a un instituto de derechos humanos pretender zanjar esa discusión.
Porque en definitiva ese es el punto más complejo. Los derechos humanos constituyen un fundamento del orden democrático y fijan de alguna forma los límites del pluralismo: todos los planteamientos son legítimos, a excepción de aquellos que impliquen su vulneración. Así, cuando se pretende identificar una determinada política pública como la que es acorde con esos derechos fundamentales y descalificar las alternativas como contrarias a ellos, lo que se está haciendo es cerrar arbitrariamente la discusión. Es la misma lógica con que cierta izquierda insiste en calificar sus políticas como "avances civilizatorios" y por ello indiscutibles e inmodificables. Lo lamentable es que lo replique un organismo del Estado llamado nada menos que a promover y defender los derechos de todas las personas y no las posiciones de un sector.
No corresponde a un instituto de derechos humanos pretender zanjar el legítimo debate sobre políticas públicas.