Urge la renovación

El 20 de julio termina su período el actual Congreso, que -en muchas materias- ha sido conflictivo e ineficaz. Aunque hay congresistas excelentes, no son la mayoría. En general, hay muy poco que mostrar y mucho que lamentar. En este año electoral, más allá de lo propiamente político, cabe recordar los principios y las normas que plasma la Constitución sobre la actitud y las tareas que deberían emprender quienes resulten elegidos y la importancia de su conocimiento, con miras a una toma de conciencia sobre cuál es la responsabilidad que asumen ante la democracia. No son representantes de sus personales intereses y particulares propósitos sino del pueblo colombiano, en busca de garantizar el bien general. El ejercicio de sus cargos no obedece al capricho de cada cual, sino que debe corresponder a los fines institucionales y ceñirse a las prescripciones del ordenamiento. El Estado tiene unas finalidades. La Constitución expresa que deben ser alcanzadas para realizar los valores que persigue la sociedad y procuran "fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana". Esos propósitos esenciales son enunciados con enorme claridad por el Constituyente: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". Los servidores públicos -entre ellos, quienes resulten seleccionados en las urnas- tienen por misión salvaguardar los derechos de las personas, velar por la efectiva vigencia de las instituciones, mejorar las condiciones de vida de las familias, satisfacer sus necesidades y urgencias. Su finalidad no radica en figurar, ni en atacar, ofender y perjudicar a los rivales políticos, sino en lo contrario: en alcanzar el bien común, trabajando dentro de normas jurídicas bien aplicadas y de manera civilizada y digna. Ellos, como dice el artículo 123 de la Constitución, "están al servicio del Estado y de la comunidad". Lo que vemos en la realidad es algo totalmente lejano de las directrices constitucionales. Basta observar, a título de ejemplo, lo que acontece con el derecho fundamental a la salud. El Congreso hunde toda iniciativa, y prevalece un sistema ineficiente y corrupto. El Ejecutivo, por su parte, interviene a las EPS, pero la problemática sigue y se agrava. Muchos ciudadanos -incluidos niños y personas de avanzada edad- continúan en peligro, buscando inútilmente el oportuno suministro de medicamentos, la atención y los cuidados que requieren. En largas filas, los pacientes y sus familiares pasan horas y terminan frustrados, sin recibir las medicinas a las que tienen derecho. La función del Congreso está definida en los artículos 114 y 150 de la Constitución. Le compete reformarla, mediante actos legislativos, expedir las leyes y ejercer el control político sobre el Gobierno y la administración. En cuanto a la función legislativa, la norma es concisa: el Congreso está llamado a "interpretar, reformar y derogar las leyes". Muchos de sus integrantes parecen ignorar esa función y prefieren obstruir y bloquear los proyectos, sin el más mínimo estudio, y, en cambio, elaboran videos y mensajes que publican en redes sociales, contra sus colegas. Esperemos que los candidatos tomen conciencia en torno al compromiso inherente a sus aspiraciones. Que quienes triunfen asuman su papel, a favor de la sociedad, con ética y transparencia. Urge la renovación.
Punto de referencia
José Gregorio Hernández Galindo