Incendios en el sur

Más de 20 fallecidos, viviendas destruidas y decenas de miles de hectáreas quemadas es parte del saldo que ha dejado la ola de incendios en las regiones del Biobío y Ñuble. La situación incluye casos tan dramáticos como el de Lirquén, donde el 80% de las viviendas fueron arrasadas. Y dado que numerosos focos siguen activos, otras localidades están en proceso de ser evacuadas. El valor estimado de los daños y de los costos del combate al fuego es de varios cientos de millones de dólares. Frente a la tragedia, las actuales autoridades coordinan hoy las acciones en terreno, pero también han levantado un discurso que se focaliza en los cambios normativos hechos y en las leyes que faltarían para prevenir estas cada vez más recurrentes catástrofes. Sin embargo, y sin desconocer el valor de algunas de esas iniciativas, es dudoso que ellas basten cuando el Estado muestra permanente incapacidad para hacerlas cumplir y el poblamiento irregular del territorio echa por tierra las medidas preventivas. También conspira un aparato público que traba, en lugar de agilizar las decisiones.
Muestra de esto último, un reportaje de radio Biobío ha revelado que el año pasado la Corporación de la Madera (Corma) había alertado sobre la posibilidad de que este verano hubiera incendios con "consecuencias catastróficas". La razón era la acumulación de residuos forestales en 4.000 hectáreas del Gran Concepción. Por ello, solicitó que se permitiera realizar quemas de ese material durante el invierno, cuando es posible controlarlas. Sin embargo, los planes de descontaminación establecidos por Medio Ambiente prohíben quemas en la zona desde el 1 de abril al 30 de septiembre, y de allí la necesidad de la autorización. La petición de Corma fue apoyada por Bomberos y Conaf, lo que convenció al delegado presidencial a solicitar al gobierno central esta medida excepcional. Con todo, habiendo terminado hace mucho el invierno, la solicitud sigue sin ser respondida. No es posible establecer vínculos causales entre ello y los actuales incendios, pero es un elocuente ejemplo de cómo el entrabamiento burocrático también impacta en estas materias.
La urgencia del tema, sin embargo, debiera estar clara cuando se observa en todo el mundo una mayor frecuencia de incendios de gran magnitud. Fue lo que ocurrió el año pasado en lugares tan diversos como California, Canadá o España. Es una realidad vinculada con el cambio climático y que demanda de estrategias bien pensadas. Es posible, en ese sentido, actuar en varias dimensiones. Por de pronto, impedir la acumulación de material combustible que aumente la intensidad de los incendios. Obvia resulta, en tanto, la necesidad de establecer cortafuegos, pero también de asegurar que ellos sean efectivos. Se deben repensar, además, las prácticas constructivas. En el sur debería usarse madera impregnada con materiales que retardan el fuego. Estos facilitan la evacuación y el mayor tiempo que ofrecen hace más efectivo el combate a los incendios.
Otro aspecto que debe mejorar son los mecanismos de evacuación. Tal como se hace frente al riesgo de tsunamis, deberían poder definirse lugares protegidos a los que la población pueda dirigirse por rutas seguras. Asimismo, debería haber simulacros, tal como se hace con las alarmas de tsunamis, para que las personas sepan cómo actuar en estas emergencias. Es cierto que las características de los incendios, a menudo imprevisibles en su evolución, hacen más difícil el diseño de estos planes, pero urge generar una cultura ciudadana similar a la que existe en materia sísmica. Fortalecer los sistemas de alerta -hoy muy dependientes de la red de telefonía móvil, cuyas antenas son vulnerables al fuego- es parte también del desafío.
El nuevo ministro de Vivienda no solo deberá afrontar un déficit habitacional de cientos de miles de viviendas, sino también continuar la demorada reconstrucción luego de los incendios de Viña de 2024 e iniciar el esfuerzo reconstructivo en el sur. Además, tendrá la tarea de diseñar estrategias antiincendios, incluyendo cambios en los estándares de las viviendas y en los de localizaciones aptas para su ubicación. Por último, será necesario modificar los estándares medioambientales para admitir quemas controladas durante el invierno cuando haya un consenso técnico sobre su necesidad.
La mera dictación de normativas y leyes no es suficiente para abordar un fenómeno cuya frecuencia es cada vez mayor.