Otro dolor de cabeza

La sorpresiva escalada de tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador, originada por la imposición el anuncio de un arancel del 30% a productos colombianos bajo argumentos de seguridad, ahora enfrenta a ambos países a un riesgo innecesario de disrupción económica y deterioro diplomático. La decisión ecuatoriana de aplicar una tasa de seguridad y la reacción inmediata de Colombia, unida a la suspensión temporal de intercambios energéticos, han transformado un desacuerdo bilateral en un episodio con capacidad de afectar cadenas de suministro, confianza empresarial y la estabilidad lograda durante años de integración andina. Lo que comenzó como un reclamo sobre cooperación fronteriza se transformó en un pulso comercial. El trasfondo del enfrentamiento radica en percepciones divergentes sobre el alcance de la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Mientras Ecuador insiste en que la respuesta del gobierno Petro es insuficiente, Colombia defiende la continuidad y la eficacia de los mecanismos binacionales existentes. En medio de esta controversia, sectores estratégicos como el energético, el automotriz, el farmacéutico, el agrícola y el de consumo masivo tienen un nuevo frente de incertidumbre por el encarecimiento del comercio, la volatilidad regulatoria y los eventuales cambios logísticos. Cuando las decisiones arancelarias se convierten en instrumentos de presión política, los costos para la productividad regional suelen ser inmediatos y superiores a cualquier beneficio táctico. El desafío es evitar que esta dinámica deteriore la credibilidad de los marcos de integración. La región no puede permitirse retrocesos comerciales ni contagiarse de otros ejemplos geopolíticos. La interdependencia entre ambos países, especialmente en energía, transporte y suministro de bienes esenciales, debería actuar como incentivo al diálogo y no como un terreno de confrontación. Es indispensable reactivar de forma urgente las instancias técnicas bilaterales capaces de producir auditorías verificables sobre cooperación en seguridad y de definir compromisos medibles para revisar o desescalar esta ‘miniguerra’ comercial. Pero la institucionalidad pública no basta. La experiencia con EE. UU. indica que la diplomacia empresarial es un componente determinante para moderar crisis comerciales. Las empresas y gremios de ambos países -cuyo comercio supera los US$2.600 millones al año- saben de primera mano los efectos de la incertidumbre y tienen la capacidad de tender puentes cuando los gobiernos entran en ciclos de desconfianza. Su intervención es aporte de racionalidad, recordando que la competitividad regional depende de preservar la estabilidad normativa y la previsibilidad en los flujos de comercio. Una articulación coordinada entre Estado y sector productivo puede acelerar soluciones pragmáticas como cronogramas de desmonte arancelario, salvaguardias temporales o mecanismos compensatorios que bajen el impacto en las empresas. Una salida responsable exige voluntad política, diálogo técnico y una comprensión madura de que la seguridad y el comercio no deben tratarse como variables excluyentes. La seguridad es un bien público compartido que requiere cooperación sostenida, y el comercio es un motor de desarrollo que depende de la confianza mutua. Recuperar ese equilibrio permitirá convertir esta crisis en una oportunidad para actualizar la agenda bilateral y fortalecer, con visión de largo plazo, la estabilidad económica entre ambos países.