La Nación, Costa Rica
23 de enero de 2026
El candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, reúne a seis especialistas en economía y ciencias sociales que construyeron la propuesta económica del Frente Amplio para las elecciones de 2026.
Seis personas son las responsables de definir el rumbo económico que propone el candidato presidencial Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (FA) para el próximo cuatrienio.
Ese equipo diseñó el eje económico del Plan de Gobierno, cuyo propósito es "promover un modelo económico inclusivo, con énfasis en el empleo digno, la competitividad, la soberanía productiva y la justicia fiscal". Entre los consejeros figura un exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
¿Quiénes son estos economistas, qué experiencia académica y política los respalda y qué plantean para la economía del país? El Financiero solicitó al FA el detalle de cada integrante y revisó la propuesta económica incluida en el plan de gobierno 2026-2030.
Desde bachillerato hasta doctorados
Ariel Robles se apoya en dos figuras que lo acompañan en la Asamblea Legislativa: Jonathan Acuña y Sofía Guillén, ambos formados en la Universidad Nacional (UNA) y en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Guillén es bachiller en Economía (UCR) y magíster en Política Económica con énfasis en Economía de la Innovación por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe-UNA). Su trayectoria incluye labores como consultora para organismos nacionales e internacionales, asistente de investigación, asesora legislativa y docente universitaria.
Acuña, por su parte, se graduó en la UNA y ha ejercido como asesor legislativo e investigador. "Cuenta con amplia experiencia en asuntos fiscales y presupuestarios", señaló el partido, aunque sin ampliar detalles sobre su trabajo.
El candidato también recurrió a otra persona de su entorno legislativo: Keylin Jiménez, asesora de Acuña, quien integra el equipo económico. Jiménez es bachiller en Relaciones Internacionales y en Economía, licenciada en Política Internacional y magíster en Política Económica, títulos obtenidos en la UNA. Su experiencia abarca labores en análisis de datos, consultorías, asesoría legislativa y docencia en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
El vínculo entre la experiencia legislativa y la del Poder Ejecutivo lo aporta Henry Mora Jiménez, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) y exdiputado del PAC en el periodo 2014-2018, durante el cual presidió el Congreso.
Mora también realizó un posdoctorado en Fallos de Mercado y Bienes Públicos en la Universidad de Tilburg, en Holanda, y ha trabajado como investigador y profesor catedrático en la Escuela de Economía de la UNA. En su currículum resalta que laboró como director de la División de Inversiones Públicas en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
La lista continúa con Sergio Reuben-Soto, licenciado en Ciencias Económicas y Sociales de la UCR y magíster en Economía con énfasis en Estudios de Población por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha ejercido como director de la Escuela de Antropología y Sociología de la UCR, profesor en la UNA y en las Escuelas de Economía y Sociología de la UCR, universidad de la cual hoy es pensionado. Según el partido, es el único integrante del equipo que ha publicado un amplio volumen de estudios y artículos especializados. En 2024 lanzó el libro La acumulación de capital, la razón capitalista y el Principio económico.
El grupo lo completa Lorenzo Ramírez Cardoza, bachiller en Economía de la UNA y magíster en Comunicación y Desarrollo de la UCR, con experiencia como asesor, profesor y facilitador del sindicato de la Asociación de Educadores y Educadoras (ANDE) y para la UCR. Ninguno de estos economistas participa como candidato a diputación en el próximo proceso electoral.
Lo que proponen
El plan de Gobierno del FA plantea que la política económica debe "avanzar en la erradicación de la pobreza y la reducción de desigualdades", una ruta que —según la agrupación— generaría crecimiento económico, empleo digno y una distribución más equitativa de la riqueza producida por trabajadores, emprendedores y empresarios.
Entre las medidas con impacto directo en el bolsillo de los consumidores destacan la creación de regulaciones más eficaces para evitar prácticas especulativas y aumentos excesivos en alimentos esenciales y productos de la canasta básica; la regulación del precio de los medicamentos; y la fiscalización del cumplimiento de topes a las tasas de interés. También proponen supervisar que los incrementos anuales en los alquileres no superen la inflación acumulada.
La agrupación, además, plantea exonerar del impuesto a los combustibles que adquiere el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para contener los aumentos en las tarifas eléctricas; prohibir abusos en los cobros por mora; establecer un Impuesto al Valor Agregado (IVA) personalizado que devuelva a los dos quintiles de menores ingresos el monto promedio pagado por este impuesto; y retomar la discusión de una Ley del Salario Mínimo Vital, con el fin de que los ingresos mínimos cubran las necesidades básicas de las familias.
A estas iniciativas se suman proyectos para reducir el impuesto sobre la renta a trabajadores independientes de menores ingresos, exonerar por completo a las nuevas mipymes durante sus primeros tres años de operación y convertir el impuesto sobre la renta en uno de carácter global, basado en los ingresos acumulados de cada contribuyente.
La agrupación también busca fortalecer la participación de micro, pequeñas y medianas empresas mediante programas de incentivos, crédito accesible y simplificación de trámites para cooperativas. Asimismo, pretende asegurar recursos frescos para el Sistema de Banca para el Desarrollo —con ¢15.000 millones anuales provenientes del impuesto sobre remesas— y orientar a dicho sistema hacia condiciones más solidarias con la producción local y las familias costarricenses.
El conjunto de propuestas del equipo económico del FA perfila un modelo centrado en la regulación de mercados, la redistribución del ingreso y el impulso a las pequeñas unidades productivas.
