Atropellos y destrucción

Cada día es más evidente el atropello del presidente Petro y sus ministros contra la población, contra las empresas y contra el funcionamiento del Estado. El daño que han hecho es inmenso. Los colombianos hemos tenido que reaccionar ante lo urgente en vez de apuntarle a lo importante: a la solución de los problemas de fondo del país y a mirar hacia el futuro. El mayor atropello ha sido contra las reglas de juego dentro de las cuales operaban las personas, las empresas y los mercados. Es decir, contra la seguridad personal y jurídica. Ya nadie sabe a qué atenerse: es el ‘sálvese quien pueda y como pueda’. Ni en las coyunturas más difíciles de la historia -las violencias o el narcoterrorismo- la Nación estuvo al garete por obra y gracia del populismo desaforado, destructor de las instituciones, de la economía y de la tranquilidad ciudadana. Los ejemplos de los últimos días abundan. No es sino leer los titulares de la prensa o ver engañosas alocuciones del Presidente y sus incompetentes colaboradores para confirmarlo. Un atropello mayor contra las instituciones fue la declaratoria de la emergencia económica para decretar una absurda reforma tributaria. Primero, porque no existían las condiciones constitucionales para declararla y, segundo, porque destruye aún más la inversión privada y la actividad productiva. No es ejemplar que Colombia tenga el impuesto más alto sobre el patrimonio en el mundo, ni una tarifa del impuesto de renta para los bancos del 50 %. Un caso aberrante como el que más ha sido el desenfrenado ajuste del salario mínimo para 2026. Sus consecuencias han comenzado a irrigarse por toda la economía. Demuestra un absoluto desconocimiento de las normas, del funcionamiento de las empresas, y del mercado laboral. Hay sectores de los servicios y de la producción que dependen del trabajo de muchas personas. El presidente de una compañía de seguros comentaba que "los costos de personal en la salud, la prestación y el talento humano representan alrededor del 60 % del costo total" (La República, 19 de enero). Lo cual viene a agudizar la crisis de la salud, inducida por este gobierno desde sus inicios, que cada día se agrava más. ¿Qué tal el impacto en las empresas exportadoras con alta generación de empleo -café, flores, aguacates- que pierden competitividad internacional todos los días por la revaluación del peso (causada en buena parte por el ministro de Hacienda) y ahora tienen que subir 23,8 % el salario mínimo? O las innumerables actividades y negocios que emplean muchos trabajadores: entre otras, el comercio, las pequeñas y medianas industrias; los call centers, en los cuales Colombia tenía una ventaja comparativa (algunos ya han anunciado que se mudan para Argentina), y el mismo sector público. O el caso de los salarios integrales en las compañías y en ONG que, de acuerdo con la ley, se ajustan con el mínimo, por lo cual muchas de estas han procedido a ‘desintegralizar’ los salarios y volver al régimen ordinario para todos sus empleados. ¡Un reverso de 35 años! Los atropellos no cesan. El de esta semana es el borrador del decreto que obligaría a los fondos privados de pensiones a repatriar parte de las inversiones que realizan en el exterior. Afectará a quienes ahorran para su pensión porque se les reduce la rentabilidad futura, concentra el portafolio en pocos instrumentos nacionales y se revalúa aún más el peso colombiano. Es una medida mala -muy mala-, con efectos negativos por todos lados. Este gobierno ha hecho un daño incalculable. La destrucción ha sido tal que el próximo, si no cae en manos de la ideología estatizante y si no continúa la incompetencia, tendrá que dedicarse seriamente a la reparación. Y a la no repetición.
Reparación
Carlos Caballero Argáez