La JEP premia el secuestro

Como van las cosas, la JEP pasará a la historia por lograr la impunidad del secuestro, el delito más repugnante y degradante de la guerra que vivimos. No valieron las denuncias. Muchos fueron los que no quisieron oír. A quienes advertimos lo que ocurriría, se nos llamó enemigos de la paz. Al final, no habrá justicia y las víctimas no serán reparadas. Mediante un informe concluyente del contralor Carlos Hernán Rodríguez, quedó confirmado que la entrega de bienes por parte de las Farc siempre fue un sainete. Nunca se buscó resarcir a las víctimas. Los desmovilizados no solamente presentaron un ridículo inventario de su riqueza ilegal, en el que -como lo recordó esta semana la prensa- relacionaron baldes, 3.753 km de trochas y hasta cirugías de pene, sino que tampoco hicieron efectiva la entrega de las poquitas cosas identificadas. El hecho de que hayan devuelto únicamente el 17 % del efectivo denunciado, apenas 1 inmueble de su multimillonario inventario de finca raíz y solo 258 semovientes del hato que poseía la guerrilla, compuesto por miles de vacunos, es algo insólito, que trasciende lo meramente anecdótico. Tiene severas consecuencias legales. Dice la ley que todos los beneficios que reciban los reinsertados, tales como las benignas condenas impuestas a los comandantes por los 21.000 secuestros cometidos, están sujetos al régimen de condicionalidad del sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Una de sus condiciones consiste en el deber de reparar a las víctimas y decir la verdad en el inventario de bienes y activos (art. 20, L 1957/19). Según la misma ley, su incumplimiento "tendrá como efecto, de conformidad con el Acto Legislativo n.º 01 de 2017, la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías". Es decir, los exguerrilleros pierden su acceso a las cuasipenas de la JEP, y deben ser condenados por la ley ordinaria. Pero todo eso quedará escrito. La JEP no lo hará cumplir, como se evidencia hasta la fecha, de manera que también quedará escrito el capítulo de la sentencia emitida contra los excomandantes por secuestro, relativa a la reparación material. Por si fuera poco, avanza silenciosamente la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, en el marco del macrocaso n.º 1, de renunciar a la persecución penal contra 144 guerrilleros del Comando Conjunto Central, 88 del bloque Occidental y 77 del bloque Noroccidental, que participaron activamente en la privación ilícita de la libertad de campesinos y empresarios, bajo el criterio de que eran combatientes rasos, a pesar de que ejecutaron los secuestros directamente y varios de ellos tenían mando, como lo reconoce la JEP en sus autos 16/24, 24/25 y 25/25. Si bien la ley permite que se renuncie condicionadamente la acción penal en ciertos casos, por mandato de la ley ello no es posible respecto a esta clase de delitos (art. 23, L 1820/16), como lo ratificó la Corte Constitucional (C-080/18), al señalar que la JEP en ningún caso puede dejar de seleccionar los crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Tal es el caso del secuestro. Tampoco lo autoriza el derecho internacional, al punto de que la violación de este postulado permitiría que la Corte Penal Internacional asuma la competencia de estos casos. Los magistrados se amparan en el denominado principio de selección, un simple mecanismo de investigación estratégica, para concentrar los esfuerzos de la justicia frente al mando ilícito, que no puede conducir a dejar sin sanción a los rebeldes que no son máximos responsables (art. 129, Ley Estatutaria de la JEP). Porque, como lo señala el art. 66 transitorio de la Constitución, no se pueden indultar los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Estamos frente a un gran escándalo, de consagrarse judicialmente la impunidad de los secuestradores de la guerrilla. Taponazo. En marzo será masiva la votación por la Gran Consulta para demostrarle a la izquierda, reunida toda en la consulta del Pacto Amplio, que existe una corriente de opinión mayoritaria en el país que reclama el cambio y no acompañará la reelección del Gobierno en cabeza de Cepeda.
Consagración de la impunidad
Néstor Humberto Martínez Neira
El informe de la Contraloría confirma que las Farc no entregaron bienes para resarcir a las víctimas y ahora la JEP busca eximir de responsabilidad penal a excombatientes que secuestraron.