Liquidar Air-e sería para tapar hechos de la intervención: Jaime Lombana

Redacción de Economía y Negocios
En entrevista con este diario, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dejó claro que si estuviera en sus manos, liquidaría a Air-e, la empresa de energía eléctrica que atiende a los departamentos de Atlántico, Magdalena, César y La Guajira. La empresa lleva intervenida por el Gobierno 16 meses, a cargo de varios agentes interventores, y uno de ellos fue justamente Palma, pero el vocero de Air-e preintervención, Jaime Lombana, asegura que en manos oficiales la situación de la compañía empeoró. El abogado Lombana responde a lo expresado por el ministro. ¿Cuál es la posición de los dueños de Air-e sobre el anuncio de que los colombianos asumirán la deuda de la compañía? La primera claridad es que esos 8 pesos por kilovatio hora lo que buscan es cubrir las deudas que dejó la intervención, es decir, las deudas postoma del Gobierno, que ya suman 2 billones de pesos en 17 meses. Esos 8 pesos que vienen a cobrárseles a los colombianos buscan tapar un hueco derivado de una omisión directa de los interventores de Air-e, que dejaron caer en crisis absoluta a la empresa. Veo que, ahora por fin, con el reciente decreto se busca poner en cintura a los generadores de energía, porque de lo contrario con esos 8 pesos los colombianos estarían subsidiando a los generadores de energía, prolongando una ganancia de miles de miles de millones de pesos que se han llevado apalancados de una posición dominante y abusiva. Los generadores se deben regular como lo ha señalado la misión de transformación del BID. En el tercer trimestre del año pasado Air-e pagaba la generación más cara del país, 418 pesos por kilovatio hora. ¿Cómo recibió el Gobierno a Air-e cuando entró a intervenir? Con un problema de caja pero totalmente funcional. A Air-e le debían 5,3 billones de pesos y debía 411.000 millones vencidos, 12 veces menos. De esos 5,3 billones, 1,6 los debía el Estado. Por ejemplo, 253.000 millones en subsidios. Todo esto está certificado por Ernst & Young y son los recursos con lo que se debió haber pagado las deudas preintervención. Al principio de la operación que se asumió, Air-e perdía aproximadamente 50.000 millones al mes y se logró un ebitda positivo en el segundo año. La compañía era absolutamente viable y había mejorado el sistema de inversiones, de prestación del servicio, hasta que le techaron tarifa dejando los costos sueltos. Es decir, comprábamos a los generadores de energía a un precio exorbitante en bolsa y estábamos obligados a vender a precios muy inferiores, acumulando en ese descalce más de 1 billón de pesos y creando una inminente crisis de flujo de caja que fue advertida en muchas cartas al Gobierno. Sobre el discurso de que estaba destruida, eso no es cierto. Air-e era visitada cuatro veces al año por la Superintendencia. Visitas sorpresa a las obras, a una muestra de puntos de atención. Eran revisados 53 indicadores con un promedio de cumplimiento, en los cuatro años, de aproximadamente el 90 por ciento. En mejoras de calidad, fue la empresa en Colombia que más mejoró en esos cuatro años. Hubo una mejora del 60 por ciento en los indicadores de duración y frecuencia de interrupciones del servicio. Todo esto es certificado por la Superintendencia. Si era viable, ¿por qué pidieron la intervención? La intervención se solicitó por un tema de caja como expliqué y por un actuar responsable de la anterior administración que quería garantizar que no se perjudicara al usuario en ninguna circunstancia. El problema de caja estaba ligado a las generadoras de energía. El primer mes de operación de Air-e pagó 136.000 millones en generación de energía. Tan solo dos años después había meses de más de 400.000 millones y todo tocaba trasladárselo a los usuarios más pobres de Colombia. Los generadores de energía aplicaron una negativa a la venta donde en un periodo de dos años se adelantaron 12 convocatorias y solo le vendieron el 4 por ciento de lo que se requería para el cumplimiento del servicio de energía, obligándonos a ir a la inquisitiva bolsa. Eso se le expresó al Gobierno. Además se necesitaba que nos pagaran los subsidios. Los subsidios son de la empresa. La opción tarifaria es de nosotros, producida por nosotros. Con la regulación somos incapaces de manejar eso. El Gobierno sí debería ser capaz de regular, porque tiene los mecanismos de control, tiene la Creg, tiene el Ministerio de Minas y Energía, tiene las superintendencias, tiene las contralorías para decir: "Señores operadores, ustedes tienen que cumplir las reglas de mercado". Cuando los embalses estaban desocupados, decían que por eso la energía se subió de precio. Cuando empezó a llover y se llenaron, el precio seguía alto. Entonces, ¿qué pasó durante la intervención? Al llegar la intervención, hay una serie de contratos innecesarios, hechos de corrupción, escándalos de nombramientos irregulares, contratos con empresas vinculadas al escándalo de Centros Poblados e incremento en la parte burocrática, con unos contratos y unos salarios exorbitantes; nombramiento de personal no idóneo y otros episodios que generan muchos interrogantes, como sobrecostos en transformadores, el episodio de Interaseo y otros asuntos. Después de la intervención, la Superintendencia no volvió a ir a revisar Air-e. Los informes de auditoría, que por ley es obligatorio publicarlos, no los han querido publicar. Un tema relevante es la negación y omisión de la interventoría, omitiendo la entrega de la información y los números de Air-e, incluso a entidades fiscalizadoras del Estado, incluso en ocasiones a la Superintendencia. ¿Cómo es posible que los entes de control no puedan acceder a la información financiera, contable, numérico-legal de Air-e? Si el superintendente entra a una liquidación de Air-e en esas condiciones donde él sabe que no han entregado información relevante ni establecido los responsables de actuaciones oscuras, evidentemente se está lesionando el bien jurídico de la administración pública, y eso tiene que ser investigado por la Fiscalía General y, en su ejercicio de función pública, por el procurador general. Pero el ministro deja claro que él no toma la decisión de intervenir... El ministro Edwin Palma dice: "No es mi decisión, pero yo liquidaría Air-e". ¿Qué está haciendo? Pues muy delicado, el ministro le dice al superintendente que es el que tiene que firmar, y quien jurídicamente responderá por la no fundamentación de esa decisión que dificultaría las investigaciones sobre una empresa en la que el ministro fue interventor. Yo veo un claro impedimento del ministro en el tema de Air-e. Insisto, liquidar a Air-e para tapar unos hechos sucedidos durante el periodo de intervención, no es el ejemplo de cumplimiento funcional, entonces ¿para qué se intervino la empresa en casi dos años? Muy cuestionable salir ahora a liquidar. La liquidación dificultaría profundamente las investigaciones. La propuesta de liquidación sería admitir la ineficiencia y omisión de los interventores del Estado.