Emisor, Superfinanciera y URF rechazan que las empresas de giros capten
tres de las más importantes autoridades del sistema financiero: el Banco de la República, la Superintendencia Financiera y la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, gremios del sector y Colombia Fintech consideraron equivocado permitir que las empresas de giros postales capten recursos, así sea en bajos montos, como lo contempla un proyecto de decreto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)
tres de las más importantes autoridades del sistema financiero: el Banco de la República, la Superintendencia Financiera y la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, gremios del sector y Colombia Fintech consideraron equivocado permitir que las empresas de giros postales capten recursos, así sea en bajos montos, como lo contempla un proyecto de decreto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Portafolio conoció que los tres organismos les dirigieron comunicaciones MinTIC, advirtiéndole de la inconveniencia de que se adicione un capítulo al Decreto 1078 de 2015, que habilitaría a los operadores de servicios postales para ofrecer servicios como captación de depósitos, sin la supervisión de la Superfinanciera, como sí ocurre con las entidades vigiladas. El debate ha generado un fuerte choque entre los establecimientos financieros y fintech, con los operadores postales, que defienden la propuesta como un mecanismo para ampliar la inclusión financiera en zonas donde la banca no tiene presencia suficiente. En términos generales, las tres entidades indican que el proyecto de decreto resulta inconveniente ya que, habilita el desarrollo de actividades por fuera del marco normativo previsto para los sistemas de pago, genera arbitrajes regulatorios y de supervisión y es contradictorio con el proyecto que viene impulsando el Gobierno Nacional y las entidades en mención para contar con un sistema de pagos de bajo valor inmediatos interoperable, de bajo costo y que opere bajo unos mismos estándares tecnológicos y de seguridad, que en este caso impulsó el Banco de la República. Señalan que el proyecto de decreto introduce riesgos significativos para la estabilidad y protección de los recursos del público, al permitir que operadores postales administren cuentas de depósito sin estar sujetos al esquema de supervisión prudencial de la Superfinanciera ni contar con mecanismos institucionales de protección como el seguro de depósitos, lo cual expone a los usuarios a pérdidas en escenarios de insolvencia y a vulnerabilidades propias de actividades de captación masiva sin controles adecuados. Además, en lugar de ahondar las asimetrías regulatorias en la provisión de servicios de pago por parte de los operadores postales de pago y las entidades financieras, se debe propender por limitar o eliminar las brechas existentes, indica una de las misivas. También se menciona que considerando los objetivos de inclusión financiera, es recomendable invertir los esfuerzos regulatorios en el desarrollo del ecosistema financiero y la inclusión financiera en el país, en lugar de potencializar el uso de servicios de postales de pago en efectivo que muestran ineficiencia y altos costos en operaciones formales. Sugieren que para lograr el aprovechamiento de la capilaridad que ofrecen los operadores postales de pago, se recomienda como alternativa a lo propuesto en el proyecto de decreto, que los operadores postales de pago busquen conformar alianzas con el sistema financiero o adquieran licencias de Sedpe (Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos). Así, los servicios que prestan estos operadores en el marco de los servicios postales podrían incorporarse al ecosistema de pagos que el gobierno fortalece a través de Bre-B y de la regulación y supervisión financiera, donde los riesgos asociados al manejo de fondos del público en cuanto a lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) están bien contenidos.