Golpe tras golpe

La escalada arancelaria entre Colombia y Ecuador es un error de política pública binacional y una renuncia a la integración andina. Convertir la seguridad fronteriza en un peaje comercial del 30% y responder con un gravamen espejo compromete empleo, competitividad y abastecimiento en ambos lados de la frontera, sin atacar las causas que se invocan. La señal para los mercados es de imprevisibilidad: si las diferencias de seguridad o energía se dirimen con aranceles discrecionales, cualquier choque político puede convertirse en barrera para exportar e importar, encareciendo inventarios y castigando a pymes que viven del corredor fronterizo. Además, el momento elegido agrava el daño: cadenas de valor binacionales en agroalimentos, químicos, autopartes y energía quedan atrapadas entre trámites, sobrecostos y la amenaza de contrabando. No es casual que la Comunidad Andina haya pedido postergar las medidas y abrir un canal de arreglo. Ignorar ese espacio debilita la arquitectura regional que, por décadas, permitió resolver disputas con criterios técnicos. El trasfondo político tampoco ayuda. Al trasladar al comercio una narrativa de culpas por la violencia fronteriza, se crea un precedente riesgoso: hoy se justifica una tasa de seguridad; mañana podría invocarse cualquier otro objetivo para cerrar el mercado. Y en el medio quedan los consumidores, que pagarán más por la canasta básica y los insumos que sostienen la producción. El Foro Económico del CAF en Panamá era una oportunidad para, al menos, acordar una hoja de ruta de desescalamiento. Que no haya habido diálogo entre las jefaturas de Estado revela prioridades cruzadas y deja a los equipos técnicos sin un mandato claro, aunque la reunión de las dos cancilleres abre alguna luz de arreglo. Colombia y Ecuador necesitan un giro inmediato, pragmático y verificable. Una agenda en busca de un acuerdo debe partir de un cese bilateral de nuevas medidas comerciales y energéticas por 90 días, con vigilancia de la CAN y reporte de avances. Segundo, es clave una mesa técnica de frontera con metas medibles en decomisos, control de pasos ilegales y judicialización, financiada con recursos binacionales y cooperación de la banca de desarrollo, no con cobros a los importadores. Tercero, implementar un corredor de abastecimiento esencial para bienes perecederos y farmacéuticos, blindado de aranceles y cupos, unido a un compromiso de transparencia regulatoria: toda medida futura deberá pasar por consulta pública, evaluación de impacto y compatibilidad con el Acuerdo de Cartagena. En paralelo, Colombia debe llevar el caso ante los mecanismos andinos para restaurar reglas, y Ecuador tiene la ocasión de sustituir una tasa litigiosa por un plan operativo de seguridad. La diplomacia económica exige liderazgo y autocrítica de ambos gobiernos, reconociendo que la suspensión de exportaciones de energía, así sea legalmente sustentada, se leyó como represalia. El costo de no corregir será alto y regresivo: inflación importada, menos exportaciones no mineras, fuga de inversiones hacia destinos previsibles y pérdida de dinamismo en regiones hermanas que ya cargan con informalidad y violencia. Si la integración andina significa algo, este es el momento de demostrarlo. El sector privado puede y debe ayudar: cámaras, gremios y universidades pueden liderar mesas de trazabilidad que documenten efectos y eviten decisiones a ciegas. Un pacto de datos abiertos sobre comercio y seguridad fronteriza bajaría la temperatura y garantizaría cuentas claras.