No jugar con el agua

Hace muy pocos días se produjo un nuevo episodio que demostró la afectación de la calidad del agua potable en la zona metropolitana del país. Un número importante de ciudadanos denunció que en sus casas el agua de la canilla salía turbia y con mal olor. La OSE salió a aclarar que esta afectación de la calidad del agua no revestía gravedad ni tenía efectos en la salud humana, pero lo cierto es que volvió a poner arriba de la mesa la urgente necesidad de resolver el gran problema del abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana del país. Por otro lado, el Presidente de OSE, Pablo Ferreri, el mismo día, anunció la puesta en marcha de las expropiaciones de los predios correspondientes a la construcción de una represa en Casupá.

Dos noticias que vuelven a poner en debate una decisión profundamente equivocada de este Gobierno, que tendrá un impacto irreversible de larga duración insumiendo una muy importante inversión para el Estado uruguayo.

Es cierto que hubo una interpelación en el Parlamento sin consecuencias y que la decisión del Poder Ejecutivo fue seguir adelante con su idea. Sin embargo, la gravedad de las consecuencias que tiene esta decisión para el futuro del país es de tal entidad que amerita volver a levantar el tema buscando que el Gobierno revise las decisiones tomadas.

Nos llama la atención la tozudez y el empecinamiento de este Gobierno, cuando la evidencia demuestra que la solución que se toma no sólo no es la correcta, sino que nos va a salir carísimo tanto en términos del gasto como de la situación sanitaria de la población.

Las evidencias sobre la saturación y agotamiento de la cuenca del Río Santa Lucía son muy numerosas. Construir nuevas obras y, especialmente, una represa en un arroyo, como el Casupá, de muy escaso caudal, no tendrá otro resultado que aumentar el agotamiento de la cuenca, ya hoy fuertemente estresada. No se entiende que las autoridades de gobierno, teniendo acceso directo a una fuente inagotable de agua, como es el caso del Río de la Plata, rechacen esta solución y opten por aumentar la presión sobre un cauce muy limitado y crecientemente reducido.

Por otra parte, los argumentos esgrimidos para seguir adelante con este tema son muy pobres y nos llevan a concluir que no existe otra razón que dejar sin efecto un proyecto del gobierno anterior al que se habían opuesto por simples razones políticas. Alguien podría decir que el tema ya está laudado y que luego el tiempo se encargará de demostrar quien tenía la razón porque la disyuntiva podrá afectar de una forma u otra y no tendrá grandes impactos en la vida de la gente. Pero en este caso no es así, lo que está en juego es, nada más ni nada menos, que el problema del abastecimiento del agua potable de una buena parte de los uruguayos y seguir por el camino elegido por el gobierno va a llevar a un gran desastre en el corto o mediano plazo.

Entonces no podemos quedarnos de "brazos cruzados" señalando simplemente que el Gobierno está equivocado. Es necesario que los partidos de oposición levantemos nuevamente este asunto y reivindiquemos la necesidad de "dar marcha atrás" en un camino que será muy malo para todos los uruguayos, más allá del gobierno que sea.

Hay una alternativa muy clara que es tomar el agua del Río de la Plata para resolver el riesgo del abastecimiento, garantizar una cobertura ilimitada y contar con dos fuentes de abastecimiento. Además, existe el camino de realizar las obras de reparación de la red de cañerías actualmente existentes que permitan reducir las pérdidas que hoy alcanzan a más del 50% del agua, para llevarla a un nivel razonable en términos comparados, lo que resolvería, según dicen los expertos, el problema con menores afectaciones ambientales.

Hace ya más de veinte años, el partido que hoy gobierna, cuando estaba en la oposición, y ante una situación muy distinta, impulsó una reforma de la Constitución para prohibir que la administración de los servicios de agua potable quedara en manos de empresas privadas.

Veinte años más tarde es aquel partido, ahora en el gobierno, que impulsa una decisión que puede tener un gran impacto negativo sobre el mismo bien público que se decía defender, es decir el acceso al agua potable.

Hay que recordar el texto del actual artículo 47 de la Constitución: "El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales..Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas."

¿No será necesario que sea la propia ciudadanía la que resuelva y laude este tema tan relevante? ¿No será el momento y el tema apropiado para promover una consulta popular? Tantas veces el Frente Amplio recurrió a este camino para que el pueblo decida, ¿se opondría a que sea la ciudadanía la que resuelva este tema?