Energía sin miedo

Hablar de fracking en Colombia se ha vuelto casi imposible sin consignas, miedos y caricaturas. Y, sin embargo, es una discusión que el país necesita dar con seriedad, datos y visión de largo plazo. No se trata de escoger entre desarrollo o ambiente, sino de entender cómo un uso responsable de nuestros hidrocarburos puede fortalecer la soberanía energética, reducir costos para hogares e industria y generar los recursos que hoy hacen falta para proteger aquello que realmente está en riesgo. El fracking es una técnica de estimulación hidráulica que permite extraer gas y petróleo atrapados en formaciones rocosas profundas. A diferencia de los yacimientos convencionales, sus tiempos de desarrollo son más cortos y su curva de producción es más rápida. Para un país que ya importa gas y ve amenazada su autosuficiencia en gasolina y diésel, esto no es un detalle técnico: es una herramienta concreta para recuperar soberanía energética en el mediano plazo. El potencial es significativo. Colombia podría sustituir importaciones, reducir su vulnerabilidad externa y frenar la caída de las exportaciones minero-energéticas, que llevan varios años en declive. Más producción local significa más empleo formal, más regalías, más impuestos y un presupuesto público con mayor capacidad de inversión social y ambiental. Conviene además poner las cifras en perspectiva. Colombia es un emisor marginal de gases de efecto invernadero: produce cerca del 0,4% de las emisiones globales. Nuestro verdadero deber ambiental no está bajo tierra, sino en la superficie: proteger los bosques secos tropicales, los bosques húmedos, los ríos, los mares y los parques naturales. Y los mayores enemigos de ese patrimonio no son los proyectos regulados de hidrocarburos, sino la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la expansión agrícola que opera por fuera de la ley y de los permisos ambientales. El fracking de hoy no es el de hace veinte años. La tecnología ha avanzado de forma sustancial en monitoreo sísmico, sellado de pozos, manejo de aguas y trazabilidad ambiental. Colombia, además, optó por una metodología gradual, científica y altamente vigilada, con proyectos piloto, acompañamiento académico y estándares regulatorios exigentes. No es improvisación: es aprendizaje controlado. La experiencia internacional es clara. Argentina desarrolla fracking en Vaca Muerta desde hace años, cerca de ecosistemas estratégicos, sin percances relevantes y con impactos visibles en empleo, inversión y crecimiento. Guyana, que pronto será el país más rico de América Latina en ingreso per cápita, lo será porque decidió usar responsablemente su riqueza petrolera, invitando a expertos y bancos multilaterales a construir marcos regulatorios sólidos para explorar y producir protegiendo, no destruyendo. Colombia tiene experiencia, talento técnico y regulación. Lo que ha faltado es decisión. Se ha politizado un sector estratégico y se ha convertido en bandera de un falso ambientalismo que ignora una verdad incómoda: dejar de producir no implica dejar de consumir. Importamos más caro lo que podríamos producir mejor. Y ese gas importado genera más emisiones, pues debe licuarse, transportarse en barcos, regasificarse y luego enviarse por tuberías a los centros de consumo. El peor de los mundos es ese: menos empleo, menos impuestos, mayor dependencia y una huella ambiental más alta. Usar bien nuestros hidrocarburos puede permitir reducir impuestos, financiar inversión social y destinar recursos reales para cuidar ríos, mares, bosques y parques. No es negacionismo climático. Es realismo responsable.