Las consultas, farsas rentables

Si no hubiera reposición de votos, ¿cuántos de los actuales precandidatos que hoy participan en las consultas no estarían participando? Seguramente muchos no lo estarían haciendo, puesto que los ingentes recursos de la reposición de votos que hoy se obtienen con campañas relativamente baratas en las redes y en los medios de comunicación son, para algunos de ellos, al parecer el motivo principal de su participación en esas consultas. En particular, para la izquierda radical y para uno que otro precandidato de profesión, esas consultas intrapartidistas e interpartidistas se han vuelto una mina de plata, una jugosa cantera de voluminosos recursos fáciles, de enriquecimiento rápido a costa del erario, o sea, a costa de los impuestos que cada vez en mayor volumen pagamos todos los colombianos. Se diría que ese es el costo inevitable de la democracia. No es así. Podría haber formas de democracia igual o incluso mucho más participativas, pero mucho menos costosas. Por ejemplo, haciendo que en estas elecciones de los partidos y movimientos políticos el Estado asuma los costos de la impresión de las papeletas electorales, de la ubicación de las mesas de votación y de toda la logística necesaria, así como de todo el proceso de conteo y escrutinio de los sufragios, pero sin reconocer una reposición monetaria al candidato por cada voto depositado en su favor. Entre otras cosas, porque estas elecciones no tienen ninguna consecuencia directa en la estructuración del Estado, pues en ellas no se eligen funcionarios públicos, sino que solamente dirimen unos conflictos o unas pujas políticas internas entre particulares para resolver quién representa a quién en la posterior carrera hacia los cargos públicos en el Ejecutivo o en el Legislativo. El Estado no debería financiar la resolución de esas disputas internas entre particulares, para ello; los partidos y movimientos políticos cuentan con sus propios recursos, tanto de origen privado como también estatal. Y previendo que muy seguramente esa decisión desmotivaría la realización de consultas partidistas, una solución sería hacerlas obligatorias para todos los partidos en la selección de sus candidatos, tal y como ocurre, por ejemplo, en Argentina, donde esas consultas son generales, obligatorias y en una sola fecha fija, por lo que se han transformado en una primera vuelta de todos los procesos electorales. Y para hacer menos oneroso el costo de la democracia electoral, podría acordarse que si para las elecciones presidenciales un candidato de un partido o de una alianza interpartidista registra más del 70 % de la intención de voto según las encuestas de opinión, la consulta sería superflua e innecesaria y no debería realizarse. Así nos hubiéramos ahorrado las costosas farsas de las consultas intrapartidistas e interpartidistas de Petro e Iván Cepeda, que solamente han beneficiado los bolsillos personales de estos agentes políticos. No debe volver a repetirse lo que, a los ojos de todo el mundo, es una farsa, un despilfarro abierto de recursos, casi un asalto a las arcas públicas a plena luz del día y, lo que es peor, dizque en nombre de la democracia. Porque es en nombre de la democracia que Cepeda se queja ahora de que, al negarle el CNE su participación en una segunda consulta interpartidista dentro del mismo periodo electoral -lo que está prohibido por la ley-, le están violando el "derecho democrático" a embolsillarse cerca de 40.000 millones de dineros públicos, por reposición de votos. Pero mientras estos necesarios cambios llegan, en una muestra de civismo y solidaridad con el país, los actuales precandidatos que participan en las consultas del próximo mes de marzo deberían renunciar previa y voluntariamente a la reposición de votos, aportando esos recursos, por ejemplo, a la compra de medicamentos para los pacientes de enfermedades huérfanas cuyas vidas están en grave riesgo por la aguda crisis que atraviesa nuestro sistema de salud, provocada por el gobierno actual. A ver quién se le mide a hacerlo.
Una mina de plata
Alfredo Rangel
Los actuales precandidatos que participan en las consultas del próximo mes de marzo deberían renunciar previa y voluntariamente a la reposición de votos, aportando esos recursos, por ejemplo, a la compra de medicamentos.