Cómo destruir empleos

Jorge Restrepo
El impacto del aumento de 23% en el salario mínimo que decretó el Gobierno terminará generando pérdida de empleos, mayor inseguridad en el trabajo y menores ingresos. Consideren el efecto sobre un sector en el que trabajan un número significativo de personas, cerca de 390 mil, el de los servicios de seguridad y vigilancia. Este sector tiene tarifas reguladas e indexadas al salario mínimo. El aumento acumulado de la tarifa, para finales de este año, en todos los servicios -vigilantes con arma o sin arma, escoltas, transporte de valores, vigilancia de comunidades y hogares- será de algo más de 30%, pues además de lo que subió el mínimo, también está el impacto de la reforma laboral (que aumentó el recargo del trabajo nocturno, redujo la jornada diurna, aumentó el recargo dominical) y el de la reducción de la jornada laboral a 42 horas. Además de la indexación de la tarifa, la regulación está mal hecha. Un decreto del 2002 la estableció "como mínimo" en 8,5 salarios mínimos mensuales, por turno de 24 horas, "más un 10% sobre el monto calculado", sin consultar costos diferenciados o marginales, para proteger a los usuarios. La tarifa sí protege el ingreso de cada proveedor de sus competidores: un cartel regulado y sancionado por Ley. Un cálculo sencillo muestra que para cualquier operador de servicios de seguridad privada el ingreso de los trabajadores y el costo del servicio es muy inferior a los $18.700.000 de la tarifa. Si suponemos un ingreso de 3 millones, que pocos ganan en ese sector, y tres trabajadores por turno, incluyendo prestaciones, el costo laboral no supera los 14 millones al mes. Ante el encarecimiento de los servicios de vigilancia muchos buscarán un contrato sustituto legal: portería, conserjería, mantenimiento, o suprimir la prestación del servicio, reemplazando el trabajo por tecnología. El cambio de proveedores y contratos para escapar a la regulación mal hecha y el encarecimiento tendrá un efecto regresivo sobre los trabajadores: quienes acepten trabajar en los servicios sustitutos no tendrán condiciones para renegociar su ingreso, por ser un trabajo sin especialización, si es que no pierden el trabajo. Es improbable que en un contrato de portería o limpieza el ingreso de los trabajadores se mantenga igual, pues el proveedor y el trabajador están sometidos a la competencia. La sustitución romperá el cartel. La rápida adopción de tecnologías mecánicas y electrónicas de vigilancia -cada vez con menor costo- llevará a la destrucción de empleos, antes formales y con un ingreso superior al que gana la mayoría de los colombianos. Sólo las empresas que enfrentan un alto riesgo y que dependen de la vigilancia y la protección armada -transporte de valores, producción minera, sistema financiero, etc.- se verán obligadas a asumir el mayor costo de estos servicios, presionando aún más sus márgenes y forzando a una reestructuración con pérdida de (más) empleos. Menos empleos, trabajos inseguros, peores ingresos, mayores costos. Regresividad total. Esto debería cambiar.
Profesor de economía, Universidad Javeriana.