Un cáncer que se extiende

analista sénior
Ricardo ávila pinto - especial para el tiempo
El titular del comunicado de prensa es vehemente: "Colombia en deterioro persistente de corrupción". Así calificó Transparencia por Colombia, el capítulo nacional de la organización no gubernamental con sede en Berlín, Transparencia Internacional, los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción que fueron dados a conocer la semana pasada a nivel global y que corresponden a 2025. Construido a partir de datos entregados por más de una docena de fuentes, el indicador es considerado como el más acertado para calificar un flagelo presente en los cinco continentes. Dadas las características de este mal, que van desde el policía que pide una mordida hasta el político que cobra una comisión por conseguir un contrato e incluye al empresario que se beneficia de una dispensa gubernamental, no existen estadísticas oficiales al respecto, por lo cual hay que recurrir a las apreciaciones subjetivas. Aun así, esta especie de termómetro de la venalidad tiene una gran credibilidad por el rigor que se usa para producir las calificaciones que salen anualmente. Con un valor teórico máximo de 100 y un mínimo de cero, el mejor lugar de la tabla le corresponde a Dinamarca (89), seguida por Finlandia (88) y Singapur (84), mientras que en el peor se encuentran Sudán del Sur y Somalia con 9, apenas por debajo de Venezuela con 10 puntos. A nivel de geografías, el peor desempeño es el de África subsahariana, con un promedio de 32 y apenas cuatro de 49 naciones evaluadas por encima de los 50 puntos. Por su parte, el hemisferio americano se encuentra en 42, un guarismo que combina realidades muy distintas, pues junto a casos como los de Canadá (75) y Uruguay (73), aparecen los de Nicaragua (14) y Haití (16), además del venezolano. Es dentro de ese contexto que hay que entender el guarismo obtenido por Colombia, que fue de 37 puntos. Si bien hay otros en peor condición dentro de la región, no hay duda de que lo más alarmante es el retroceso observado en los últimos tiempos. Para comenzar, frente a los 40 puntos obtenidos en la medición correspondiente a 2023, hay una pérdida de tres que puede parecer menor, pero que nos devuelve a guarismos que no se veían desde antes de 2019. Aparte de lo anterior, nuestra posición en la tabla general es la de 99 entre 182 países, una caída de 12 lugares frente a un par de años atrás. Semejante descolgada no tiene nada de bueno y menos en un mundo que anda como el cangrejo en lo que atañe a este azote. "Nuestros datos muestran que las democracias, que por lo general obtienen mejores resultados en la lucha contra la corrupción que las autocracias o las democracias imperfectas, están experimentando un preocupante deterioro en su desempeño en el índice", señaló Transparencia Internacional. Dentro de ese contexto, la evaluación recibida por Colombia es todavía más inquietante. Puesto de otra manera, si la sensación es que las cosas van mal en múltiples geografías, nos inclinamos hacia evolucionar todavía peor. Reglas de juego Revertir la tendencia se vuelve más difícil en un planeta en el cual existe un quiebre en el orden establecido. El rompimiento de Estados Unidos con múltiples instancias de gobernanza global significa un golpe a la cooperación entre las naciones y al uso de herramientas que permitan adoptar sanciones ejemplares contra los corruptos. Aparte de lo anterior, señales como la dada por la Administración Trump a los pocos días de iniciar su mandato resultan preocupantes. Estas incluyen la suspensión temporal de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que castiga con dureza prácticas como el soborno. A lo anterior se añade el debilitamiento de la sociedad civil por cuenta del recorte de la ayuda estadounidense que apoyaba a un sinnúmero de instituciones encargadas de hacer investigaciones y denuncias. Si bien entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) siguen trabajando en el tema, el ambiente se ha enrarecido en un planeta en el cual pesan de manera creciente la ley del más fuerte y el mensaje del "todo vale". La debilitación del sistema de pesos y contrapesos en aquellos lugares en los cuales el respeto a las normas era una constante tampoco ayuda, sin desconocer que en buena parte de Europa Occidental todavía se defienden los principios del buen gobierno. De regreso al ámbito nacional, vale la pena examinar por qué la nota que recibe el país en materia de percepción de corrupción se ha deteriorado. Una primera respuesta se encuentra en las encuestas que se publicaron en la época en que comenzó la administración de Gustavo Petro, la cual vino acompañada de una oleada de esperanza y una visión más positiva de los problemas de siempre. Por ejemplo, el poll de Invamer mostró que, ante la pregunta de si las cosas estaban empeorando en este frente, las respuestas afirmativas pasaron de 93 por ciento en marzo de 2022 a 60 por ciento en agosto siguiente, una vez tuvo lugar el cambio de Gobierno. Para los especialistas, una variación tan significativa estuvo asociada a la imagen de un mandatario cuya carrera pública se construyó a partir de las denuncias hechas desde el Congreso de la República y que prometía romper con las criticables prácticas de siempre. Sin embargo, tras el paso de los meses, la mejora comenzó a diluirse y hoy el tema aparece en los primeros lugares de los sondeos que inquieren sobre las preocupaciones de la ciudadanía. La larga lista de escándalos asociada al Ejecutivo comenzó con las denuncias que tocan a su propio círculo familiar por cuenta de la financiación de la campaña electoral y la apropiación de dineros de fuentes oscuras, lo cual dio lugar a procesos que hoy están en manos de la Justicia. Pero quizás ninguno ha tenido tanta visibilidad como lo ocurrido al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres, que comenzó con una denuncia relacionada con la compra de 40 camiones cisterna para distribuir agua potable en diferentes puntos del departamento de La Guajira. La evidencia de sobrecostos permitiría destapar un verdadero entramado para desfalcar al Estado, el cual condujo a órdenes de captura contra una docena de personas, incluyendo a los expresidentes del Senado y la Cámara, dos exministros y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entre otros individuos. Basta examinar la prensa de los últimos días para llegar a la conclusión de que el panorama en este frente se sigue oscureciendo. El anuncio de imputación penal a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por su papel como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro se suma a las denuncias en torno al apartamento que habita el funcionario. Por otra parte, el caso de Juliana Guerrero, acusada por la Fiscalía de los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con la obtención de su título de contadora en una institución educativa, también ha tenido un gran despliegue. Eso aparte de la polémica por la llamada "feria de contratos" durante enero, reportada por la Contraloría, cuyo valor creció en 75 por ciento frente a los registros del mismo mes de 2025. Y las alarmas no se detienen ahí. El diario El Colombiano publicó en su edición del lunes un completo informe que plantea dudas serias en torno a un proyecto que ejecuta ISA en Perú por un valor superior a los 700 millones de dólares. De acuerdo con el matutino, se estaría siguiendo un libreto similar al de Hidroituango, cuando en la controvertida administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín se cambiaron los contratistas de la hidroeléctrica en favor de firmas escogidas a dedo. Los responsables serían personas cercanas al hoy postulante a la consulta que definirá el candidato presidencial del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo. El gran interrogante Más allá de extenderse en lo que pudo ser y no fue, la gran inquietud de miras al futuro es cómo puede Colombia quebrarle el espinazo a la corrupción que, junto con la inseguridad y el desempleo, encabezan la lista de preocupaciones de la opinión. Quienes han estudiado el asunto responden que no es necesario sacar fórmulas estrambóticas del sombrero, sino comenzar por examinar lo mucho que se ha escrito sobre el tema y las propuestas hechas. Para citar casos concretos, en 2021, Fedesarrollo y Transparencia dieron a conocer las conclusiones de un estudio adelantado por una comisión de expertos. El trabajo en cuestión incluye propuestas de corto, mediano y largo plazo que van desde el fortalecimiento de las autoridades electorales hasta asegurar una mayor trazabilidad de la asignación y uso de los recursos públicos. Buena parte de las prioridades identificadas está relacionada con la forma de hacer política, algo que toca el régimen de partidos. El mensaje implícito es que el esquema vigente propicia y estimula las prácticas venales, al dar origen a sistemas perversos que se perpetúan en el tiempo y se vuelven un fin en sí mismo. A su vez, Dejusticia le ha metido el diente a la efectividad de los jueces a la hora de castigar a los acusados de corrupción. Las estadísticas disponibles muestran que no solo cualquier proceso es demorado, sino que, al cabo de cinco años, tan solo una fracción de los investigados acaba recibiendo un fallo, con lo cual se rompe en la práctica el eslabón entre crimen y castigo. Tales ejemplos dejan en claro que acabar con ese monstruo de múltiples cabezas es algo que no se logrará de la noche a la mañana. Debido a ello, más allá de la reforma institucional que indudablemente se requiere, no está de más insistir en un elemento clave en la ecuación: cualquier solución nunca prosperará si no hay quien se encargue de impulsarla desde lo más alto. "Sin liderazgo transformador, no hay mucho que hacer", afirma Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia. Para el director de la entidad, lo ocurrido en estos últimos años explica no solo el retroceso que muestran los índices, sino que confunde a la sociedad al borrar los límites entre lo que está permitido y lo que no. En ese sentido, el presidente Gustavo Petro tiene una enorme responsabilidad en que el país haya dado marcha atrás en la lucha contra la corrupción. Aparte de mantener en sus cargos a personas cuestionadas o acusar de prácticas indebidas a funcionarios que aun así se mantienen en el Ejecutivo, su principal argumento de defensa es que entre los culpables identificados aparecen "infiltrados" encargados de una conspiración en su contra. Reconociendo que el balance hasta la fecha resulta desolador, hay maneras de salir adelante. "La corrupción no es inevitable", recuerda François Valérian, presidente de Transparencia Internacional. Agrega que "nuestras investigaciones y nuestra experiencia demuestran que existe una hoja de ruta clara para exigir rendición de cuentas al poder en favor del bien común, desde procesos democráticos y mecanismos de supervisión independiente hasta una sociedad civil libre y abierta". Y junto a ese camino, está el de saber escoger bien a los gobernantes. "No se trata de que el presidente de la República tenga que hacer de microgerente para evitar que se roben la plata, sino de que controle a su equipo e inspire con el ejemplo", añade Hernández. Ese es el primer requisito para comenzar a controlar un cáncer que se sigue expandiendo y cuyo único remedio es aplicarle un tratamiento de choque urgente a partir del próximo 7 de agosto, con el fin de que no acabe definitivamente con la maltrecha democracia colombiana.