Moral con cláusula

Cuando los derechos humanos se subordinan a la conveniencia política, dejan de ser un principio universal y se convierten en una herramienta de posicionamiento. El silencio, en esos casos, también es una forma de decisión. Hay una izquierda que se presenta a sí misma como custodio moral de su tiempo. Se atribuye la representación casi exclusiva de los derechos humanos, del feminismo y de la conciencia ética contemporánea. Pero esa autoridad no descansa en la coherencia, sino en la selectividad. No defiende principios: administra indignaciones. Decide cuándo hablar, cuándo callar y, sobre todo, contra quién hacerlo. Se indigna cuando es conveniente, denuncia cuando el costo es bajo y guarda silencio cuando la condena podría incomodar aliados o desordenar el propio campo político y cultural.

Ese doble estándar se vuelve particularmente evidente en cierto feminismo mediático y político. Actrices, referentes culturales y dirigentes reaccionan con rapidez y dureza ante gestos o declaraciones de líderes que no integran su universo ideológico, pero exhiben una cautela llamativa frente a violaciones sistemáticas de los derechos de las mujeres bajo regímenes autoritarios o sistemas de opresión religiosa.

No hay una presión sostenida por las mujeres iraníes perseguidas por exigir libertad básica sobre sus propios cuerpos. No hay campañas persistentes por las mujeres venezolanas encarceladas por razones políticas. Tampoco existe una indignación proporcional frente a la violencia que padecen miles de mujeres cristianas en Nigeria.

En Uruguay, esta dinámica también encuentra expresión en mujeres políticas del oficialismo que han hecho de la defensa discursiva de los derechos y del feminismo una parte central de su identidad pública. Se configura así un ecosistema donde la denuncia opera, muchas veces, dentro de límites implícitos. Donde el costo de la disidencia interna resulta más alto que el beneficio de la coherencia. Donde el reconocimiento público convive con una forma sutil de autocensura. El resultado es un activismo que corre el riesgo de convertirse en identidad antes que en principio, y en pertenencia antes queen convicción.

Esta lógica revela una renuncia más profunda: la sustitución del coraje por la comodidad. Es más fácil condenar palabras que denunciar cárceles, más seguro cuestionar gestos que señalar persecuciones reales. Pero esa selectividad erosiona la credibilidad de cualquier causa que pretenda sostenerse en valores universales. Por eso hacen falta mujeres en la política que no subordinen sus convicciones al clima ideológico dominante. Que no administren silencios ni ajusten su voz al cálculo de conveniencia. Que entiendan que los derechos humanos no pierden vigencia según quién los viole. Figuras como Cayetana Álvarez de Toledo han demostrado que es posible sostener esa coherencia y condenar la represión sin ambigüedades, sin importar su origen ni su signo político.

Porque la verdadera defensa de los derechos humanos -y de las mujeres- no se mide por la intensidad de las consignas, sino por la integridad de las convicciones. Por la capacidad de decir lo mismo frente al poder cercano que frente al lejano. Por el coraje de no callar cuando el silencio resulta más cómodo.

Todo lo demás es, simplemente, una forma de silencio.