La salud: un derecho vulnerado

¿Qué está pasando con el sistema de salud en Colombia? ¿Qué va a hacer el Estado al respecto? ¿Seguiremos viendo largas filas de pacientes y sus familiares ante los dispensarios, esperando que les entreguen los medicamentos a los que tienen derecho, para encontrarse -después de muchas horas- con la descarada respuesta negativa? ¿Seguirán muriendo niños afectados por enfermedades de extrema gravedad, al no recibir oportunamente sus medicinas? ¿Continuarán las impactantes escenas que acaba de presenciar el país, cuando una señora mayor fallece en pleno dispensario, tras haberse quejado -en declaración pública- por no haber recibido sus medicamentos? ¿Nos vamos a acostumbrar al estado de cosas inconstitucional, declarado hace años por la Corte Constitucional, pero sin que esa declaración haya surtido efecto práctico? ¿Qué pasa con el control estatal sobre las empresas prestadoras de los servicios de salud y con las EPS intervenidas? ¿A dónde se han ido los recursos que todos aportamos para salud? ¿Seguirá el Congreso archivando proyectos de reforma, sin permitir su discusión? El debate institucional no debería desarrollarse dentro de la perspectiva de la actual polarización política, ni adelantarse con la mira puesta en el enfrentamiento existente -en época preelectoral- entre la izquierda y la derecha. El que se afronta es un problema real, evidente y preocupante en alto grado, relativo a la responsabilidad del Estado y de las empresas particulares en materia de derechos fundamentales, nada menos que la salud y la vida. Ha de verse y afrontarse a la luz de un ordenamiento constitucional que debería amparar los derechos, "dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo", como dice la Constitución en su preámbulo. Según la Procuraduría, el funcionamiento y la operatividad del sistema han venido sufriendo "un deterioro progresivo en su estructura, lo cual pone en riesgo las vidas de muchos colombianos". En su criterio, "los resultados de las visitas administrativas a 18 EPS, incluyendo 9 intervenidas, han revelado un dato crítico: la intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha resultado en un empeoramiento de las condiciones de acceso y sostenibilidad financiera". La Defensoría del Pueblo ha advertido que "actualmente, 13.126 menores de edad viven con cáncer en el país y la prevalencia de esta enfermedad aumentó un 125 por ciento entre 2019 y 2024". Son cifras que "reflejan no solo un desafío sanitario creciente, sino la urgencia de adoptar medidas estructurales que garanticen continuidad en los tratamientos, disponibilidad permanente de medicamentos y rutas de atención claras y supervisadas". Durante la vigencia del actual sistema de salud, las irregularidades han sido muchas. Si algo ha salvado muchas vidas, ha sido la acción de tutela, un magnífico instrumento previsto en 1991, usado por miles de personas para contrarrestar la indolencia de las empresas prestadoras de los servicios sanitarios. Las sentencias han hecho valer los derechos y su garantía y eficacia, con la indispensable oportunidad. La tutela ha salvado muchas vidas. Infortunadamente, se ha puesto de moda el desacato. Son muchos los casos en que las órdenes de tutela impartidas se quedan escritas, con grave daño a los derechos. Que así acontezca es totalmente contrario al objeto de esta acción, establecida justamente para la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales de cualquier persona cuando han sido vulnerados o están siendo amenazados, como está pasando en el campo de la salud. Algunas providencias han impuesto sanciones de uno o dos días de arresto, que de nada han servido. El Decreto 2591/91 contempla, para el desacato, arresto hasta de seis meses y multas sucesivas hasta de veinte salarios mínimos mensuales. Aplíquenlo. Eso, en lo que hace a la tutela, pero el Estado -director general de la economía- debe intervenir en esta materia con mayor efectividad. Los derechos están siendo violados.
Punto de referencia
José Gregorio Hernández Galindo