Nadie gana

La reciente resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) sobre la actuación de la exministra Azucena Arbeleche quedará como uno de los episodios más lamentables en la historia del organismo. Lo resuelto por mayoría de su presidenta, Ana María Ferraris, y su vicepresidente, Alfredo Asti, representa un paso más en un proceso de degradación institucional.

El fallo que cuestiona a Arbeleche solo puede entenderse desde un criterio político que contradice la función más básica de la JUTEP. El organismo fue creado para preservar estándares éticos y fortalecer la confianza pública en la administración, no para ser un escenario de disputas partidarias.

En este caso, además, se trata de un verdadero disparate. Tal como señalaba la contadora Pía Biestro en estas horas, el régimen de promoción de inversiones está estrictamente reglado por la ley y su reglamentación. El ministro de Economía no tiene margen de discrecionalidad en la decisión: si el proyecto cumple con los requisitos establecidos, corresponde otorgar el beneficio. Nadie discute que la empresa en cuestión cumplía con los requisitos. En esas condiciones, quien ocupe el cargo de ministro debe firmar la resolución; no hacerlo implicaría, justamente, incumplir la ley.

Azucena Arbeleche representa un ejemplo extremo de probidad administrativa y excelencia profesional. Quienes trataron con el Ministerio de Economía durante su gestión conocen de primera mano los recaudos extraordinarios que la entonces ministra adoptaba. Ensuciar así la trayectoria de una servidora pública de ese nivel es, sencillamente, una canallada.

La JUTEP ya venía herida. A fines del año pasado, estos mismos dos integrantes resolvieron desconocer los informes técnicos del propio organismo para respaldar a un jerarca del actual gobierno. Nunca antes habíamos visto a este organismo actuar de forma tan burdamente partidizada.

Es difícil establecer con precisión cuándo comenzó este deterioro. Pero es imposible no identificar un hito claro. En 2021 el Partido Comunista del Uruguay pidió la renuncia del representante del Frente Amplio en la JUTEP, Jorge Castro Doldán. Su "falta" había sido votar con independencia en el caso del Antel Arena, señalando irregularidades. En su lugar fue propuesta Ana María Ferraris, hoy presidenta del organismo, quien ingresó con prioridades muy distintas.

Esto no es un problema de Arbeleche. La degradación institucional y la partidización de organismos clave es un fenómeno mucho más amplio. Y golpea directamente una de las características que más orgullo nos ha dado como país: la solidez de nuestras instituciones. Tampoco es posible analizar este episodio sin mencionar la situación de la Fiscalía. Los problemas que estamos teniendo para consolidar una institucionalidad sólida, profesional y despolitizada son preocupantes.

Los líderes deberían reflexionar sobre cómo salir de este círculo vicioso. A los excesivos señalamientos morales ahora se le agregó la politización abierta de las instituciones.

Este no es un juego de suma cero, es un juego de suma negativa. Ninguna de las dos coaliciones saldrá mejor de lo que entró si se profundiza este camino. Claro, los políticos antisistema están mirando este espectáculo frotándose las manos.