Advertencia . La ONG Derechos Digitales analizó ocho grupos y dos canales del aplicativo, donde información bancaria y hasta huellas dactilares se envían al instante mediante ?bots?.
Documentos de identidad, números telefónicos, direcciones, datos bancarios e incluso huellas dactilares de millones de peruanos circulan sin consentimiento en plataformas digitales, exponiendo a los ciudadanos a distintos tipos de riesgos. Un informe de la ONG Derechos Digitales revela un mercado ilegal de datos personales que opera en el aplicativo Telegram.
La investigación identificó 27 grupos y canales activos en Brasil, el Perú y Argentina dedicados a la comercialización de información sensible. En nuestro país se analizaron ocho grupos y dos canales de Telegram. La mayoría de los grupos opera bajo una lógica de cobro con funciones básicas y funciones pro o VIP de pago. Los métodos de pago más comunes para esos planes son Yape y Plin.
?Es muy preocupante la calidad de los documentos descargados observada, es suficientemente alta como para ser utilizados en falsificaciones, clonación de identidad, acceso a servicios bancarios o cualquier trámite digital?, advirtió Paloma Lara-Castro, directora de políticas de Derechos Digitales.
En los grupos, se identificaron ?bots? con funciones de administración, encargados de responder consultas o ejecutar búsquedas. Estos generan en segundos una respuesta automática con una ficha de datos personales detallados, que deberían encontrarse únicamente en los registros oficiales.
También se observó la venta de certificados oficiales con elementos distintos de instituciones del Estado, como el Poder Judicial o la Policía Nacional. En algunos casos, los certificados fueron generados en la misma fecha y hora que la consulta realizada al ?bot? en Telegram. ?Eso podría indicar que estos sistemas podrían estar directamente vinculados, de manera no autorizada, con bases de datos oficiales?, manifestó Lara-Castro.
?Hay una fragilidad en la exposición de los datos en el Perú y una brecha entre lo que dice la legislación [Ley de Protección de Datos Personales] y cómo está siendo aplicada?, refiere la experta. Por todo ello, el estudio propone fortalecer la gobernanza y seguridad de los datos públicos, y dotar de mayor autonomía y recursos a las autoridades de protección de datos.
Adicionalmente, Lara-Castro afirma que las empresas privadas, como los bancos a cargo de Yape y Plin, también tienen una responsabilidad en el cumplimiento de la ley y la protección de sus usuarios.<FFFC>
El Comercio, Perú
19 de marzo de 2026
