documento. En un contexto de alta preocupación por la inseguridad, el informe de Credicorp y el BCP, al que El Comercio tuvo acceso, plantea medidas para enfrentar el crimen organizado, fortalecer a la Policía Nacional del Perú y modernizar el sistema de justicia.
Luego de un año y medio de investigación y tras la elaboración de cinco observatorios de la criminalidad en el Perú, el Banco de Ideas Credicorp y el BCP, en alianza con Capital Humano y Social, lanzaron el informe ?Propuestas contra la inseguridad ciudadana?. El documento busca aportar al debate electoral insumos técnicos en materia de seguridad ciudadana que puedan ser utilizados por quienes aspiran a gobernar.
El sentimiento de la población respecto de las medidas que adopte el próximo gobierno para combatir la inseguridad es marcadamente negativo. Los indicadores de ?algo pesimista? (30%) y ?bastante pesimista? (28%) suman el 58% de la población adulta votante del Perú. En tanto, solo un 5% se considera bastante optimista y un 31% algo optimista. Un 6% no precisa.
Además, sobre qué acciones debe priorizar el siguiente gobierno para enfrentar la inseguridad, los encuestados destacaron la de ?combatir el crimen organizado y las economías ilegales?, mencionada por el 54% a nivel nacional, con mayor énfasis en la zona urbana (55%) que en la rural (50%).
Con relación al panorama del país en comparación con otros de la región, Carlos Basombrío, investigador en temas de seguridad y exministro del Interior, comentó que, según el Índice Global del Crimen Organizado 2025 que analiza la situación en 196 países, Colombia ocupa el segundo puesto, seguido por México (tercer lugar), y Ecuador y Paraguay (cuarto). El Perú se sitúa en el puesto 31.
Basombrío dijo a El Comercio que ?todo empezó con casos de extorsión y sicariato en La Libertad; luego se fue extendiendo hacia el norte y el sur. Hubo una sucesión de errores. Por ejemplo, los estados de emergencia […] terminaron convirtiéndose en toda una estrategia, cuando no lo son?.
?Las propuestas?
Sobre el rol de la policía y otros operadores de justicia, el informe plantea una mayor presencia de la PNP: ?Hay un vacío estatal en territorios dominados por la criminalidad y las economías ilegales?.
Asimismo, se destaca la importancia de contar con mejor equipamiento y recursos. ?Existen limitaciones operativas para enfrentar el crimen organizado. Se requiere un mayor fortalecimiento logístico en la policía, como vehículos, tecnología, infraestructura y recursos especializados?, agrega el documento.
?Las respuestas policiales no solo se limitan a la reacción ante el delito consumado, sino que también se orientan a la anticipación estratégica mediante un análisis sistemático de información y la detección de patrones criminales?, sostuvo Ricardo Valdés, gerente general de Capital Humano y Social S.A. y exviceministro del Interior.
También se menciona el fortalecimiento de la articulación entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial. ?La coordinación efectiva entre estas instituciones es clave para asegurar que las intervenciones policiales se traduzcan en procesos judiciales sólidos y sanciones efectivas?, resalta el informe.
Para enfrentar las extorsiones se abordó la posibilidad de tercerizar el control de ingreso y salida en los penales. ?No debe continuar en manos del INPE?, indica el documento.
En cuanto al uso de tecnología avanzada, se destacó la necesidad de desarrollar sistemas integrados de monitoreo como parte de la modernización tecnológica del Estado.
Sobre la lucha contra el narcotráfico, plantea un enfoque ?estructural y no solo reactivo, lo que implica una investigación criminal sobre redes completas y no sobre actores aislados. Supone intervenir estructuras de producción, transporte, financiamiento y distribución?.<FFFC>
El Comercio, Perú
25 de marzo de 2026
