RIESGO . Ley que otorga pagos a trabajadores CAS fue promulgada por el gobierno. Economistas alertan que gasto implicará mayores compromisos permanentes sin fuente clara de financiamiento.
El gobierno promulgó la ley que incorpora el pago de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios (CTS) para los trabajadores del régimen CAS, una medida que, junto con otras normas aprobadas por el Congreso, elevaría el gasto público en cerca de S/7.000 millones anuales. Pese a ello, el presidente José María Balcázar reconoció ?en entrevista para Exitosa? que aún no está definido cómo se financiarán estos beneficios. ?Se tiene que prever en el presupuesto?, señaló, sin descartar la posibilidad de recurrir a un crédito suplementario.
La norma, publicada en el diario oficial, establece dos gratificaciones al año equivalentes a una remuneración mensual, así como el reconocimiento de la CTS para los trabajadores CAS, en el marco de una reforma que, según el Ejecutivo, busca mejorar sus condiciones laborales.
Además de los beneficios para trabajadores CAS, el Congreso aprobó cambios en el sistema previsional de la Caja Militar y Policial, lo que incrementa los compromisos permanentes del Estado.
Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza Instituto, el impacto fiscal de las normas aprobadas es significativo porque se trata de compromisos permanentes y no temporales. ?En el caso de darle CTS a los trabajadores CAS, te suma anualmente alrededor de S/3.050 millones, y en el caso de los cambios previsionales a los pensionistas, cerca de S/3.800 millones. De una sola vez estamos incrementando el gasto fiscal por S/6.800 millones sin ninguna fuente de financiamiento?, señaló.
Elevación del gasto
Según David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, las medidas aprobadas y otras en agenda podrían elevar significativamente el gasto estructural del Estado, pero sin financiamiento.
?Solo esta ley del régimen previsional de la Caja Militar y Policial ya implica alrededor de S/3.500 millones anuales adicionales, y si se suma la norma del CAS y otras iniciativas previsionales que están pendientes, podríamos estar hablando de hasta S/14.000 millones más de gasto permanente todos los años?, aseveró.
?No hay de dónde pagar esos recursos adicionales. Al final la responsabilidad se traslada a los ciudadanos?, añadió.
Ambos especialistas coinciden en que el principal riesgo es el deterioro gradual de las cuentas públicas..<FFFC>
El Comercio, Perú
25 de marzo de 2026
