Golpe al Banco de la República

Cuando un miembro de la junta directiva del Banco de la República atraviesa la puerta del edificio del Banco, sabe que su función es contribuir, en un cuerpo colegiado, a la adopción de decisiones de política monetaria que beneficien a todos los colombianos y no al presidente que lo nombró. Es la esencia de pertenecer a la junta directiva de una institución de "naturaleza especial", autónoma e independiente, como el Banco de la República. Creada por la Constitución de 1991 para dirigir la política monetaria, cambiaria y de crédito, por cuyo "intermedio el Estado velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda" (artículo 373 de la Constitución Nacional). El ministro de Hacienda es un miembro más entre los siete, preside la junta, su presencia es obligatoria y su función es la de actuar como coordinador -término discutido en la Constituyente- entre el manejo de la política monetaria y el de la política fiscal. El objetivo de la junta del Banco de controlar la inflación permitió en el curso de los últimos treinta y cinco años romper con la inercia del fenómeno inflacionario en Colombia a lo largo del siglo XX, particularmente entre 1973 y 1999 cuando la inflación superó en promedio el 20 % anual. Cifras mucho menores que las registradas en otros países de América Latina, algunos de los cuales registraron hiperinflaciones. El régimen de la inflación "objetivo" adoptado por la junta del Banco en 1999 en la crisis de "fin del siglo" ha contribuido al bienestar de la sociedad. Logró mantener la variación anual del índice de precios bajo control para aliviar la pobreza y estimular el crecimiento. El horizonte de largo plazo de la meta de inflación permite a los agentes económicos acceder al crédito para invertir -como ocurre, por ejemplo, en el caso de los préstamos para la compra de vivienda a 10 o 15 años- y, desde luego, expandir la producción y, por tanto, la expansión de la economía en su conjunto. Este modelo permitió, igualmente, tecnificar los procesos de toma de decisiones de política monetaria del Banco. El análisis de la coyuntura macroeconómica y la investigación son fundamentales para cumplir con el mandato constitucional. Así lo recordaba Miguel Urrutia en un artículo que se publicó pocas semanas antes de su fallecimiento: el Banco de la República "cuenta con uno de los mejores equipos dedicados a la investigación en temas económicos", clasificado a principios de la década como "el mejor de América Latina y el número 14 del mundo". Ese equipo técnico no está subordinado a los intereses del sector financiero, como lo afirmó el ministro de Hacienda. Desconoce la forma de proceder de los técnicos del Banco, como desconoce el hecho de que a los bancos no les convienen las tasas de interés altas, puesto que restringen la operación de extender crédito e incrementan el riesgo de que los clientes no los puedan pagar oportunamente. No actúan pensando en la rentabilidad de los títulos de deuda pública. Y tampoco responden a intereses de grupos políticos en contra o a favor del Gobierno. Eso es falso. Lo que no se debe ni se puede hacer es politizar con fines electorales el comportamiento de la junta, como quiere el gobierno Petro. * * * * En los análisis sobre la destrucción de las instituciones del país emprendida por Petro salía a relucir, hasta el martes anterior, que afortunadamente no se había ‘metido’ con la junta del Banco de la República. ¡Era lo que faltaba! El comportamiento del ministro de Hacienda al retirarse de la reunión de la junta constituyó una falta grave de irrespeto institucional y de no acatamiento a la Constitución. Sus argumentos son políticos y contrarios a la realidad de la economía colombiana.
Defensa
Carlos Caballero Argáez