Como el Titanic

analista sénior
Quienes acabarán recibiendo el

golpe más grande

serán millones

de colombianos que tendrán

que sufragar

de su bolsillo los tratamientos

que requieran o exponerse a la enfermedad o a la muerte. Ese sería el legado más lamentable.
ricardo ávila pinto-especial para el tiempo @ravilapinto
Aquellos seguidores del cine que gustan del género del terror incluyen a quienes gustan de las películas en las que hay "muertos vivientes", esos cadáveres reanimados que a lo largo de noventa minutos son capaces de acabar con la humanidad entera. Pero lo que nadie en Hollywood imaginó cuando hace casi 100 años apareció la primera cinta dedicada al asunto, es que la categoría se extendería al mundo de los negocios. Y es que ahora es común oír hablar de empresas zombis, un término que se refiere a firmas que, según los criterios contables de siempre, deberían estar en quiebra, pero aun así continúan operando. En Colombia seguramente hay múltiples ejemplos que encajan en esa caracterización, aunque quizás ninguno más evidente que la Nueva EPS, un actor clave en la salud, con cerca de 11,5 millones de afiliados. La información disponible sobre su verdadera realidad es fragmentaria hoy en día. Para comenzar, no existen estados financieros aprobados de los tres últimos ejercicios,con lo cual resulta imposible contar con una base sobre la cual tomar decisiones. Ello no impide afirmar que el patrimonio es negativo y que ese saldo rojo suma muchos billones de pesos, suficientes para justificar una causal de disolución. Además, todo indica que hay un gran desorden interno que amenaza la viabilidad del sistema en su conjunto, por las ramificaciones que existen sobre los demás eslabones de la cadena. La principal responsabilidad de lo ocurrido le corresponde al Ejecutivo, que intervino a la EPS en abril de 2024 y acaba de designar al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como su nuevo interventor. El ingreso de otro interventor -el quinto en los últimos dos años- no es garantía de nada, frente a las reiteradas acusaciones de desgreño administrativo y corrupción, que no son pocas. La madeja está tan enredada que apunta a convertirse en una de las herencias más complicadas que recibirá el Gobierno entrante, pues se anticipan movimientos adicionales en las semanas que vienen. Por ahora, basta citar algunos de los hallazgos que hizo la Contraloría meses atrás, después de una visita. De acuerdo con un comunicado de finales de septiembre pasado, el análisis llevó a "generar una alerta por las presuntas irregularidades relacionadas con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas". Y no se trata de cifras menores. Con corte a marzo de 2025, las acreencias ascendían a 21,4 billones de pesos, un saldo que tiende a subir en forma permanente. "Esta tendencia refleja un desequilibrio entre ingresos y egresos, que podría llevar a restricciones en la prestación de servicios", dijo el ente de control. El tiempo pasa Contra lo que pudiera creerse, tan tortuoso camino era evitable. Creada en 2008 con la intención de convertirse en un modelo de cooperación público-privada, la Nueva EPS tuvo como socios a la Nación y a las principales cajas de compensación del país. De hecho, estas últimas aportaron una fracción adicional al 50 por ciento del capital, lo cual garantizó a lo largo de década y media un manejo profesional de la institución y una visión de largo plazo. Dentro de los propósitos originales estaba atender, además del público en general, grupos de pacientes que requerían tratamientos de alta complejidad y llegar a lugares apartados del territorio nacional, con el fin de llenar vacíos y prestar una función con impacto social. En aquellas ocasiones en las cuales el resultado financiero llegó a ser positivo, no se distribuyeron utilidades, pues esa nunca fue la idea. "Jamás la vimos como un negocio", explica el director general de Compensar, Carlos Mauricio Vásquez. "Así trabajamos con varios gobiernos que nos reconocieron recursos adicionales para hacer una gestión que prácticamente era pública y en la cual nosotros apoyábamos con conocimiento, tecnología y buena gestión, lo cual requería de estabilidad e independencia en el manejo interno", agrega. Aun así, las cosas empezaron a ponerse difíciles en la medida en que el esquema de aseguramiento experimentó problemas crecientes de sostenibilidad. La realidad empeoró de manera sustancial con el arranque de la administración Petro, comprometida desde el inicio con otra visión que incluía la tan famosa creación de una "crisis explícita" mencionada por la entonces ministra y actual senadora electa, Carolina Corcho, en los albores de este Gobierno. También desde el primer momento la Nueva EPS estuvo en la mira de la Casa de Nariño, al ser considerada el brazo ejecutor por excelencia del modelo preventivo propuesto por el Pacto Histórico desde la campaña presidencial. El obstáculo era que el control recaía en las Cajas de Compensación, con lo cual las diferencias no tardaron en aflorar. Para tomarse el poder, el Gobierno hizo una jugada que fue difícil de anticipar: en septiembre de 2023 la Superintendencia del Subsidio Familiar intervino a Comfenalco Antioquia, alegando irregularidades que incluían desvíos de recursos y pérdidas en proyectos relacionados con el ramo de vivienda. Más allá de la polémica ocasionada por la determinación, el efecto práctico es que un delegado gubernamental quedó a cargo de los destinos de la caja, dueña de cerca del 0,8 por ciento del capital de la Nueva EPS. Como consecuencia, esta acabaría alineándose con el Ejecutivo en las asambleas de accionistas subsiguientes, lo cual le otorgó el peso suficiente para contar con más de la mitad de los votos. Para aquellos que alcanzaron a protestar, el mensaje desde los círculos oficiales se encaminó a sugerir que podrían venir más intervenciones, lo cual acabó volviéndose un factor de intimidación muy efectivo. Cuando hace dos años la Supersalud intervino la Nueva EPS, las cajas de compensación respaldaron la medida. Es verdad que la gerencia del momento no había incluido en la contabilidad una serie de obligaciones, pero lo que habría podido desembocar en un ejercicio juicioso de depuración acabó en un cambio de control forzado. Desde entonces, la situación ha evolucionado para peor. Si alguien desea argumentar que el Estado es un pésimo administrador, aquí cuenta con un caso emblemático para corroborarlo. La falta de idoneidad en los gerentes designados, combinada con un esquema de salud insostenible por cuenta del estrangulamiento al que ha sido sometido el modelo de aseguramiento todavía vigente, ha dado lugar a los peores vicios. Quienes han asumido las consecuencias del descalabro son los usuarios. La prensa le ha dado amplio despliegue a tragedias como las de Kevin Acosta en Neiva, Jeisson Pinzón en Tunja o Silvio Perafán en Popayán, quienes murieron esperando medicamentos y atención oportunas. En la medición más reciente, las quejas y reclamos habían subido en 107 por ciento frente al año precedente. Parte del problema es que numerosos proveedores han optado por dejar de prestar sus servicios a la Nueva EPS porque sencillamente no les pagan. Las historias respecto a la exigencia de "comisiones" de hasta el 35 por ciento para que una factura sea cancelada son incontables. Cada gerente, además, desconoce lo hecho por su predecesor con lo cual la continuidad es inexistente. "El norte de la entidad ha cambiado de manera repetida, con lo cual se ha generado un traumatismo gigante en la prestación de servicios. No menos inquietantes son las aseveraciones respecto a interventores que han llegado a llenar sus bolsillos. Así aparezcan evidencias de manejos indebidos, las denuncias son inexistentes, tal vez para que el Gobierno no tenga que asumir el costo de sus equivocaciones. Este prefiere poner el retrovisor más atrás, alegando que todas las irregularidades vienen de antes, lo cual se ajusta al discurso oficial de que a la salud se la robaron. Lo que viene Y lejos de corregir el rumbo, la administración Petro parece decidida a redoblar la apuesta. A pesar de que la intervención concluyó el pasado 2 de abril, la designación de Ospina al frente de la Nueva EPS sugiere que será prorrogada, aunque estrictamente todavía hay otras opciones sobre la mesa como devolverles la entidad a sus dueños u ordenar su liquidación. Respecto a la posibilidad de recibir la sociedad, el director de Compensar dice que para hacerlo "solo sería posible si el bien se restituye en las mismas condiciones en que se entregó, como le sucede a quien arrienda un apartamento". Pero eso resulta imposible, entre otras, "porque la recuperación de la información financiera y contable es imposible". Nadie sabe la verdadera situación. Por ejemplo, en su momento se contrataron dos firmas para hacer la debida auditoría financiera de las cuentas, un ejercicio que dio resultados muy dispares. Mientras unos expertos determinaron una sobreestimación de 3,3 billones de pesos en las reservas técnicas reportadas en el balance preliminar de 2023, otros identificaron una subestimación de 2,7 billones. A su vez, la Contraloría encontró más de nueve millones de facturas repetidas por 8,9 billones de pesos, cuando realizó su examen. Sin embargo, el Ministerio de Salud se encuentra empeñado en que la Nueva EPS abarque cada vez más espacio dentro del sector. Así lo muestra el llamado decreto de territorialidad -hoy suspendido por la justicia- que buscaba asignarle de manera inmediata cerca de 2,5 millones de usuarios adicionales a la institución. Igualmente, el Gobierno ha sido claro en que quiere quedarse con todas las acciones de los demás. En ese sentido llegó a firmarse un acuerdo con las Cajas de Compensación que preveía una transferencia de un porcentaje significativo a un valor simbólico. Pero a pesar de lo acordado respecto a un tratamiento equitativo para todos los cedentes, la intervenida Comfenalco Antioquia se adelantó e hizo la entrega de su parte, con lo cual el ambiente de diálogo se rompió. Según se afirma, la intención gubernamental es hacer una capitalización a cargo del presupuesto nacional, la cual le daría no solo el poder absoluto sobre la Nueva EPS, sino que le permitiría ordenar la liquidación de la gran mayoría de las otras siete entidades intervenidas en los últimos años. En conjunto ello cobijaría a unos 23 millones de personas, lo cual representa el 43 por ciento del total del país. De ser así, se abriría una nacionalización creciente del servicio de salud por la puerta de atrás. Aún si el Congreso vuelve a negar la iniciativa de una reforma de fondo que será presentada de nuevo el próximo 20 de julio -de acuerdo con Gustavo Petro- contar con un jugador cuyo tamaño supere con creces a los demás y que atienda las instrucciones gubernamentales, transformaría el mapa por completo. No obstante, lo planteado comprende un buen número de obstáculos. Para comenzar, las finanzas públicas se encuentran en una posición muy precaria, por decir lo menos, con lo cual no existe la caja para tapar los agujeros abiertos. Aparte de lo anterior, aparece la dificultad de justificar una inyección billonaria de recursos con el riesgo de perderlos. Cualquier funcionario que tenga que estampar su firma en un documento lo pensará varias veces antes de exponer a la Nación a un riesgo adicional por el cual tendría que responder con su patrimonio. Así las cosas, y teniendo en cuenta que a la actual administración no le queda mucho tiempo, surge la probabilidad de que las cosas se sigan manejando como hasta ahora, pateando las dificultades hacia adelante. El lío es que eso aumenta el tamaño de la bola de nieve y la factibilidad de que se derrumbe todo, en caso de que más proveedores de servicios y medicamentos se nieguen a trabajar con quien no les paga. Tal como ha sido la constante en los últimos años, quienes acabarán recibiendo el golpe más grande serán millones de colombianos que tendrán que sufragar de su bolsillo los tratamientos que requieran o exponerse a la enfermedad o la muerte. Ese sería el legado más lamentable de esta especie de Titanic cuyo hundimiento, de una u otra manera, parece inevitable y al cual le acaban de nombrar un nuevo capitán a pesar de que muchos ocupantes tratan ya de subirse a un bote salvavidas. Pero así sucede con las empresas zombis a las que no las dejan descansar en paz.