Transferencias, Regulaciones y Retorno Social

En las democracias occidentales, incluida la nuestra, la oferta política se ha convertido en un catálogo de promesas: transferencias monetarias, beneficios en especie, subsidios empresariales, regulaciones protectoras. La fórmula es simple: ofrecer ventajas cuyo financiamiento queda difuso bajo la expresión "a cargo del Estado", como si este generara recursos por arte de magia, omitiendo el análisis de equilibrio general; los cambios de conducta de los agentes que estos programas provocan, sus efectos sobre la inversión y, fundamentalmente, quién termina pagando la cuenta.

Existe una marcada preferencia por las transferencias monetarias para "aliviar la pobreza", basados en estudios que muestran una "mejora" en el índice de Gini. El resultado es obvio: midiendo principalmente las partidas monetarias y algunas transferencias en especie dejando fuera las dos principales, educación y salud, la distribución aparenta mejorar.

Pero este análisis omite el contrafactual. ¿Cuál es el esfuerzo que deja de hacerse por parte de quienes reciben la transferencia? ¿Cuál es la pérdida de ingreso total de la sociedad que esto genera? Este esfuerzo no realizado reduce el producto agregado, lo que a su vez presiona al alza los impuestos básicamente, sobre la clase media, disminuye la tasa de crecimiento económico y, paradójicamente, también erosiona los ingresos futuros del propio Estado.

La misma lógica aplica cuando se mide la distribución del ingreso antes y después del IRPF. El resultado vuelve a ser obvio, pero ignora la traslación del impuesto. Algunos agentes particularmente aquellos en la cúspide de la distribución pueden trasladar casi completamente la carga impositiva hacia trabajadores menos calificados. La clase media, en cambio, efectivamente paga el impuesto sin capacidad de traslación.

Del lado empresarial, la dinámica es similar. Se otorga un tratamiento tributario preferencial que es, en esencia, un subsidio y el sector favorecido, naturalmente performa mejor que el resto. El resultado es obvio, porque se le concede un retorno superior medido en términos netos.

Los agentes económicos responden desplazando recursos hacia ese sector, hasta que la sobreoferta termina equiparando las tasas de retorno. Mientras tanto, las empresas tratan de estirar al máximo el privilegio pidiendo mantener o sumar más regulaciones que consoliden su ventaja.

Desde el punto de vista social, la economía desperdicia recursos: el retorno social marginal de la actividad subsidiada termina siendo inferior al de una situación normal. Se toman recursos de actividades cuyo valor agregado a precios de mercado era superior, resultando en una pérdida neta de PIB. Nunca es oro todo lo que reluce.

La trampa regulatoria

Las regulaciones merecen un análisis aparte. Muchas veces son las empresas las que abrazan la regulación. Basta escuchar a sus directivos pidiendo "mejoras regulatorias" ante cualquier inconveniente. El objetivo real es elevar el costo de entrada al mercado para nuevos competidores, quienes no pueden absorber la carga regulatoria por su tamaño.

Los propósitos lucen nobles, pero los efectos reales se dan de bruces con las intenciones declaradas. Las regulaciones no solo aumentan los costos para la gente común trámites, certificados sin sentido, sino que bloquean la competencia. La solución correcta para "mejorar la regulación", suele ser reducir drásticamente los requisitos. La situación suele empeorar cuando la intervención estatal es directa, ya que el Estado no dispone de mayor información que los privados.

Sin Evaluación

Para completar el cuadro, existe un problema mayor que afecta casi el 100% de los casos: la ausencia de medición de resultados y evaluación rigurosa de los programas. Ni hablar de estudios de alternativas o del costo que los programas imponen sobre otros agentes. Los programas y acciones nacen inspirados en buenas intenciones, pero en muchos casos su resultado es empedrar el camino al infierno.

Existen costos ocultos considerables que no se miden. Además, como con cualquier bien o servicio, el rendimiento marginal del gasto público, incluidas las transferencias monetarias, decrece a medida que se expande. La proliferación de programas sin evaluación nos lleva al estancamiento o, al menos, a una situación de bajo dinamismo que destruye las ilusiones de progreso, el verdadero motor del ser humano.

El camino correcto

Es evidente que corregir los incentivos perversos a sectores empresariales es políticamente más factible que los programas que afectan directamente a las personas, cuyo cambio es más difícil de explicar y modificar desde el sistema político. Pero precisamente por eso, requieren mayor claridad conceptual.

Las transferencias son necesarias, esto no está en discusión. Lo que está en juego es el diseño de los programas: cuantías limitadas y, salvo casos excepcionales claramente definidos (como discapacidades totales), duración acotada, son centrales. Las asistencias ilimitadas y generosas logran exactamente el efecto contrario al buscado: personas dependientes, sin incentivos para su desarrollo personal. La peor de las vidas posibles.

La contrapartida de esta dependencia es castigar duramente a la clase media, que finalmente paga la cuenta y cuando ésta no ve un futuro de mejora real, se desanima y abandona el esfuerzo, nuevamente perjudicando el desarrollo del país, o directamente emigra, llevándose consigo el capital humano que el país necesita para crecer.

La proliferación de programas sin evaluación ni límites no conduce a la prometida justicia social, sino al estancamiento económico y la destrucción de las expectativas de progreso que mueven a las sociedades. Si realmente queremos ayudar a quienes más lo necesitan, debemos diseñar programas que impulsen la movilidad social ascendente, y no condenen a la dependencia permanente. Y debemos hacerlo sin quebrar a quienes, con su esfuerzo diario, sostienen el sistema productivo.