Alertan sobre ‘cartel de la insolvencia’

La Asobancaria alertó sobre la existencia y operación de lo que ha denominado el "cartel de la insolvencia". Según el gremio, esta estructura criminal utiliza el engaño y el fraude para facilitar que diversos deudores evadan el cumplimiento de sus obligaciones financieras y comerciales. La denuncia detalla que el uso fraudulento de los mecanismos de insolvencia ha experimentado un incremento sustancial en los últimos dos años. Aunque la insolvencia es un instrumento legal diseñado para ayudar a personas con dificultades económicas reales, las fuentes indican que hay un aumento significativo en solicitudes que presentan irregularidades y actuaciones de mala fe. Estas acciones no solo afectan a los bancos, sino que se extienden a obligaciones contraídas con el sector solidario, fintech, compañías de telecomunicaciones y diversos actores. Según Asobancaria, este grupo delictivo estaría compuesto por "un grupo de abogados asesores" que, en connivencia con algunos centros de conciliación, ejecutan maniobras irregulares para acceder indebidamente a los beneficios de la ley de insolvencia. Entre las tácticas identificadas se encuentra la creación de deudas ficticias, un método utilizado para cumplir con los requisitos legales mínimos y forzar acuerdos que perjudican directamente a los acreedores legítimos. Un aspecto relevante de la denuncia es la identificación de los denominados "quiroamigos". Las fuentes señalan que se trata de personas registradas como supuestos prestamistas que aparecen de forma recurrente en múltiples procesos de insolvencia. En varios casos, se ha verificado que estos individuos se encuentran privados de la libertad, lo que evidencia la instrumentalización de identidades para el fraude. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, explicó la gravedad de la situación al señalar que "se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones con el sistema financiero, el sector real, las telcos, los proveedores, entre otros". Enfatizó que estas prácticas traen consecuencias críticas, como la "pérdida de confianza, el reporte a las centrales de riesgo, barreras de acceso al crédito e incluso consecuencias penales". La investigación arroja indicios de una coordinación sistemática entre los abogados y centros de conciliación. Con la alianza se instrumentaliza el trámite legal con fines ilegítimos. Hay un patrón donde los mismos abogados, particularmente aquellos que representan a los acreedores inexistentes, acuden de manera reiterada a las mismas sedes de conciliación para tramitar solicitudes que contienen inconsistencias. El abogado penalista Iván Cancino advirtió que los asesores, los deudores y los prestamistas ficticios se exponen a delitos graves. Precisó que "los abogados, las personas que se declaran en insolvencia haciendo trampa y los prestanombres que permiten usar su identidad para servir como acreedores ficticios, incurren en conductas punibles". El jurista detalló que estas personas podrían enfrentar cargos por "concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento" y subrayó que, de ser hallados culpables, "pueden ir a la cárcel". El reporte subraya que el uso indebido de esta figura legal genera un impacto negativo en la economía del país. Al erosionar la confianza en los deudores, se generan exigencias más estrictas para el acceso al financiamiento y se produce un encarecimiento general del costo del crédito para todos los ciudadanos. Por su parte, Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, recordó que la naturaleza de esta herramienta es el auxilio social y económico. Talero fue enfática al declarar que "la figura de la insolvencia fue creada para aquellos deudores que realmente se encuentran en una situación de crisis, no para evadir el pago de las obligaciones". Asimismo, advirtió sobre las sanciones administrativas para los abogados, quienes podrían enfrentar la pérdida de su tarjeta profesional además de las penas de prisión por actuar de forma fraudulenta.