Efecto de las medidas procrecimiento compensa en el largo plazo el costo fiscal del plan de reconstrucción

El Gobierno firmó y presentó ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la "Reconstrucción nacional y de desarrollo económico y social".
La iniciativa considera un mensaje presidencial con más de 200 páginas de extensión. También se acompaña un informe de impacto regulatorio -práctica que había quedado en desuso en los últimos años- y el esperado informe financiero de la Dirección de Presupuestos (Dipres), sobre el efecto en las finanzas públicas de las medidas planteadas.
La Dipres cuantifica que en los primeros años de implementación de la reforma, si es que fuera aprobada por el Congreso en los términos planteados por el Ejecutivo, los gastos y menores ingresos por las medidas de rebajas tributarias y de cambios legales transitorios son mayores que el efecto fiscal por mayor crecimiento económico que generaría el proyecto. Ese resultado deficitario se invertiría después de diez años de vigencia.
Agrega que en el largo plazo -es decir, después de 15 años de ejecución de la reforma y considerando la aplicación de la invariabilidad tributaria-, los gastos fiscales como la compensación a los municipios por la exención en contribuciones y el reembolso por anulación de Resolución de Calificación Ambiental (RCA) serán de US$ 232 millones (calculados con el tipo de cambio estimado en el último Informe de Finanzas Públicas). Las medidas tributarias como la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración, entre otras, implicarán menores ingresos por US$ 3.317 millones.
Con ello el costo fiscal asciende a US$ 3.549 millones.
En tanto, el efecto en recaudación por el mayor crecimiento económico que generarían las medidas del proyecto en el mismo plazo sería de hasta US$ 6.333 millones (ver gráfico). En el mismo informe financiero hay una proyección más extrema, en que hay una mayor recaudación de solo US$ 3.248 millones.
Hacia el año 25 de implementación -cuando culminaría la invariabilidad impositiva-, el efecto fiscal positivo por la mayor actividad económica saltaría a US$ 8.684 millones.
En el desagregado, la reducción de plazos en permisos que se propone en el proyecto es la propuesta que genera más recaudación en el largo plazo, con US$ 2.120 millones. Le siguen la reducción del impuesto corporativo (US$ 1.916 millones) y la invariabilidad tributaria (US$ 1.332 millones).
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió que el "informe nos muestra que esto, combinado con las medidas de reordenamiento fiscal que ya partieron, nos genera un planteamiento con plena responsabilidad fiscal hacia el futuro".
Efecto compensatorio
La economista sénior de LyD, Macarena García, comenta que el proyecto "trae un estrés adicional en las cuentas fiscales para los primeros años y que, posteriormente, el impacto es positivo, aumentando la recaudación". La experta precisa que el informe financiero "no considera el actual recorte (de gasto) de US$ 4.000 millones anunciado u otros que puedan venir más adelante".
Vanesa Lanciotti, socia líder de Tax & Legal en Deloitte, advierte que el informe muestra que "el efecto compensatorio del crecimiento es lento y exigente". Añade que "durante algunos de los años clave del ajuste, el escenario que permite dar vuelta el balance requiere crecer a tasas superiores al 3%, algo que Chile no ha logrado de forma sostenida en la última década".
Juan Ortiz, economista sénior del Ocec de la UDP, señala que el proyecto de reconstrucción "no incluye medidas de mitigación para lograr que las medidas tributarias sean fiscalmente neutras y el impacto en el nivel del PIB no compensa totalmente el menor recaudo de varias propuestas".
Rodrigo Montero, decano de Economía de la U. Autónoma, apoya los supuestos de la Dipres y plantea que "sería interesante que el informe contuviera escenarios alternativos, es decir, situaciones en donde los supuestos dados como base no se cumplen".
"La discusión no es si el proyecto tiene una lógica económica", complementa Loreto Pelegrí, socia de Asesoría Legal y Tributaria de PwC Chile, "sino cuán realista es el escenario bajo el cual esa lógica se transforma en sostenibilidad fiscal efectiva".
Las seis claves en torno a la propuesta1 Procrecimiento
El proyecto busca operar como una señal macroeconómica amplia hacia la inversión. El mensaje presidencial parte de un diagnóstico de estancamiento y, sobre esa base, el Ejecutivo presenta el paquete como un intento de cambiar expectativas y reactivar la inversión privada.
Ese enfoque enroca el informe financiero. Allí se atribuye al proyecto un efecto fiscal por mayor crecimiento de 0,12% del PIB en el Año 1 hasta 1,21% en el Año 25. Según Hacienda, cada punto adicional de crecimiento genera holguras fiscales en torno a 0,13 puntos del PIB. En la desagregación oficial, los mayores aportes al crecimiento provienen de la rebaja del impuesto de primera categoría, la reducción de plazos de permisos y la invariabilidad tributaria.
2 Cambio de eje
El proyecto organiza la iniciativa en reconstrucción física, económica, institucional y fiscal. Es decir, aunque lo urgente es la habilitación de viviendas, lo que domina es generar un cambio de eje hacia una economía que gatille más inversión y dinamismo.
En el componente de reconstrucción propiamente tal, cifra en 42.288 las hectáreas quemadas en Ñuble y Biobío, en cerca de 4.100 las viviendas destruidas, en 21 las personas fallecidas y en 333 las lesionadas. El informe financiero amplía el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios en $ 400.000 millones, elevando su marco total a $ 1,2 billones y extendiéndolo hasta el 31 de diciembre de 2028.
Esa expansión convive con una agenda económica más amplia.
3 El núcleo tributario
La medida más relevante es la rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%. En Propyme, la baja a 23% comienza desde 2030. A eso se suma la reintegración del sistema tributario.
La invariabilidad se suma al núcleo estructural, con un estatuto por 25 años para inversionistas locales y extranjeros con proyectos desde US$ 50 millones, con una vigencia de 25 años.
Hay un bloque transitorio con exenciones de IVA a viviendas nuevas, adelanto de impuesto a herencias y donaciones, declaración de bienes en el extranjero con repatriación para inversión en Chile e impuestos sustitutivos sobre utilidades acumuladas. Ello, además de la exención de contribuciones a los adultos de 65 años o más para su primera vivienda.
4 Inyección laboral
Uno de los elementos más potentes de la propuesta corresponde al crédito tributario al empleo. El diseño oficial contempla un crédito de hasta 15% para remuneraciones de hasta 7,8 UTM, con reducción lineal hasta llegar a cero a las 12 UTM. La lógica del Ejecutivo es abaratar la contratación formal en un contexto de mercado laboral débil y de altos niveles de desempleo persistente.
En el informe financiero esta es la medida individual de mayor costo, por unos US$ 1.400 millones al año en régimen. El supuesto es un uso de 100% del beneficio, con un crecimiento anual de 1,2% de los cotizantes elegibles y alza real anual de 1,9% de las remuneraciones. También se incorpora un ahorro fiscal por incompatibilidad con el Subsidio Unificado al Empleo.
5 El "factor CFA"
La opinión del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre el impacto fiscal de este proyecto acaparará la atención cuando deba ir a exponer al Congreso. La entidad ha adquirido un respetado prestigio técnico que en su minuto le valió críticas del gobierno anterior.
El informe financiero de Hacienda, para este proyecto, muestra que el paquete tiene un costo neto en la primera etapa y que su mejora posterior depende del efecto crecimiento.
El informe financiero basa sus cálculos en el Informe de Impacto Regulatorio de la propia Subsecretaría de Hacienda y en parámetros tomados del comité de espacio fiscal y crecimiento tendencial. No hay otras referencias. Una parte importante del cierre fiscal depende de efectos futuros y no de ingresos permanentes inmediatos.
6 El derrotero político
En su primer trámite en la Cámara de Diputados, el Gobierno amarró un acuerdo con el PDG que le permitirá asegurar la idea de legislar y dar viabilidad a las rebajas tributarias en la Cámara Baja, pues superará el mínimo de votos necesario para avanzar en primer trámite. El entendimiento se construyó en torno a un plan paralelo de alivio para la clase media.
El Ejecutivo ya negocia con senadores buscando apoyos adicionales, mientras la oposición anticipó una ofensiva ante el Tribunal Constitucional. Los cuestionamientos apuntan a la amplitud del proyecto, a la coexistencia de varias ideas matrices y, en particular, a materias como la invariabilidad tributaria por 25 años y la exención de contribuciones para adultos mayores.
Inconsistencias en cifrasEn el mensaje del proyecto de ley se dice que la tasa de impuesto corporativo promedio en la OCDE es 24% (correcto para los 38 países miembros), pero en el informe de impacto regulatorio se usa 23% (promedio global excluyendo jurisdicciones con tasa 0%).
En la regularización de bienes en el exterior, el articulado establece un impuesto de 10%, rebajable a 7% si hay repatriación e inversión en Chile, mientras el informe financiero (IF) describe una tasa de 8%. Algo parecido ocurre con las facilidades de pago en Tesorería: el proyecto de ley dice que se exige un pie de 10% del capital original, y el IF, el 15% del total adeudado (que incluye intereses y multas acumulados).