La obsesión con el control territorial

Jorge Restrepo
Escuchar a los candidatos a la Presidencia, a sus asesores y leer sus programas, muestra una obsesión por el "control territorial", idea simple que se volvió muletilla. No es un asunto ideológico: aunque uno encuentra esta idea en el "progresismo" actual, fue en los 60 y los 70 que se dio prioridad a la presencia militar para controlar, con un enorme aumento en el gasto y escasos resultados. Tal vez por su ineficiencia es que durante la gran expansión de las fuerzas militares y de policía de 1997 al 2007 no se siguió este objetivo de control, ni durante los decisivos resultados después del 2008. Los que posicionaron recientemente el objetivo de extremar el control territorial fueron algunos organismos multilaterales tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Además de apoyar la idea simple de la "paz total" insistían en su complemento: la ocupación del territorio desocupado por esa guerrilla tras el Acuerdo, como si fuera un problema hidráulico. El detalle programático de la idea se reduce a "aumentar capacidades militares" para "recuperar el control territorial" mediante un despliegue por copamiento o presencia sostenida donde hay problemas de seguridad o violencia. Este tipo de despliegue masivo y persistente, aunque mejora la percepción es a lo sumo disuasivo contra el crimen y termina limitando los recursos para operaciones focalizadas contra el crimen. Los principales originadores de la inseguridad hoy son organizaciones criminales. Lo que controlan estas organizaciones son las fuentes de rentas. Y aunque para ello someten a la amenaza y al uso de la violencia a la población, el énfasis no está en ocupar o apropiarse de la propiedad rural. La inseguridad y la violencia que generan estos grupos armados es más intensa donde sostienen disputas con otros criminales organizados; no es un conflicto contra el Estado ni por el territorio. La excepción son las fronteras o enclaves de producción industrial de cocaína y oro ilegal -El Catatumbo, Arauca y municipios en Nariño, Cauca y Putumayo- donde es necesario mantener operaciones permanentes en contra de todos los grupos en disputa, así como una capacidad de respuesta, mas no una presencia territorial fija. La expansión para ocupar conduce además a una militarización costosa de la seguridad, a una ineficiencia en el uso de recursos y a un gigantismo de las fuerzas de seguridad al punto de que es impagable en la situación fiscal. Hoy, aunque sí es efectiva para el debate electoral pues genera una falsa percepción de seguridad y de firmeza contra el crimen, y permite justificar expansiones presupuestales automáticas, lo cual da plata y votos: más pie de fuerza para mandar, mantener la compra de la inconveniente flota de superioridad aérea y contratos para construir y proteger infraestructura militar permanente. Sin una estrategia judicial suficiente y efectiva, centrada en desmantelar todos los grupos en disputa, y sin planear medir y dirigir los recursos por resultados de seguridad, no habrá protección y a lo sumo el crimen organizado se traslocará.
Profesor de Economía Pontificia Universidad Javeriana.