Subir el mínimo otra vez les daría duro golpe a los hogares

Crece y crece la polémica ante la amenaza del presidente de la República, Gustavo Petro, en la que dijo que volvería a subir el salario mínimo si el Banco de la República continúa incrementando la tasa de política monetaria como mecanismo para atajar la inflación. Así lo advirtió en el Consejo de Ministros del pasado martes, en donde planteó que la actual coyuntura configura un escenario adverso para la actividad productiva con tipos de interés altos y aranceles por parte de Ecuador. "Están matando a la economía, deteniéndola para fines electorales en la Junta Directiva del Banco de la República", dijo Petro en su alocución. Para Natalia Gutiérrez, presidente del Consejo Gremial y de Acolgén, esta advertencia del mandatario es preocupante, ya que ponen en riesgo al país y envían una señal indebida de presión sobre la institucionalidad. "El presidente de la República, como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, tiene deberes claros: cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, respetar la separación de poderes y garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones. Estos deberes no son retóricos, son jurídicamente exigibles. En un Estado de Derecho, la política monetaria y salarial tienen finalidades distintas. Los incrementos de salarios no deben usarse como mecanismo de presión para forzar medidas que buscan atacar fenómenos inflacionarios, más aún si se considera que los aumentos salariales sólo benefician a los trabajadores si su poder adquisitivo se preserva", comentó la dirigente gremial. En la actualidad, el salario mínimo se rige por el Art. 56 de la Constitución y la Ley 278 de 1996. Su fijación exige concertación y decisión motivada con base en criterios técnicos: productividad, inflación y empleo. Entre tanto, mencionó que la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que desconocer estos criterios vulnera el principio de legalidad y puede configurar desviación de poder, pues el Gobierno no tiene discrecionalidad para fijar el salario mínimo al margen de parámetros objetivos como inflación, productividad y empleo. "Persisten dudas técnicas sobre la magnitud de aumentos recientes cercanos al 23%, su correspondencia con la productividad y sus efectos sobre empleo e informalidad. Insistir en esa lógica, sin sustento claro, amplifica riesgos económicos", escribió Gutiérrez. ¿Qué dice la academia? A su turno, Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá señaló que esa nueva propuesta de subir el mínimo tendría un gran impacto en la economía nacional. "Podría tener un impacto alto y contradictorio en términos macroeconómicos. Si el Banco de la República sube tasas, lo hace para enfriar la demanda, contener expectativas y evitar que la inflación se desancle. Si, en paralelo, el Gobierno responde con un alza adicional del salario mínimo, el efecto sería el contrario: más presión sobre el ingreso disponible de una parte de los hogares y, al mismo tiempo, aumenta costos laborales para las empresas. Es decir, una autoridad apretando el freno y la otra pisando el acelerador", aseveró la experta. Otro de los efectos que tendría estaría relacionado con los parafiscales de los trabajadores, ya que el salario mínimo no solo remunera a trabajadores, sino que arrastra pagos de seguridad social, prestaciones, recargos y parte de la estructura de costos de sectores intensivos en mano de obra. Y resaltó que en un contexto de inflación anual de 5,56% y con una tasa de política monetaria de 11,25%, una nueva subida del mínimo podría traducirse en más presión sobre precios, menor margen para bajar tasas después y un deterioro adicional en la contratación formal, especialmente en comercio, servicios y microempresas. "Si el salario mínimo empieza a moverse como respuesta política a las decisiones del emisor, el mercado puede leerlo como una pérdida de coordinación macroeconómica. Y eso pesa sobre expectativas de inflación, tasas de crédito y confianza empresarial, justo cuando el país aún intenta consolidar la desaceleración de los precios", agregó la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura. ¿En qué va el decreto que fue suspendido?

El pasado 14 de abril del 2026, el Consejo de Estado anunció que dejó en firme la decisión de mantener suspendido el decreto con el que el Gobierno Petro fijó el incremento del salario mínimo para este año. Se resalta que el alto tribunal mantuvo la orden de expedir un aumento transitorio. Vale mencionar que, con esta decisión, desde la mesa directiva se negó un recurso de reposición que buscaba tumbar esa medida por completo, al concluir que sí tenía competencia para imponer decisiones provisionales. Ante esto, la experta en economía señaló que, aunque se haya solicitado la expedición de un nuevo decreto y que este como fue similar se volvió a suspender, desde la alta corte no se está solicitando mejorar el salario mínimo sino revisar si se ajustó o no a la ley y a los criterios que deben ponderarse en esa fijación: inflación, productividad, crecimiento, participación del trabajo en el ingreso y situación del mercado laboral. "Si tumba el decreto, lo más esperable no es que el Consejo de Estado fije un monto superior, sino que obligue a rehacer el acto conforme a las reglas jurídicas. En otras palabras, el riesgo jurídico hoy no es tanto que el salario quede "más alto" por decisión del juez, sino que se abra un nuevo pulso institucional sobre cómo debe calcularse y sustentarse. Y eso, en sí mismo, ya genera ruido para empresas, sindicatos y mercados", añadió.