Debate por asignaciones: plantean eliminar las contraprestaciones, pero surgen críticas desde la oposición

Viene de larga data la discusión sobre si debe haber ciertas condiciones, más allá del nivel socioeconómico, para recibir las asignaciones familiares del Plan Equidad. Hubo idas y vueltas en los últimos años y la situación actual es que se debe asistir a un centro educativo y a los controles de salud para poder recibir esta prestación. Pero un borrador de las conclusiones del Diálogo Social -ámbito que creó el Poder Ejecutivo para buscar consensos con sindicatos, partidos y organizaciones- propone volver a eliminar las contraprestaciones.

Las conclusiones se presentarán el martes en el Consejo de Ministros, pero, según un borrador al que accedió El País, habría un apartado denominado "Protección económica de niñas, niños y adolescentes" donde se refiere a los ajustes que creen necesarios en las transferencias. Resta esperar cuáles serán las recomendaciones que tome el Poder Ejecutivo del documento. En una etapa posterior, habrá que ver la aceptación que tienen en la oposición las medidas que precisan ir al Parlamento, donde el Frente Amplio no tiene mayoría en la Cámara de Representantes.

Del Diálogo Social surgió, según el borrador, que el "fortalecimiento de las transferencias monetarias dirigidas a los hogares con niños, niñas y adolescentes es una medida necesaria y pertinente para mejorar la protección social de estos hogares y reducir las situaciones de vulnerabilidad". Asimismo, se pretende que estas prestaciones "adquieran niveles de suficiencia superiores y aumenten su contribución a la mejora de la seguridad económica".

El documento, además, dice de manera explícita que se busca "eliminar las condicionalidades para el cobro de las transferencias". Se argumenta que hay evidencia del "bajo impacto de las contraprestaciones en la asistencia escolar y sanitaria, así como de sus efectos negativos en la protección de los sectores que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad".

Pero la idea de quitar contraprestaciones, un punto de discusión desde hace años, no es vista con buenos ojos en la oposición y por las cámaras empresariales.

El senador del Partido Nacional y exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, indicó a El País que quitar la condicionalidad sería un "retroceso total". A su entender, es importante que exista, dado que, más allá del impacto, "hay un mensaje" porque "no puede valer lo mismo" que se cumplan o no con los requisitos actuales. Además, considerar "que es lo mismo ir a la escuela o liceo que no, es ir hacia una línea de condena de una trayectoria de vulnerabilidad", añadió.

Por su parte, la diputada blanca Fernanda Auersperg y exdirectora de protección social del Mides en el periodo anterior entiende que las "condicionalidades de las políticas sociales son buenas en la medida que se piensen para complementar a la política que se diseña, por ejemplo, incentivando el compromiso con la educación, el cuidado de la salud o el trabajo".

"Es una forma de agregar herramientas para ayudar a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, sobre todo en el caso de niños y jóvenes, si se logran mejorar las oportunidades de futuro", señaló, y sumó: "Cómo se implementan las condicionalidades es clave, tienen que sumar y no solo ser más burocracia imposible de controlar".

Por otra parte, Cabildo Abierto, según se indica en el borrador del Diálogo Social y había adelantado El País, planteó la "inconveniencia de renunciar a todo tipo de condicionamientos para el cobro de prestaciones, ya que podría llevar a institucionalizar la mendicidad, sin generar estímulos para la superación personal".

En tanto, las cámaras empresariales -que también participaron del Diálogo Social- propusieron "mantener las condicionalidades para el cobro de las transferencias" porque, a entender de estas, "se trata de un complemento de acciones que le corresponden al individuo y a servicios que tiene que prestar el Estado como salud y educación". Se propone, en cambio, "instrumentar mecanismos de interacción con aquellos que no cumplan las condiciones y dotar de gradualidad en el tratamiento de la condición para evitar la suspensión directa automática".

Por otra parte, desde el Frente Amplio el senador frentista Eduardo Brenta indicó a El País que hay evidencia internacional de que quitar las transferencias no hace que los niños y adolescentes regresen a las escuelas y liceos. "Lo más probable es que lo pongan a trabajar. El corte genera un alejamiento", indicó, y destacó que en 2025 el gobierno logró revincular a 2.246 personas en edad de educación obligatoria a través de un sistema en el que se hizo un trabajo personalizado.

"A la gente le queda la sensación de que se va a hacer retornar al gurí por la pérdida de la asignación familiar, pero, en esos sectores de alta vulnerabilidad, funcionan otro tipo de códigos. Hay que convencer y no aplicar una política que es doblemente sancionatoria y tiene como resultado la desvinculación total", continuó el senador.

Más allá de que la idea esté en el borrador del Diálogo Social, este es un tema que formó parte de la campaña electoral. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo En la Mira (VTV) que era "absolutamente" partidario de que las transferencias directas no sean retributivas. Lo que reafirmó el presidente Yamandú Orsi, mientras era candidato a la Presidencia, cuando aseguró: "El componente de la retribución ya no se discute más. Se tiene que terminar. No hay forma porque se te descalza una parte de la población, no le pidas algo que no te puede dar".



En setiembre, todas las prestaciones económicas se discutieron en el Ciclo de Seminarios del Diálogo -charlas con autoridades y especialistas en distintas temáticas que se hicieron en Torre Ejecutiva. Allí el director nacional de transferencias y análisis de datos del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Martín Fernández, dijo que estaban "dispuestos a no seguir por inercia ninguna de las políticas" que llevan adelante. A esto sumó: "Estamos para pensar y discutir con total apertura y vulnerabilidad en pos de mejorar la potencia de nuestros programas. Y este, el de transferencias no contributivas, es uno de los pilares de la protección social. No son todo, pero son un aporte muy importante de alivio a la pobreza".

El debate sobre las contraprestaciones viene desde larga data e incluso existieron diferencias dentro del Frente Amplio. Durante el gobierno de José Mujica, en 2013, se empezó a implementar el corte de asignaciones por no ir a estudiar. Pero esto se terminó cuando Marina Arismendi volvió al Ministerio de Desarrollo Social en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez en 2015. Pero, como el entonces mandatario no compartía su postura, en 2016 volvieron las contraprestaciones.

Años después, en el gobierno de Luis Lacalle Pou, en el contexto de pandemia se decidió no hacer recortes en 2020 y el segundo semestre de 2021 (en el primer semestre sí). Ya luego se retomó la política y hubo controles desde 2022 hasta que terminó esa administración.