Los nuevos poderes que se le entregan al SII para ayudar a fiscalizar el "fraude social"

Hace unas semanas el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizó un balance positivo tras el anuncio del cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que tienen altos ingresos. Esto, luego de que la Tesorería General de la República (TGR) identificara a 1.800 personas que no han pagado el CAE y que reciben sueldos superiores a $5 millones mensuales, acumulando una deuda conjunta de US$ 20 millones.
Quiroz también abordó el debate sobre la gratuidad en la educación superior: "Nosotros estamos a favor del gasto social: una cosa es el gasto social y otra cosa es el fraude social. Cuando alguien con altos ingresos accede a estos beneficios, eso no es gasto social, sino fraude social. Vamos a combatir el fraude social con todas nuestras fuerzas".
La ofensiva del titular de Hacienda para combatir esta situación se profundizó con una propuesta de cambios normativos que se incluyó en el proyecto de ley de Reconstrucción o "ley miscelánea", que ingresó a tramitación legislativa la semana pasada el Gobierno.
Más facultades
La iniciativa del Ejecutivo busca fortalecer las capacidades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII), mediante una mayor interoperabilidad de datos públicos.
En primer término, se propone la potestad del Servicio para requerir, recibir y efectuar cruces de información con bases de datos y registros administrados por cualquier órgano de la Administración del Estado, siempre que sea necesario para la aplicación y control de los tributos. Se establece, asimismo, el deber de Impuestos Internos de garantizar la seguridad y confidencialidad de esta información, bajo las normas vigentes de secreto y reserva.
En segundo lugar, se mandata al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), y a otras entidades que administren el Instrumento de Caracterización Socioeconómica, a proporcionar al SII la información contenida en este.
Se plantea en el mensaje del proyecto que el flujo de estos datos, cuya forma y plazos serán definidos por una resolución del Servicio, "tiene como fin exclusivo permitir una fiscalización más precisa y la correcta aplicación de beneficios o cargas tributarias, manteniendo estrictos estándares de reserva legal sobre la identidad y situación socioeconómica de los contribuyentes".
También se permite que la información señalada deberá ser compartida por el SII a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para el ejercicio de sus funciones.
La directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud, apoyó los cambios que se proponen en el proyecto.
"Avanzar en mecanismos que permitan una mayor fiscalización del uso de los recursos públicos, es algo valorable. Por ejemplo, hay evidencia del comportamiento estratégico de las personas en el Registro Social de Hogares (RSH), por tanto, poder contrarrestar esta información con fuentes del SII podría ayudar a identificar estas situaciones y evitar el fraude", dice.
La economista añade que "lo importante es limitar en la ley los usos de esta información y el debido resguardo de la información personal de las personas naturales". Complementa que también "es clave que el Ministerio de Desarrollo Social tenga un rol central en esta agenda y que sirva para implementar mejoras permanentes en el actual instrumento de focalización, que es el RSH".
Similar visión tiene la investigadora de LyD, Paulina Henoch. "La iniciativa que otorga facultades al SII para requerir información con el Registro Social de Hogares es un paso relevante para asignar de mejor manera los recursos. A través de ella, el Ministerio de Desarrollo Social quedará mandatado a compartir con el SII datos de beneficiarios de programas sociales y características socioeconómicas de los hogares. Al cruzar esta información con los antecedentes tributarios del SII, el Estado podrá identificar con mayor precisión la presencia de inconsistencias", señala.
La experta explica que esto permitirá a la Dipres orientar mejor los recursos: "Actualmente, algunos tipos de cruces dependen de convenios de intercambio de información, que en algunos casos pueden ser lentos o no contemplar la totalidad de los datos disponibles, lo que limita la capacidad del Estado de verificar adecuadamente esta asignación".
En esta línea, Juan Alberto Pizarro, presidente de la comisión tributaria del Colegio de Contadores, complementa que el Servicio de Impuestos Internos "posee una de las bases de datos más potentes del Estado. Por tanto, facultar el intercambio de información con otras instituciones públicas es clave para generar valor estratégico".
Agrega que "esto permitirá cruzar datos con mayor precisión, identificando el nivel de ingresos real de los beneficiarios de programas sociales. El objetivo final es doble: hacer más eficiente el gasto público y fortalecer la fiscalización".
DipresLa Dirección de Presupuestos también podrá acceder a los datos que recabe el SII y servirá para tener un mejor gasto fiscal.