Frivolidad constitucional

Un reconocimiento sorprendente es el que acaba de realizar Matías Meza-Lopehandía, uno de los más cercanos colaboradores del expresidente Boric y quien fuera su jefe de gabinete. En entrevista con Sábado, de "El Mercurio", Meza-Lopehandía, haciendo una autocrítica de lo que fue esa administración, ha admitido que "nos equivocamos estratégicamente al reconducir el malestar del estallido social hacia un proceso constitucional"; en lugar de ello, agregó, "debimos haber amarrado la reforma tributaria, de salud y pensiones". Aunque mucho se ha escrito sobre los renuncios de la administración Boric, las palabras de su exasesor tienen un alcance especial, pues ponen en cuestión ya no solo el núcleo del proyecto frenteamplista, sino también el gran leitmotiv que movilizó a la izquierda por más de una década.
En una primera lectura, los dichos de Meza-Lopehandía aparecen como otra ratificación de cuán equivocado estaba el gobierno de Boric cuando amarró su propio éxito y el cumplimiento de su programa a la aprobación de la propuesta constitucional de la Convención, siguiendo la tesis que había explicitado Giorgio Jackson. Pero aunque el exministro fue el rostro de esa visión, solo se limitó a expresar públicamente aquello de lo que todo el Frente Amplio y buena parte de La Moneda estaban convencidos. Y es que basta leer el programa original de Gabriel Boric y la cantidad de menciones que allí se hacen de la nueva Constitución, vinculándola con el futuro de todo tipo de políticas, desde la educación hasta el manejo de las aguas, para advertir cuán efectivamente imbricados estaban el proyecto frenteamplista y la idea de una nueva Carta. Eso es, por lo demás, lo que explica los niveles casi risibles a que llegó la intervención del Ejecutivo en la campaña del Apruebo, con el propio Presidente firmando autógrafos del texto y la ministra vocera repartiendo ejemplares en un quiosco ad hoc .
Después de todo, la idea de una nueva Constitución, si bien apareció mencionada en el programa de Eduardo Frei en 2009, solo tomó fuerza a partir del movimiento estudiantil de 2011, cuyos dirigentes -verdadero embrión del Frente Amplio- asumieron las tesis de Fernando Atria y otros autores, en cuanto a que la Carta vigente era "tramposa", llena de cerrojos destinados a "neutralizar la agencia política del pueblo" y así impedir las profundas transformaciones que el país necesitaba. Luego, aunque Michelle Bachelet hizo suya esta demanda al conformar la Nueva Mayoría, su fracaso en lograr el objetivo de dotar al país de una nueva Constitución le valió acerbas críticas, entre otros, del propio Boric. Por cierto, la primera candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, incluyó este tema como un punto central de su plataforma en las elecciones de 2017.
Finalmente, el estallido de 2019 les regaló a los jóvenes frenteamplistas la posibilidad de hacer realidad su aspiración. En efecto, aunque en las primeras manifestaciones post 18 de octubre el tema no se mencionaba y las encuestas de la época lo situaban muy abajo en las prioridades ciudadanas, la oposición al gobierno de Sebastián Piñera, en una actitud colindante con el chantaje -era la época en que se celebraba la "vía de los hechos"-, condicionó cualquier entendimiento con esa administración a que se iniciara un proceso constitucional. Ello, al tiempo que instaló el discurso de que solo una nueva Constitución permitiría atender las demandas sociales y hacer los cambios que el país necesitaba. Fue arriba de esa misma ola que Gabriel Boric logró imponerse ampliamente en la segunda vuelta presidencial de 2021 y llegar a La Moneda para desde allí, y al amparo de una nueva Carta Fundamental, hacer de Chile "la tumba" del neoliberalismo. Era los tiempos en que cualquier Constitución sería "mejor que la de los cuatro generales", según decía el ahora exmandatario.
El hecho de que, cinco años después, su estrecho asesor admita que todo eso fue un error estratégico y que hubiera sido posible llevar a cabo grandes reformas sin someter al país a la incertidumbre de dos procesos constitucionales, revela cuánto había de frivolidad en la manera en que la izquierda en general, y el Frente Amplio en particular, levantaron el tema y lo transformaron por más de una década en su gran bandera de lucha. Imaginar lo que hubiera significado para Chile la aprobación del texto constitucional de la Convención da una medida del nivel de irresponsabilidad que toda esa "estrategia" involucró.