Caducidad de concesión

El Ministerio de Energía decidió no caducar la concesión de la empresa Enel Distribución, en el proceso iniciado a raíz de las interrupciones del servicio eléctrico ocurridas en agosto de 2024. En esa ocasión, los cortes dejaron a 700 mil clientes (y sus familias) sin suministro, en algunos casos hasta por dos semanas. La autoridad tomó la decisión luego de recibir el informe técnico de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sobre el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria por parte de Enel.
Los hechos de 2024 causaron un severo daño a los afectados y originaron un enorme malestar público contra la empresa, la que fue sancionada en 2025 con multas de la SEC por $18.800 millones; además, debió compensar por un valor de $17.059 millones a los usuarios. Fue haciéndose eco de ese enojo ciudadano -y también buscando el consiguiente rédito político- que el gobierno de la época decidió iniciar un proceso de caducidad, pese a las complejidades que ello supone, oportunamente advertidas por especialistas. El procedimiento requería, como elemento clave, el informe técnico de la SEC, cuyos resultados fueron remitidos al ministerio a fines de abril.
El apagón de agosto de 2024 se debió a un temporal con ventarrones de hasta 120 km/h, que derribó miles de árboles -la mayoría en mal estado-, los que cayeron sobre el tendido eléctrico, interrumpiendo el servicio en gran parte de Santiago. Reponerlo demandaba remover en cada lugar el respectivo árbol, para luego reparar cables y postes. Dado que hay una cantidad limitada de equipos y personal de emergencia, se trajeron refuerzos de regiones e incluso de otros países, pero la magnitud del problema hizo que la tarea fuera lenta. Una muy deficiente comunicación agravó el malestar.
Frente a los cuestionamientos a su insatisfactoria gestión, la empresa se defendió señalando que la violencia del viento constituía un motivo de fuerza mayor y que el estado de los árboles era responsabilidad de los municipios. En efecto, la caída de tal cantidad de vegetación sobre el tendido no estaba incluida en los escenarios bajo los cuales se calculan los equipos de emergencia en el proceso de tarificación (un exceso de equipos se hubiera reflejado en mayores cobros a los clientes). Además, la empresa ha enfrentado un período de tarifas que han resultado en retornos sobre patrimonio de menos de 2% durante los últimos 4 años, lo que hace más difícil incurrir en gastos más allá de los cubiertos por los precios. Y frente a la acusación de haber provisto información inexacta durante los cortes, Enel argumentó que era difícil entregar información precisa en esas condiciones y que sus canales de atención no estaban diseñados para la demanda que enfrentaron. Aunque el informe de la SEC no se ha hecho público, según trascendidos publicados por la prensa, este reconoce el desempeño de la empresa a lo largo de los últimos años y advierte un mejoramiento de sus servicios con posterioridad a la crisis.
Es interesante contrastar este caso con el de Essal, la sanitaria que en 2019 dejó sin agua a Osorno por diez días. La diferencia es que, en Osorno, los problemas eran evidentemente de responsabilidad directa de la empresa, producto de malos procedimientos y de equipos primitivos. Allí, frente al riesgo claro de perder la concesión, el propietario vendió la firma a un nuevo inversionista, que logró evitar así que ello sucediera. Una comparación igualmente reveladora puede hacerse con otra filial de Enel que ha tenido problemas de cortes, en Sao Paulo, Brasil, donde el regulador emitió un informe favorable a la caducidad. La diferencia es, primero, la reiteración de los cortes en Sao Paulo por varios años y, segundo, la débil respuesta para aplicar las medidas solicitadas por el regulador. En Santiago, en cambio, Enel ha sido mucho más diligente en podar árboles y en invertir para mejorar la calidad del servicio, y en el largo plazo se ha ubicado dentro de la norma. Así, aparentemente, la credibilidad de la amenaza de perder la concesión ha sido más eficaz en Chile que en Brasil.