El Comercio, Perú
9 de mayo de 2026
Crítico. La medida fue aprobada bajo causal de emergencia. Especialistas cuestionan la falta de inteligencia artificial en los equipos y que el sistema de alerta dependa, principalmente, de que los conductores activen un botón de pánico.
Mientras Lima y el país seguían minuto a minuto la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) avanzaba con una compra directa de más de S/100 millones para instalar aproximadamente 40.000 cámaras de videovigilancia en 8.000 buses de transporte público como respuesta a la creciente inseguridad ciudadana.El Comercio pudo verificar que la adquisición, aprobada el pasado 16 de abril de este año, se amparó en una declaración de emergencia, mecanismo que permitió evitar el proceso regular de licitación y adjudicar el contrato de manera directa. Especialistas consultados por este Diario cuestionaron tanto el uso de esta figura excepcional como la efectividad del modelo de seguridad propuesto, debido a las especificaciones técnicas exigidas para las cámaras. ?La compra directa?La actual contratación se concretó luego de que quedara sin efecto un primer expediente técnico promovido en el 2025 por la propia ATU, que planteaba un concurso público para alquilar más de 16.000 cámaras destinadas a 8.100 vehículos, entre buses y taxis, por un monto superior a S/55 millones. Tras esa nulidad, entre fines de dicho año e inicios del 2026, la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica emitió informes para justificar una contratación urgente destinada a adquirir e instalar cámaras, conectividad, almacenamiento y monitoreo en hasta 8.000 buses.En abril de este año, la entidad evaluó las cotizaciones recibidas y concluyó que la única propuesta válida era la del Consorcio Perú-Bolivia por S/110?998.473,60. Días después, el 22 de abril, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió opinión favorable para aprobar una contratación directa por causal de emergencia, pese a que el requerimiento venía siendo trabajado desde años anteriores.?Los cuestionamientos?Según los términos de referencia revisados, el sistema contempla la instalación de cinco cámaras por bus, además de GPS, grabador digital, conexión 4G y un botón de pánico en la cabina del conductor. Ante un hecho criminal, el chofer deberá activarlo manualmente para enviar una alerta con la ubicación del vehículo y acceso inmediato a las cámaras al centro de monitoreo de la ATU.El ingeniero Samuel Saavedra explicó a El Comercio que ?las cámaras y también el MDVR no cuentan con inteligencia artificial. Son cámaras comunes que se podrían implementar en un sistema CCTV, que es un sistema de circuito cerrado de televisión?. Sin esa tecnología, la eficacia recaería en la central de monitoreo y en que el conductor active el botón de pánico.El experto resaltó que el sistema dependerá de redes móviles comerciales, cuya señal puede ser intermitente, por lo que, ante un asalto en movimiento, la alerta podría no llegar nunca.En el plano jurídico, el abogado Rodrigo Linares cuestiona el uso de la contratación directa por emergencia y señala que el argumento de la ?inmediatez? se debilita al revisar antecedentes de la propia ATU. Citó el informe número D-002594 del año 2024, de fecha 18 de diciembre, en el que ya se sustentaba la necesidad del servicio de videovigilancia. ?Desde el 2024 tenían esta necesidad. Estamos hablando de ya casi dos años después y la única salida que tienen es contratar un procedimiento de selección no competitivo?, cuestionó.En comunicación con este Diario, la ATU afirmó que la contratación directa respondió a la emergencia por inseguridad y a la nulidad del proceso previo. Sostuvo que el incremento del costo obedece a la ampliación del proyecto.
