Las redes de Fernández Albín: testaferros, dinero en efectivo y negocios de un clan donde son clave los vínculos de sangre

A Luis Fernando Fernández Albín todos lo señalan. Detrás de los grandes cargamentos de droga incautados en los últimos años, los investigadores siempre han sugerido, por lo bajo, que su mano estaba presente. Se trata de un hombre que pasó gran parte de su vida en prisión y que, tras llegar de niño desde Buenos Aires, se afincó en Cerro Norte. Aunque inicialmente se dejó entrever un posible vínculo con el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, nada de eso ha sido probado ante la ley. Lo que sí se demostró en el juzgado fue su responsabilidad al "organizar y dirigir" un esquema para traficar dos toneladas de cocaína y lavar cuantiosas sumas de dinero durante años; un engranaje que funcionaba, en gran medida, como un negocio familiar.

El registro de las audiencias judiciales, al que accedió El País, revela que la causa contra Fernández Albín terminó con la condena de otras ocho personas. El grupo principal lo conformaban cinco detenidos, responsables de acondicionar las dos toneladas de cocaína incautadas en Punta Espinillo. Entre ellos, había un grupo familiar: un hombre, su exesposa y el hijo de ambos. En una primera instancia, también fue capturada otra de sus hijas, de 18 años, aunque luego recuperó la libertad. Meses más tarde, el círculo se cerró con la detención de la esposa de Fernández Albín por lavado de activos, junto a una "amiga entrañable" que convivía con ella -presentada en procesos anteriores como la "niñera" de la familia- y el hijo de esta última.

Las audiencias revelaron que los vínculos de la organización tenían que ver también con aspectos familiares. Según la declaración de su propia abogada, uno de los detenidos por acondicionar la cocaína obligó a sus hijos menores de edad a participar en la tarea. La Fiscalía confirmó que los rostros de los niños aparecen en los videos donde se los ve preparando los bolsos con droga. Ante esta evidencia, el juez Fernando Islas ordenó remitir el registro de audio a la Fiscalía General de la Nación para que otro fiscal investigue la posible comisión de nuevos delitos relacionados con la explotación de los menores.

El uso de dinero en efectivo fue otra de las características de la organización. La investigación de la Fiscalía se centró en analizar las propiedades y vehículos de la familia Fernández Albín -muchos a nombre de testaferros-, aunque los investigadores admitieron limitaciones. Según ejemplificó una de las fiscales del caso en la audiencia del 21 de noviembre, existen "ciertas evidencias" inaccesibles por quedar "en la órbita de los imputados", como el flujo de dinero en efectivo.

En términos prácticos, el gasto en billetes físicos resulta incalculable. De hecho, el poderío económico del grupo no decayó tras el encarcelamiento del matrimonio: la Fiscalía citó que, aun con los líderes presos, un pariente directo llegó a saldar un gasto corriente con 40.000 pesos en efectivo.

Allanamientos

El 3 de agosto del año pasado se llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos que permitieron que, meses después, la Justicia pudiera poner tras las rejas a Fernández Albín, a quien la policía sindica como uno de los "peces gordos" del narcotráfico en Uruguay. El principal ocurrió poco antes del mediodía en una chacra en la calle Basilio Muñoz, en la zona de Punta Espinillo. Allí se detuvo a tres hombres y se incautaron dos toneladas de cocaína. Parte de la droga estaba semienterrada. Uno de esos hombres era el exmarido de una de las mujeres detenidas en otro de los allanamientos y padre de uno de sus hijos, también atrapado. Esa captura se dio a las 12:30 en una casa en el barrio Aires Puros, a pocos metros del arroyo Miguelete. De allí se llevaron a la mujer y al joven mencionado, junto a la hermana de él, de 18 años, que luego fue liberada. En el lugar encontraron material de embalaje utilizado para la droga, como bolsos marítimos, paquetes con bolsas e inclusive cuatro kilogramos de cocaína.

También se realizaron otros dos allanamientos que en ese momento fueron infructuosos. Uno, en un establecimiento a dos kilómetros de la chacra, donde estaban Fernández Albín y su familia. Allí se incautaron tres celulares y una camioneta que después terminó siendo de utilidad para inculpar a un testaferro. El último allanamiento fue en la casa de la esposa de Fernández Albín, en Ciudad de la Costa.

Al día siguiente de estos operativos, la Fiscalía consiguió la imputación de las cinco personas vinculadas al acondicionamiento de la cocaína. En ese momento, sostuvieron que eran "parte de una organización" y que su libertad comprometería la causa porque, entre otros motivos, la familia detenida tenía un hijo que vivía en México y los ayudaba económicamente. A su vez, mencionaron la existencia de videos donde se los ve acondicionando la droga que sería exportada al exterior. La evidencia que surgió de los celulares incautados a estos cinco detenidos fue clave para llegar a Fernández Albín, puesto que de ahí surgieron mensajes y audios que lo comprometieron, como dio cuenta El País este martes.

Testaferros

Ni la esposa de Fernández Albín ni su amiga habían tenido trabajos formales por extensos periodos de tiempo ni con grandes sueldos; sin embargo, eran dueñas de diversas propiedades. La primera, incluso, pretendió adquirir los derechos posesorios de un terreno en el que se construyó una casa valuada en más de 300.000 dólares. La Fiscalía documentó gastos en viajes a Madrid, una fastuosa fiesta y la construcción de una piscina, de lo que también informó El País. Su amiga, la "niñera" de la familia, tenía dos propiedades a su nombre en Las Piedras y era dueña de tres vehículos cero kilómetro.

En un momento, detalló la fiscal, esta mujer adquirió una camioneta doble cabina que "actualmente se encuentra empadronada en el departamento de Artigas a nombre de la Iglesia Pentecostal Cristiana", pero lo cierto es que el vehículo era utilizado por la esposa de Fernández Albín. El hijo de esta mujer tiene discapacidades motrices notorias. Sin embargo, figuraba también como titular de un auto. Su abogado, en la audiencia de imputación, lo defendió diciendo que era un vehículo usado y de bajo valor de mercado (5.000 dólares, estimó). Pero la Fiscalía rebatió que era claro que no era para uso propio, ya que el auto era manual y no estaba adaptado para que lo utilizara una persona con discapacidad motriz.

A su vez, a lo largo de las audiencias, la Fiscalía también dio cuenta de que los pagos se hacían en efectivo y otra parte a través de una red de cobranzas en la que la esposa de Fernández Albín había trabajado en algún momento. Por esa vía, por ejemplo, pagó el viaje a Madrid para ella y otras dos personas: sacó los pasajes de un día para el otro y abonó 9.000 dólares por ese concepto.

La defensa de las mujeres aseguró -en la etapa de formalización- que, si bien sus representadas no tenían ingresos de dinero formales, eso no significaba que sus bienes fueran producto del narcotráfico. Afirmó que se dedicaron a vender mercaderías en ferias y que la esposa de Fernández Albín incluso tuvo una mercería.

Además, a mediados de abril se entregó un joven de 23 años que estaba prófugo desde noviembre de 2025 por oficiar también como testaferro. En ese momento, la Fiscalía explicó que en uno de los allanamientos del 3 de agosto (el realizado en el lugar donde estaba Fernández Albín, a dos kilómetros de donde se halló la cocaína) se incautó una camioneta de origen brasileño junto a documentación de otra camioneta de similares características que figuraba formalmente a nombre del joven. Dentro del vehículo, además, había dos chapas matrícula de ese país. La Fiscalía sostuvo que la camioneta brasileña utilizaba matrículas uruguayas correspondientes al otro vehículo en una maniobra que -según la acusación- buscaba ocultar la verdadera titularidad y procedencia del rodado.

El joven denunció esas chapas como robadas, pese a que la Policía ya las había incautado un día antes. Por ese motivo fue condenado por simulación de delito y lavado de activos. Se presentaron diferentes pruebas que indican que la camioneta, en realidad, siempre fue del matrimonio Fernández Albín: el propio Luis Fernando gestionó cartas poder para utilizarla, le pidió a su esposa que pagara el seguro y conversó con un mecánico al que le solicitó que llevara "un destornillador y unos tornillos" para cambiar las matrículas.

Al mencionar este punto, Fernández Albín dijo en la audiencia el 14 de abril que él "solo" le compró la camioneta y, como se iba a ir de viaje y esta "seguía estando a nombre del botija", le pidió el poder. "No es que es mi testaferro; un testaferro maneja mucho dinero", expresó.

La captura

La tesis fiscal apunta a que, a pocos días de los allanamientos de agosto, Fernández Albín se fue a Argentina de manera ilegal para evitar ser atrapado. El 19 de noviembre se emitió la orden de captura internacional y al día siguiente fue detenido en su apartamento en el barrio porteño de Flores, a donde su familia viajaba a visitarlo todos los fines de semana.

En una audiencia judicial que tuvo lugar al día siguiente, cuyo objeto era analizar si la esposa de Fernández Albín debía continuar presa o no, la Fiscalía dijo que, si bien a él se lo investigaba por las dos toneladas de cocaína, no era "solo ese hecho" el que estaba sobre la mesa. "Esta Fiscalía ha incautado más droga en investigaciones anteriores, de 700 kilos, de 500 kilos, que obviamente vienen enrabadas con esta familia", señaló. La condena al acusado, que ocurrió a fines de abril, lo inculpa penalmente por la droga en Punta Espinillo y por lavado de activos.