A contracorriente de Europa: la fórmula de España para impulsar su economía con la regularización de migrantes

Mientras Europa y buena parte del mundo avanzan hacia políticas migratorias cada vez más restrictivas, España toma el camino contrario. El gobierno de Pedro Sánchez inició hace unas semanas un programa extraordinario que apunta a regularizar a medio millón de inmigrantes indocumentados o solicitantes de asilo, la medida más concreta de una estrategia más amplia que apunta a impulsar la economía en un país que -según distintos estudios y proyecciones- necesita trabajadores extranjeros para mantener su ritmo de crecimiento y darle sustentabilidad a su sistema de seguridad social.
Según ha destacado el gobierno, el proceso de regularización de inmigrantes que no tengan antecedentes penales y puedan demostrar que hayan pasado al menos cinco meses en el país antes del 31 de diciembre de 2025 -oficialmente serían 500 mil personas, pero el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras reconoció que podrían ser entre 750.000 y 1,1 millones- apunta a "dar respuesta a la realidad que existe en las calles" de España, donde la demografía ha cambiado drásticamente en los últimos años.
Se estima que desde 2022 la población extranjera en el país ha crecido en promedio en unas 665.000 personas anualmente -casi la población total de Sevilla-, y el año pasado la migración a España representó un tercio del total de toda la UE. La transformación es profunda: si hace poco más de dos décadas solo una de cada 20 personas en España había nacido en otro país, actualmente es una de cada cinco, esto es, más de 10 millones de personas.
Extranjeros y el crecimiento
La ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, Elma Saiz, ha justificado la regularización como un "acto de coherencia ética y de justicia social", pero también ha destacado que los trabajadores extranjeros -que ya representan el 14% de la fuerza laboral formal- han desempeñado "un rol muy importante en el éxito macroeconómico de España".
El país creció 3,5% en 2024 y 2,8% el año pasado, mientras Francia, Italia y Reino Unido rozaron la recesión, y desde 2020 ha sido responsable de la creación de uno de cada cuatro de los nuevos empleos de la Unión Europea. "Desde 2022, la mitad del crecimiento económico de España ha sido impulsado por trabajadores extranjeros", ha remarcado Saiz.
"Los argumentos del gobierno son sobre todo demográficos y económicos. Necesitamos más cotizaciones y regularizar una situación que ya existe, de personas que ya están aquí y que con la regularización pagarán sus impuestos, tributarán con sus nóminas con sus contratos de trabajo, lo que a su vez ayudará a sostener el sistema de pensiones, que está en cuestión debido al envejecimiento de la población española", dice la socióloga Carolina Plaza, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca. "Y luego hay argumentos morales, de que esto es una cuestión de justicia social y una deuda histórica que tenemos por las personas españolas que han emigrado en otros momentos de la historia".
Un informe del Banco Central de España le ha dado sustento a este modelo expansivo. Según un reporte de 2024, considerando que el país tiene una de las tasas de natalidad más bajas de la OCDE, con solo 1,1 hijos por mujer -frente a los 2,1 que se requieren para mantener estable la población-, España necesitaría cerca de 25 millones de migrantes en las próximas tres décadas para mantener a flote su economía y su sistema de seguridad social.
"En general hay comprensión"
"La clave es principalmente económica. Gracias a la inmigración, España tiene un diferencial de crecimiento económico superior al resto de Europa", opina el analista político Jaime Ferri Durá. "Es de lógica económica, pero también humanitaria. Es gente que está trabajando aquí, está aportando, gracias a ellos hay cantidad de trabajos que se pueden cubrir y que sin ellos no se podrían llevar a cabo", señala el investigador de la Universidad Complutense de Madrid, quien remarca que "en general hay comprensión" por parte de la sociedad española, ha habido un proceso de integración de las comunidades y lo cierto es que -más allá de los prejuicios-las estadísticas no respaldan externalidades negativas como un eventual aumento de la criminalidad.
Los expertos atribuyen esta "excepcionalidad española" dentro de Europa a un asunto de afinidad cultural, en un contexto donde el 48% de los extranjeros residentes en España provienen de Latinoamérica.
"Durante muchos años España fue un país donde las actitudes hacia las personas migrantes eran mucho más positivas que en el resto de Europa", sostiene Plaza. "Esto se explicaba por varias cuestiones. La primera es una histórica: España ha sido un país que en varios momentos de su historia ha expulsado población hacia otros países, ya sea para buscarse una vida mejor o huyendo de conflictos políticos. Y la segunda tiene que ver con que la migración que recibe es culturalmente homogénea; llegan ciudadanos de países latinoamericanos con los que compartimos idioma, religión y muchísimos códigos culturales, y eso no es percibido como una amenaza", afirma.
Al centro de la agenda política
Pese a este percepción, el tema migratorio se está convirtiendo en uno central de la agenda política española, especialmente por el énfasis del partido de derecha populista Vox, que ha señalado que el decreto de Sánchez para regularizar migrantes -antes no prosperó una moción legislativa- es una "barbaridad" y un "atentado a la identidad nacional". El líder de la formación, Santiago Abascar, ha acusado al gobierno socialista de promover una "invasión de migrantes" con una política que podría provocar un "efecto llamada", y ha señalado su voluntad de expulsar a todos los extranjeros que hayan venido "a delinquir" o "vivir del esfuerzo de los demás" y pretendan imponer una "religión extraña" en el país.
Si bien menos crítico sobre la medida, el centroderechista Partido Popular (PP) también ha expresado su preocupación por el impacto que pueda tener una migración masiva en servicios públicos como la sanidad o la educación, y especialmente en el acceso a la vivienda, uno de los grandes problemas que hoy vive España.
"Desde Vox lo que se pide es prioridad nacional y se oponen tajantemente a la regulación de migrantes. Pero en la derecha del PP se oponen con la boca más pequeña, simplemente porque es una medida que impulsa el Partido Socialista y el gobierno de Sánchez. Ellos saben que esto está bien, y que económicamente nos interesa", afirma Ferri Durá.
Se trata, por otro lado, de un enfoque que va a contramano del resto de Europa. En el continente, Alemania aprobó recientemente reformas para facilitar deportaciones y detenciones; Francia ha restringido las prestaciones sociales y ha acelerado expulsiones; Italia aplica leyes disuasorias y el procesamiento de solicitantes fuera de su territorio; y Reino Unido limitó drásticamente el acceso al asilo. Magnus Brunner, comisario de Migración de la UE, advirtió durante un debate en el Parlamento Europeo que "obtener un permiso de residencia en la Unión Europea no es un cheque en blanco", y pidió a los países que eviten "decisiones que afecten negativamente a otros miembros".
"Esto sí tiene efectos para el resto de los países de la UE, porque una vez que tú tienes permiso de residencia en España, tienes derecho de residencia y de trabajo en cualquier país de la UE", destacaPlaza. "Lo de España es contradictorio con las medidas de otros países miembro. Y las instituciones europeas están reaccionando, pero todavía las políticas migratorias no son una competencia de la UE, sino que permanecen en los estados nacionales. Por lo tanto, tampoco pueden hacer mucho".
AntecedentesAunque esta es la primera regularización de inmigrantes impulsada en España bajo los gobiernos de Pedro Sánchez, en el poder desde 2018, este tipo de procesos no son inéditos en el país.
Las primeras medidas de este tipo se remontan a los gobiernos socialistas de Felipe González, entre 1982 y 1996. Bajo el mandato de José María Aznar (PP), se realizaron tres regularizaciones -en 1996, 2000 y 2001- que favorecieron en conjunto a más de 520.000 inmigrantes. Y la más masiva hasta ahora ocurrió en 2005, durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y benefició a más de 570.000 personas.