Gobierno y empresas pactan inversión en red eléctrica brasileña

Catorce concesionarias de distribución de energía en Brasil se comprometieron el viernes a realizar inversiones por 26.458 millones de dólares tras un acuerdo con el Gobierno para renovar anticipadamente sus contratos por 30 años. Entre las empresas interesadas con nuevas inversiones para modernizar y ampliar sus redes, así como a cumplir metas más rigurosas de calidad en la prestación de sus servicios, figuran Neoenergia, filial de la española Iberdrola; la portuguesa EDP; y CPFL Energia, que es controlada por la china State Grid Corporation desde 2017. Igualmente renovaron sus concesiones por otros 30 años los grupos brasileños Light, Equatorial, Energisa y RGE. Estas catorce concesionarias atienden 42 millones de familias en 13 de los 27 estados de Brasil, incluyendo Río de Janeiro y parte de São Paulo, el estado más poblado e industrializado del país. Las empresas más beneficiadas fueron Neoenergia, que renovó sus concesiones en los estados de Bahía y Río Grande do Norte, así como en parte del estado de São Paulo -y ya había alcanzado un acuerdo similar en Pernambuco-, y Energisa, que tendrá licencia para seguir operando por otros 30 años en Paraiba, Sergipe, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Tan solo Neonergia se comprometió a invertir 10.180 millones de dólares en los próximos cuatro años en sus concesiones de distribución, mientras que EDP invertirá 2.035 millones de dólares en sus distribuidoras en los estados de Espíritu Santo y parte de São Paulo. La única excepción fue la filial de la italiana Enel en Brasil, que tiene tres concesiones en territorio brasileño y cuyos contratos no fueron renovados debido a que enfrenta un proceso administrativo por la mala prestación del servicio. Los nuevos contratos, firmados en Brasilia en una ceremonia encabezada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, endurecen las exigencias para las distribuidoras, con nuevas metas de calidad, mayor fiscalización y mecanismos más ágiles para eventuales sanciones o incluso la pérdida de concesiones. Según el Ministerio de Minas y Energía, el nuevo modelo contractual sustituye acuerdos firmados a finales de la década de 1990, considerados insuficientes frente a las actuales exigencias del sistema eléctrico. Entre los cambios destaca la incorporación de la satisfacción del consumidor como indicador de desempeño, la obligación de planes de mejora continua, metas específicas para restablecer el servicio tras fenómenos climáticos extremos y controles anuales sobre la capacidad financiera y operativa de las empresas. Silveira afirmó que se trata de "la mayor ronda de inversiones en modernización de redes de distribución eléctrica de la historia de Brasil" y aseguró que el plan permitirá generar cerca de 100.000 empleos directos e indirectos.