El que delinque prospera

A menos de un mes de la primera vuelta presidencial, Colombia tiene un problema de información que no es fortuito: es fabricado. Las encuestas que deberían orientar al ciudadano se publican con cuentagotas, se contradicen entre sí, y las firmas más serias han optado por retirarse antes que someterse a un régimen que las asfixia. No es un fallo del mercado. Es el resultado predecible de una ley con buenas intenciones y pésima en arquitectura. La Ley 2494 de 2025 impuso una veda de meses, exigió márgenes de error del 3% que elevan exponencialmente los costos de cada medición, y solo reconoce como válidas las encuestas con ciertas características sin tener en cuenta la innovación y los avances tecnológicos. Esto convierte en técnicamente ilegales las metodologías de algunas firmas con experiencia probada internacionalmente. Fue esa "exigencia metodológica inviable" la que llevó a GAD3 a abandonar el mercado electoral colombiano. Guarumo evalúa no continuar para las regionales de 2027. El resultado son las incongruencias que desconciertan a cualquier ciudadano. No son diferencias estadísticas menores: son abismos que reflejan universos distintos y muestras que ya no son comparables entre sí. El espacio que dejan las firmas serias lo llenan los sondeos de dudosa metodología. Nadie defiende que el fraude deliberado quede impune. Pero hay una distancia enorme entre sancionar el engaño y criminalizar el oficio. Fukuyama lo advirtió en Trust: en sociedades donde las instituciones no generan confianza, los actores honestos terminan en desventaja frente a quienes no juegan con las mismas reglas. La sobrerregulación pensada para frenar al pícaro termina siendo su mejor aliado: los buenos se van porque tienen reputación que perder y costos transaccionales muy altos al intentar cumplir. Los bandidos se quedan, porque para ellos las reglas nunca existieron. Eso pasa en las encuestas. Y pasa en el campo, donde el productor legal opera bajo cargas ambientales, impositivas y sociales que cumple a rajatabla, mientras el otro invade baldíos, desplaza comunidades con violencia y siembra coca con rentas del narcotráfico. También sucede en la minería, donde Cerro Matoso lleva décadas en diálogo con comunidades, pagando regalías, demostrando con datos que las poblaciones aledañas han superado la pobreza más rápido que sus pares regionales. Hoy su exploración en el sur de Córdoba está suspendida porque grupos armados ilegales expulsaron al personal técnico. Sin reservas que explorar, la mina entra en cuenta regresiva. En ese espacio que deja quien cumplió todas las reglas, llegarán las retroexcavadoras sin licencias, las mismas de los ríos Orinoco y Cauca que vierten mercurio. Una norma que solo obedecen los honestos no mejora nada: solo penaliza la honestidad. Una ley que expulsa o limita la labor de GAD3, Atlas Intel, Guarumo, o similares y, por ende, indirectamente auspicia encuestas falsas en redes, no protege la democracia. Un régimen que paraliza a Cerro Matoso pero no saca la minería criminal del Bajo Cauca no protege el medio ambiente. El costo, como siempre, lo pagan los que cumplen.