Avance de una reforma clave

La aprobación en la comisión de Hacienda de la Cámara de uno de los pilares estructurales del programa de la administración Kast representa un hito importante. Políticamente, si bien la composición de la instancia anticipaba un resultado positivo, el oficialismo logró neutralizar la estrategia dilatoria de la oposición. Lo más relevante, sin embargo, es el hecho de avanzar en una reforma que, si bien aún perfectible, incorpora elementos clave para el reimpulso que Chile necesita.
Entre esos elementos, la reducción gradual de la tasa de impuesto corporativo, desde el 27% actual hasta un 23%, recoge una demanda que ha ganado transversalidad: volver a hacer a las empresas locales competitivas a nivel internacional. No cabe desconocer que, según el informe financiero del proyecto, la medida presionará los equilibrios fiscales -el déficit promedio anual asociado durante la próxima década superaría los US$ 1.000 millones-, lo que demuestra la importancia de avanzar en la agenda de control del gasto más allá de la actual administración.
Un segundo punto de alta relevancia aprobado es la invariabilidad tributaria. En este caso, se realizaron ajustes necesarios al texto original. Específicamente, se modificó la fórmula de una tasa máxima de 35%, reemplazándola por aquella que esté vigente al momento de suscribirse el contrato de inversión, y se eliminó la invariabilidad en impuestos indirectos, salvo excepciones específicas. Asimismo, se eliminaron beneficios automáticos derivados de cambios normativos favorables y se equipararon los derechos y obligaciones de inversionistas extranjeros y locales. Por su impacto en el crecimiento, la medida podría significar ingresos fiscales cercanos a los US$ 300 millones hacia 2030, elevándose por sobre US$ 2.700 millones a partir de 2040.
En su conjunto, sumadas a la idea de reintegrar el sistema tributario (también aprobada), estas medidas retrotraerían una buena parte de los equivocados cambios impositivos que golpearon la inversión y el crecimiento en la última década. Sin embargo, frente al daño que desde la política se le ha propinado a nuestro ordenamiento económico, pueden no ser suficientes. Por ello, los cambios aprobados para desmontar las trabas en materia de permisología son también fundamentales.
Las propuestas rechazadasNo todos los artículos fueron aprobados en la comisión.
Como se anticipaba, se rechazó la eliminación del beneficio conocido como franquicia tributaria (FT) que opera a través del Sence. Este es un incentivo que permite a las empresas descontar del impuesto a la renta anual los gastos de capacitación hasta por un 1% de las remuneraciones de todos sus trabajadores. Hay evidencia acumulada sobre los problemas e ineficacias en su funcionamiento (y la resistencia de los grupos de presión a cualquier reforma), pero su eliminación sin presentar fórmulas de reemplazo es discutible. En este sentido, la información de que el Gobierno estaría considerando el rediseño del sistema de capacitación, con un foco en pequeñas y medianas empresas, apunta en la dirección correcta. Ahora bien, para Hacienda este rechazo es problemático, pues la medida implicaba recursos por cerca de US$ 350 millones anuales. La opción de compensar con un proyecto que legalice las casas de apuestas en línea a cambio de un impuesto debe ser analizada con sumo cuidado por sus delicadas implicancias sociales.
Otro artículo rechazado fue el que permitía la utilización de obras protegidas por la propiedad intelectual para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de autorización ni retribución a sus autores. La contradicción de que la idea fuese impulsada por una coalición que sostiene fuertes convicciones en materia de derechos de propiedad anticipaba una difícil tramitación, incluido el voto en contra de parlamentarios oficialistas.
Promoción del empleo debe rediseñarseLamentablemente, la discusión en la comisión de Hacienda no se hizo cargo de varias de las justificadas críticas que ha recibido el diseño del crédito tributario al empleo. De hecho, la indicación del Gobierno en esta materia hace aún más delicada su estructura: no solo se subsidiaría a la empresa por los trabajadores ya contratados, sino que ahora el Estado modificaría los montos de subsidio en función del género y la edad de esas personas. Esto representa una intervención adicional del Estado sobre el mercado laboral (se modifican los salarios relativos), lo que ya era cuestionable en el modelo original y sugiere un diagnóstico equivocado. El problema en Chile es que el Estado ha interferido demasiado en dicho mercado. La receta para crear empleo no puede ser continuar con esa tendencia.
Otro aspecto particularmente preocupante de esta idea es su costo fiscal: $668.573 millones el 2026, $1.541.502 millones el 2027, $1.466.825 millones el 2028 y $1.385.820 millones el 2029. Las millonarias cifras se extenderían más allá de la próxima década, lo que explica una parte significativa del descalce fiscal total neto que genera el proyecto. De eliminarse esta medida de bajo impacto, el déficit generado por la reforma durante la administración Kast se reduciría un 94% en 2026, 79% el 2028 y 84% el 2029, con el 2027 reportando un superávit.
Cabe esperar que en sus próximos pasos legislativos, en particular al pasar al Senado, se realice un escrutinio profundo a una fórmula que debe ser rediseñada.