¿Cuánto pesa nuestro sector público?

Es común medir la incidencia del sector público en la economía a través de la razón impuestos a PIB. En otras ocasiones, se utiliza el cociente gasto público a PIB, lo cual es bastante más acertado desde la perspectiva del peso de este sector, aunque ciertamente, ninguno de los dos ratios es, ni cercanamente, una medida que pueda resultar en una comparación adecuada entre dos economías, son apenas proxys a la real incidencia de aquel. La ciencia económica enseña que el sector público con leyes, decretos y regulaciones tiene un peso muy superior a su guarismo cuantitativo, cualquiera sea el que queramos utilizar. Así, fijación de precios, aranceles, regulaciones en la construcción, intervención rígida en la determinación de salarios y otros contratos, y toda otra infinidad de aspectos, suelen dominar en relevancia. Del mismo modo, los impuestos y tasas que se eligen para recaudar influyen de manera sustancial en la asignación de recursos, fomentando o destruyendo la eficiencia del aparato productivo. Un ejemplo claro son los aranceles y las medidas paraarancelarias cuando tienen importancia en el total recaudado. Entonces, para que las medidas cuantitativas tengan algún asidero al compararlas, se debería al menos tener la misma estructura de ingresos y que todo el resto de la intervención estatal fuese exactamente la misma (idénticas regulaciones); bajo esa hipótesis el gasto público sería un indicador razonable para comparar la incidencia cuantitativa del Estado, aunque no de su eficiencia.

Muchos asocian el bienestar a estados grandes, donde la recaudación de impuestos representa un alto porcentaje del PIB, obviando todos los demás aspectos y la estructura económica en sí misma. A modo de ejemplo, los países escandinavos no tienen fijación legal de salario mínimo, sus aranceles son bajos y sectores como la energía y comunicaciones están en libre competencia. A su vez, como su sector informal es muy reducido, las mismas tasas impositivas recaudan más en relación al PIB. No es el tamaño del Estado lo que explica su eficacia, sino la calidad de su diseño institucional.

Días atrás El País publicó una nota donde se daba cuenta de una comparación de lo que llamó "presión fiscal" entre algunos países. En realidad, lo que medía el estudio era la presión tributaria (recaudación a PIB), no la fiscal (gasto a PIB). La noticia decía que Uruguay tuvo en 2024 una ratio de 27,4% del producto, cifra que incluía los aportes de seguridad social y la recaudación de los gobiernos subnacionales nuestras Intendencias. Al menos para Uruguay, por alguna razón que ignoro, el estudio subestima notoriamente la presión tributaria real. En efecto, basta sumar la DGI (neto de certificados, en su mayoría créditos de IVA), la recaudación de las Intendencias[1], los aportes a la seguridad social (jubilaciones y pensiones más Fonasa), también netos de certificados, más las tasas que por doquier se cobran en toda dependencia estatal para alcanzar un 29,4%, a los que hay que adicionar los impuestos que no pasan por el presupuesto nacional y van directamente a personas públicas de derecho privado, entre los más relevantes los que cobran las cajas paraestatales de Profesionales Universitarios y Bancaria, para llegar al entorno del 30,2% del PIB, en total unos US$ 2.600 millones adicionales respecto a lo estimado a valores de 2025, y 10% superior al guarismo publicado. Sin perjuicio de lo anterior. de alguna manera habría que sumarle, aunque aquí no lo hago, el sobreprecio derivado de la ineficiencia en la provisión de los servicios públicos de agua y energía.

Cabe precisar que en los ingresos no se computan los aportes que los trabajadores realizan para sus cuentas de ahorro individual, así como tampoco los de profesionales universitarios, escribanos ni de quienes lo hacen a la Caja Bancaria. Naturalmente, la contrapartida del gasto tampoco se incluye. En estas cajas, únicamente se consideran los impuestos que recaudan para sí.

Por fuera de lo anterior, el sector público tiene otros ingresos: los principales son la transferencia de utilidades de las EE.PP. (1,1% del PBI) y otras rentas de la propiedad, concesiones, multas, sanciones y ventas de bienes y servicios de parte del Gobierno Central y los Organismos del 220 de la Constitución (0.6%)[2]. Con ello llegamos a un total de ingresos del Sector Público no financiero y no Comercial e Industrial, que podemos llamar "la administración", que absorbe 31.9% del PIB. Ahora bien, este sector más el BCU, según el último informe publicado por el MEF, tiene un déficit de 5% del PIB, por lo que podemos inferir que el gasto público en Uruguay es del orden de 37% del PIB[3]. Este nivel de gasto nos sitúa en un rango similar a Estados Unidos, apenas por debajo de Japón, Australia o Nueva Zelanda, por encima de Chile y notoriamente superior a Corea del Sur o Costa Rica, países cuyo nivel de desarrollo es superior o no muy diferente al nuestro. Hasta dos años el gasto público de Argentina y aún hoy el de Brasil, era muy superior al nuestro y sus niveles de desarrollo relativo, son largamente inferior.

Lo anterior ilustra con datos, que mayor gasto no garantiza mayor desarrollo ni bienestar. Además de leer cocientes de ingresos y gastos a PIB hay que estudiar bastantes cosas más. Sin duda la eficiencia del gasto, donde con certeza salimos perdiendo frente a quienes nos queremos comparar, pero también las regulaciones que nos encarecen e impiden que los recursos fiscales financien mejores servicios que deriven en mayor producción. El debate sobre las necesidades de gasto público no puede hacerse de manera honesta sin conocer su costo real ni evaluar los resultados de los programas.

[1] Recaudación propia, excluyendo las transferencias del Gobierno Central.
[2] En total suman 1.7% del PBI, pero se excluyen los intereses ganados sobre activos financieros que se netean con los perdidos, concesiones, alquileres cobrados y toda venta de bienes y servicios.
[3] Debería también sumarse las inversiones de la Corporación Vial del Uruguay por la parte que se financia con recursos por fuera de las transferencias del Gobierno Central (promedio 0,4% del PBI en los últimos años).