¿Una IA en la junta directiva?

María Isabel Romero
En agosto de 2025, una empresa hizo lo impensable: sentó a la ‘IA’ en su junta directiva. No fue ciencia ficción. Fue Aliando, que integró un sistema de IA capaz de procesar datos financieros, riesgos y tendencias en tiempo real para recomendar decisiones estratégicas. No vota, no firma, pero participa. Y eso incomoda al derecho societario tradicional. Ya en 2014, Deep Knowledge Ventures presentó a VITAL, el ‘primer robo-director del mundo’. Aunque se dijo que votaba, jurídicamente fue un mero observador. La razón es simple: un algoritmo no puede ser responsable. Y en gobierno corporativo, sin responsabilidad no hay asiento en la mesa. Hoy, el fenómeno dejó de ser anecdótico. Empresas como Tietoevry o Salesforce utilizan IA para apoyar decisiones de junta, y en Europa cerca del 13% de compañías han incorporado estas herramientas, con proyecciones de crecimiento acelerado. La promesa es potente: menos sesgos, más datos, mejores decisiones. En Colombia, la respuesta es conservadora. La IA no puede ser administradora. El régimen exige sujetos con voluntad y capacidad de responder jurídicamente. Un algoritmo, por sofisticado que sea, no cumple esos requisitos. Sin embargo, si la puerta está cerrada, se busca entrar por la ventana. Una persona puede ser miembro de junta y operar apoyada en IA. En ese esquema, la IA no ocupa la silla, pero influye directamente en quien la ocupa. Y ese ‘alguien’ sigue cargando todo el peso fiduciario. Los deberes de los administradores se redefinen: ya no basta con decidir bien, ni con decidir informado, hay que entender cómo opera la IA. Ignorarla puede ser negligente; seguirla ciegamente, también. La diligencia exige criterio. La buena fe deja de ser intuitiva. La IA no actúa con dolo, pero tampoco es neutral: responde a datos, sesgos y objetivos definidos por terceros. Pero hay una línea que no puede cruzarse: apoyarse en IA no es delegar en IA. El administrador no puede refrendar ciegamente lo que dice el algoritmo. Si lo hace, abdica su rol y asume el riesgo. Porque cuando algo falle, la IA no irá a juicio. La responsabilidad seguirá recayendo en los administradores humanos o, en ciertos casos, en desarrolladores. Aquí entra la Business Judgment Rule: protege decisiones informadas y de buena fe, incluso si resultan equivocadas. Pero no ampara la delegación del juicio. La IA informa; no decide. El derecho comparado es consistente. Ni EE. UU., ni Reino Unido, ni la UE reconocen a la IA como directora. Incluso Europa descartó otorgarle "personalidad electrónica". La conclusión es clara: la tecnología avanza más rápido que la ley, pero la responsabilidad sigue en los humanos. En síntesis, la IA ya está en la junta, pero sin voto y sin culpa. Mejora decisiones, pero también eleva el estándar de lo que significa ser un buen administrador. En gobierno corporativo hay una regla que sigue intacta: los algoritmos podrán sugerir el camino, pero alguien tendrá que responder por haberlo seguido.
Socia de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón.