Sólo la verdad los hará libres

El gobierno arrastra el problema con la camioneta de Orsi y no ha encontrado la manera de resolverlo. Cuatro veces ha intentado cerrar el capítulo y cuatro veces ha fracasado con todo éxito. No porque sus adversarios sean particularmente hábiles, ni porque la prensa sea especialmente encarnizada, sino porque la única salida verdadera a este tipo de enredos es la que hasta ahora el oficialismo se ha negado a tomar: contar todo y publicar todos los documentos. Cada día que pasa sin que eso ocurra es un día en que el costo político crece, complicando más las cosas sin mayor sentido.

El asunto, en apariencia menor, se ha convertido en una herida que no cicatriza precisamente por la forma en que se ha intentado curarla. Cada explicación sin respaldo documental, cada declaración que pretende dar por zanjado lo que no está zanjado, no hace más que alimentar las dudas y multiplicar las preguntas. El silencio y la opacidad resultan hoy un remedio peor que la enfermedad.

¿Qué se necesita? En realidad nada demasiado complejo. Primero, los documentos de la compra original de la camioneta: quién la compró, cuándo, con qué fondos, bajo qué mecanismo. Segundo, los documentos de la transacción entre el Frente Amplio y quien fuera el adquirente del vehículo: si hubo compra, si hubo venta, si hubo donación, si hubo alguna otra figura jurídica, que conste en papel y que ese papel sea público. Tercero, el comprobante de la transferencia bancaria correspondiente a esa operación, que es el instrumento más elemental para acreditar que una transacción económica ocurrió en los términos en que se dice que ocurrió.

Y hay más. Existe una capa adicional del asunto que por sí sola bastaría para mantener viva la controversia: los documentos vinculados a la elección del automóvil que se utilizó para la asunción presidencial del primero de marzo. Se trata de una decisión tomada en el marco de un acto institucional de primer orden, financiado con recursos del Estado, sometida por eso mismo al más elemental escrutinio público. Sin embargo, el gobierno ha considerado declarar reservada esa información. La sola idea de que algo relacionado con la ceremonia de asunción de un presidente democrático deba permanecer en las sombras no resiste el menor análisis y, lejos de proteger al gobierno, lo expone a sospechas que de otro modo no existirían. Quien no tiene nada que ocultar no oculta nada.

La estrategia de explicar sin documentar está agotada. Se agotó, en realidad, desde la primera vez que se intentó. La ciudadanía uruguaya no pide que el gobierno sea perfecto, de hecho no podría y sabemos a lo que nos atenemos, pero al menos pide que sea transparente, más aún a un presidente y un partido que hizo campaña con el insulso eslogan "Que gobierne la honestidad". La diferencia entre un error y un escándalo no siempre está en la gravedad del hecho sino en la disposición a dar la cara, a exhibir las pruebas y a asumir las consecuencias. Un gobierno que muestra los documentos y admite que algo no se hizo bien puede recuperarse, pero uno que los esconde y promete que todo estuvo bien pierde credibilidad sin remedio.

Tampoco sirve refugiarse en el fallo que eventualmente emita la Junta de Transparencia y Ética Pública. La credibilidad de la Jutep está seriamente comprometida por la percepción, fundada en episodios concretos y de público conocimiento, de que sus decisiones responden más a la lógica del alineamiento político de sus integrantes que a la de los informes técnicos que sus propios funcionarios elaboran. Una institución que prescinde de sus propios informes para defender a quienes comparten su color partidario no puede ser el árbitro en quien confíe la opinión pública. La Jutep sencillamente no es confiable y su opinión es absolutamente irrelevante.

El gobierno del Frente Amplio llegó al poder con un capital de confianza que le fue otorgado por una mayoría de uruguayos, pero ese capital se administra con cuidado y se dilapida con opacidad. No hay relato político que resista la ausencia de pruebas cuando las preguntas son legítimas y no han encontrado respuesta. La única forma de salir airosos de este episodio es la más antigua y la más simple: decir la verdad entera, mostrar todos los papeles, responder todas las preguntas sin excepción ni reserva. Que los documentos hablen. Sólo la verdad los hará libres.