Ceguera energética
En un país donde la soberanía energética se ha convertido en consigna y eje económico recurrente, resulta paradójico que la información más crítica para garantizarla permanezca bajo reserva o sujeta a los tiempos políticos
En un país donde la soberanía energética se ha convertido en consigna y eje económico recurrente, resulta paradójico que la información más crítica para garantizarla permanezca bajo reserva o sujeta a los tiempos políticos. La gestión de las reservas de petróleo y gas no es un asunto técnico más: es el insumo esencial para anticipar riesgos, orientar inversiones y evitar decisiones improvisadas que terminan encareciendo la energía y comprometiendo la competitividad. Colombia ha venido dando señales de alerta, especialmente en gas natural. La reducción sostenida en sus niveles de reservas, sumada a una demanda creciente, dibuja un escenario de estrechez que obliga a tomar decisiones con anticipación. Sin embargo, cuando la información sobre estos recursos este año se está postergando o se le ha dado un manejo sin transparencia, y con ello el país pierde la capacidad de reaccionar a tiempo. No se trata solo de saber cuánto hay, sino de cuándo se sabe. La incertidumbre que genera la falta de datos oportunos impacta directamente a las empresas del sector, que necesitan horizontes claros para definir inversiones en exploración, producción e infraestructura. También afecta al sistema energético en su conjunto, que depende de una planeación rigurosa para evitar déficits de abastecimiento, especialmente en momentos de alta exigencia como los asociados a fenómenos climáticos extremos como el que se avecina. Cuando el gas escasea, el país no solo paga más, sino que se expone a riesgos operativos y a una mayor dependencia externa. A esto se suma un hecho estructural: el tiempo que toma convertir un hallazgo en reservas probadas es largo. Entre el descubrimiento, las pruebas y la obtención de licencias pueden pasar al menos tres años. En ese contexto, cada demora en la toma de decisiones amplía la brecha entre la oferta disponible y la demanda esperada. Postergar definiciones sobre nuevas fuentes de producción, o cerrar la puerta a ciertas tecnologías sin un diagnóstico completo, es una apuesta costosa en términos de seguridad energética. La discusión sobre el uso de mecanismos como la exploración no convencional no puede seguir atrapada en extremos ideológicos. Otros países han demostrado que, con regulación estricta y monitoreo adecuado, es posible incorporar estas alternativas dentro de una estrategia de transición que garantice abastecimiento. Ignorar esta evidencia, o simplemente aplazar el debate, es renunciar a herramientas que podrían aliviar la presión sobre las reservas. Pero todo parte de un principio básico: la información. Sin datos claros, verificables y a tiempo, cualquier política energética se construye sobre supuestos frágiles. La soberanía energética no se logra ocultando cifras ni modulando su divulgación; se fortalece enfrentando la realidad con transparencia, así sea incómoda. Solo así es posible generar confianza, atraer inversión y tomar decisiones que trasciendan el corto plazo. El país necesita entender que la seguridad energética no se improvisa. Es el resultado de anticiparse, de leer correctamente las señales y de actuar con base en evidencia. Cuando los datos se retrasan, lo que realmente se posterga es la capacidad de responder. Y en materia energética, cada dilación se paga con menores márgenes de maniobra y mayores costos para todos.